El Gobierno de Estados Unidos demanda a California por proteger a los inmigrantes

El fiscal general, Jeff Sessions, tiene previsto anunciar la denuncia el mi¨¦rcoles por la ma?ana en Sacramento, la capital de California, frente a un grupo de representantes de las fuerzas de seguridad. La demanda fue presentada en los juzgados federales de la ciudad el martes. Seg¨²n el discurso que est¨¢ preparado, Sessions tiene previsto decir: ¡°El Departamento de Justicia y la Administraci¨®n Trump van a luchar contra estas pol¨ªticas injustas e inconstitucionales que os han impuesto. Vamos a luchar por hacer vuestro trabajo m¨¢s seguro y ayudaros a reducir el crimen en EE UU. Y creo que vamos a ganar¡±.

La demanda puede acabar siendo el caso definitivo donde se dirima cu¨¢l es el papel de las administraciones locales y estatales en la pol¨ªtica de inmigraci¨®n. La inmigraci¨®n es una competencia federal, y la polic¨ªa que persigue a los indocumentados (ICE, por sus siglas en ingl¨¦s), depende de Washington. Pero en un pa¨ªs con al menos 11 millones de personas indocumentadas la capacidad de detener y deportar de estos agentes es muy limitada. Para echar a todos los indocumentados del pa¨ªs, como hab¨ªa prometido, el Gobierno de Trump dijo desde el principio que exig¨ªa la colaboraci¨®n de todas las polic¨ªas locales y estatales, que tienen las competencias de seguridad y las bases de datos clave. Y desde el d¨ªa uno, las polic¨ªas de la mayor¨ªa de las grandes ciudades del pa¨ªs se han negado a esa colaboraci¨®n.

A esta pol¨ªtica de no colaborar con ICE se le llama santuario, un t¨¦rmino sin verdadera definici¨®n legal que agrupa en general el criterio de no utilizar a la fuerza p¨²blica para perseguir inmigrantes. Es un criterio que tiene d¨¦cadas de antig¨¹edad en las grandes ciudades. Desde que empez¨® el Gobierno Trump, el enfrentamiento por esta cuesti¨®n ha ido escalando verbalmente. Sessions no ha ahorrado calificativos contra todas las administraciones que practican esta pol¨ªtica, diciendo que ponen en peligro la seguridad de los estadounidenses, ya que este Gobierno considera que inmigraci¨®n y criminalidad van de la mano siempre. Al principio, publicaba un informe para se?alar a las ciudades santuario. Despu¨¦s amenaz¨® con retirar fondos a las administraciones locales y lleg¨® a hacerlo, hasta que lo par¨® un juez por inconstitucional.

En ning¨²n lugar ese enfrentamiento ha sido tan intenso como en California. Las autoridades del Estado, fuertemente dominado por los dem¨®cratas y que Hillary Clinton gan¨® por cuatro millones de votos, prometieron desde el principio hacer todo lo posible por proteger a los indocumentados de posibles redadas masivas. Se calcula que alrededor de una cuarta parte de todos los sin papeles de Estados Unidos vive en California.

La demanda de Sessions va dirigida contra el gobernador del Estado, el veterano dem¨®crata Jerry Brown, y el fiscal general, Xavier Becerra, los dos rostros m¨¢s visible de California en el enfrentamiento institucional con la Casa Blanca. Brown reaccion¨® a la noticia con un escueto comunicado en el que parec¨ªa burlarse de los tuits Trump: ¡°En un momento de tormenta pol¨ªtica sin precedentes, Jeff Sessions viene a California para dividir y polarizar Am¨¦rica a¨²n m¨¢s. Jeff, puede estos trucos pol¨ªticos pueden ser la norma en Washington, pero aqu¨ª no funcionan. ??TRISTE!!¡±.

El fiscal Becerra, hijo de inmigrantes, ha demandado por su parte al Gobierno de Trump una veintena de veces. Tambi¨¦n reaccion¨® desafiante en Twitter: "Da igual lo que pase en Washington, California mantendr¨¢ su rumbo y aplicar¨¢ las leyes para defender a toda nuestra gente. As¨ª es como mantenemos seguras nuestras comunidades".

El martes por la noche, el Departamento de Justicia traslad¨® a la prensa que la denuncia se basa en la inconstitucionalidad de tres leyes, todas aprobadas el a?o pasado. Una proh¨ªbe a los empresarios cooperar voluntariamente con las autoridades de inmigraci¨®n. Otra da permiso al Estado para inspeccionar centros de detenci¨®n de inmigrantes.

La tercera es la SB54, conocida como Ley del Estado Santuario, que proh¨ªbe a todos los cuerpos de seguridad de California compartir informaci¨®n con inmigraci¨®n si no es con orden judicial. Esa pr¨¢ctica, com¨²n en las grandes ciudades de Estados Unidos, es obligatoria desde el 1 de enero en todo el Estado, el ¨²nico donde se ha hecho algo as¨ª. La ley SB54 fue propuesta por el presidente del Senado californiano, Kevin de Le¨®n, tambi¨¦n hijo de inmigrantes y que ahora est¨¢ en campa?a para ir al Senado de EE UU.

¡°California no tiene autoridad para ejecutar leyes que obstruyen, entran en conflicto o discriminan la acci¨®n federal en inmigraci¨®n¡±, dice la demanda, presentada el martes ante el Distrito Este de California de la jurisdicci¨®n federal donde se encuentra Sacramento. Estas tres leyes, afirma, ¡°reflejan un intento deliberado por parte de California de obstruir la ejecuci¨®n de las leyes de inmigraci¨®n de Estados Unidos¡±.

El Departamento de Justicia pide al juzgado federal que emita una orden cautelar para frenar la aplicaci¨®n de estas leyes y, en ¨²ltimo t¨¦rmino, las anule. El Gobierno basa su argumentaci¨®n en la llamada cl¨¢usula de supremac¨ªa. As¨ª se conoce el segundo p¨¢rrafo del Art¨ªculo VI de la Constituci¨®n de EE UU, que afirma la supremac¨ªa de la ley federal y la Constituci¨®n sobre las leyes de los estados. Las leyes en cuesti¨®n ¡°tienen el prop¨®sito y el efecto de hacer m¨¢s dif¨ªcil a los agentes federales de inmigraci¨®n cumplir con su obligaci¨®n en California¡±.