Jesuitas, crimen sin castigo
Inocente Montano, excoronel salvadore?o extraditado a Espa?a, es el primer alto mando que ha declarado por la muerte de Ignacio Ellacur¨ªa y otros cinco sacerdotes espa?oles
Postrado en una silla de ruedas ya antes de su extradici¨®n desde EE UU, algo aturdido a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid el pasado mes de noviembre, el septuagenario coronel salvadore?o Inocente Montano no parec¨ªa ese oficial en ropa de combate que, junto a otros 19, decidi¨®, presuntamente, el asesinato del sacerdote Ignacio Ellacur¨ªa y otros cinco jesuitas en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en una capital salvadore?a sumida en la mayor espiral violenta de la guerra. Junto a ellos cayeron la cocinera de la residencia y su hija adolescente, involuntarias testigos del crimen.
La Audiencia Nacional ya hab¨ªa conseguido la extradici¨®n de otros militares acusados de violaciones de derechos humanos en Latinoam¨¦rica, en tanto la justicia de sus pa¨ªses iniciaba sus propios procesos, como evidenci¨® hace poco el caso de los Vuelos de la muerte en Argentina; Chile, tras la emblem¨¢tica detenci¨®n del dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998; o el procesamiento de los responsables del asalto a la Embajada espa?ola en Guatemala en 1980. La reciente reforma del C¨®digo Penal espa?ol restringi¨® el alcance de esa justicia universal para cr¨ªmenes de lesa humanidad en los que hubiera v¨ªctimas espa?olas, como ocurre en el llamado caso jesuitas.
El fil¨®sofo vasco Ignacio Ellacur¨ªa dirig¨ªa la Universidad Centroamericana (UCA) y era el mejor informado en un pa¨ªs en plena guerra, al que consultaban todo tipo de sectores y embajadas. Su figura trascend¨ªa a la realidad salvadore?a. Meses antes de su muerte hab¨ªa sido invitado a un congreso cient¨ªfico en Berl¨ªn, hab¨ªa disertado sobre las religiones abrah¨¢micas en C¨®rdoba, y hab¨ªa recibido un doctorado honoris causa en California.
A diferencia de lo ocurrido con Argentina, Chile o Guatemala, la justicia salvadore?a no termina de decidirse a esclarecer este caso: adem¨¢s de frustrar un primer intento de la UCA en el a?o 2000, esgrimiendo la ley de amnist¨ªa, tampoco aplic¨® una d¨¦cada despu¨¦s la orden internacional de detenci¨®n emitida por el juez espa?ol Eloy Velasco contra Montano y otros 19 altos oficiales que ordenaron el crimen.
En Madrid, el septuagenario ya no parec¨ªa aquel oficial que en ropa de combate presuntamente decidi¨® el asesinato de Ellacur¨ªa
Montano viv¨ªa en EE UU y los dem¨¢s se refugiaron en instalaciones militares salvadore?as, a pesar de que el pa¨ªs est¨¢ gobernado por el partido de la antigua guerrilla, el Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN). La Corte Suprema acab¨® rechazando la orden internacional de detenci¨®n y los oficiales volvieron a sus casas. Al final solo fueron apresados tres militares de menor rango.
Montano estaba en Boston desde 2001, tras ocultar su historial militar y gracias a un visado especial concedido a los salvadore?os afectados por desastres naturales ¡ªel que Trump acaba de anunciar que va a ser anulado¡ª. Al airearse en la Corte de Massachusetts su fraudulenta documentaci¨®n, tambi¨¦n salieron a relucir las 65 ejecuciones y 51 desapariciones ¡ªcon nombres y apellidos, fechas y lugares¡ª, adem¨¢s de centenares de detenciones arbitrarias y torturas que le atribuye un informe de la investigadora Terry Lynn Karl, de la Universidad de Stanford.
Montano no era solo el segundo del Ministerio de Seguridad (Interior) cuando fueron asesinados los jesuitas. Era de la generaci¨®n graduada en 1966, apodada La Tandona, una promoci¨®n que tapon¨® el escalaf¨®n durante a?os y que estaba al mando de las unidades estrat¨¦gicas, herm¨¦tica en sus entremezclados lazos de parentesco y padrinazgo, cual mafia. La noche anterior al crimen, cuando la veintena de oficiales del Alto Mando aprueba la operaci¨®n ¡ªen una ?reuni¨®n que termin¨® con una oraci¨®n de un militar evang¨¦lico citando salmos¡ª, Montano habl¨® expresamente de Ellacur¨ªa con el coronel al que encargaron la ejecuci¨®n m¨²ltiple y el registro, dos d¨ªas antes, de la residencia y universidad jesuita.
A pesar de la imagen entre aturdida e indefensa, el excoronel Montano no defraud¨® en su comparecencia en la Audiencia Nacional, hoy ya con el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, sucesor de Velasco. Si en EE UU ocult¨® su pasado militar, aqu¨ª remiti¨® toda responsabilidad al entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, el ¨²nico civil presente en las conversaciones la noche previa al crimen.
La extradici¨®n a Espa?a ha reactivado la causa en El Salvador, donde los jesuitas han pedido su reapertura en el juzgado que la cerr¨®
Es la primera vez que un alto oficial declara como imputado, y se confirm¨® la amenaza filtrada durante a?os: si alguno era llevado ante la justicia, arrastrar¨ªan al presidente y alegar¨ªan que cumpl¨ªan ¨®rdenes y que hubo una trama civil que periodistas e investigadores minimizamos.
Ya poco despu¨¦s del asesinato, tras saltar por los aires la versi¨®n oficial inicial que culpaba a la guerrilla, los cerebros del crimen aplicaron la misma estrategia de cara a EE UU para hacer creer que los asesores militares norteamericanos hab¨ªan aprobado o alentado los asesinatos. El objetivo era diluir la responsabilidad del Alto Mando y frenar la presi¨®n internacional y, en particular, de la Administraci¨®n estadounidense.
En el peor de los casos, los ¡°cabezas de turco¡± ser¨ªan los autores materiales. Y as¨ª ocurri¨®. A¨²n en guerra, en un juicio in¨¦dito, fueron procesados cinco soldados, un subteniente, dos tenientes y el coronel que les transmiti¨® la orden de perpetrar el crimen. A la vista asisti¨® la primera comisi¨®n pluripartidista del Congreso espa?ol.
Con todo, esa estrategia de chantaje a la Administraci¨®n norteamericana termin¨® en bumer¨¢n: el Congreso de EE UU y el Consejo Nacional de Seguridad emprendieron sus propias investigaciones, as¨ª que hubo una versi¨®n bastante precisa en 1993, gracias a la Comisi¨®n Internacional de la Verdad, encargada de esclarecer los principales cr¨ªmenes del conflicto salvadore?o, tras los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 a?os de guerra civil.
El Alto Mando salvadore?o en pleno rechaz¨® el informe presentado en Naciones Unidas, y el presidente Cristiani decret¨® una amnist¨ªa inmediata. Pero la desclasificaci¨®n de los archivos secretos de EE UU sobre El Salvador, decidida por el presidente Bill Clinton unos a?os despu¨¦s, complet¨® el rompecabezas de las circunstancias, responsabilidades y ¨®rdenes que hicieron posible la operaci¨®n, simult¨¢nea a una contraofensiva militar que se pretend¨ªa definitiva.
Como ocurriera antes en Chile o Argentina, la extradici¨®n a Espa?a del coronel Montano reactiv¨® la causa en El Salvador, donde estos d¨ªas los jesuitas han pedido su reapertura al mismo juzgado que la cerr¨®, acogi¨¦ndose a que el Tribunal Supremo de El Salvador derog¨® en marzo de 2017 la ley de amnist¨ªa.
Algunos han querido ver en esta anulaci¨®n una v¨ªa para eludir la orden internacional de detenci¨®n contra los oficiales implicados en el crimen, m¨¢s que la voluntad de esclarecer sonados casos de ese conflicto, como los asesinatos del arzobispo de San Salvador, ?scar Arnulfo Romero, y de cuatro religiosas norteamericanas; varias matanzas de civiles o el crimen del poeta Roque Dalton, muerto por sus compa?eros de la guerrilla.
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