El Congreso mexicano aprueba una pol¨¦mica ley de propaganda oficial

El Congreso mexicano ha aprobado una pol¨¦mica ley en publicidad oficial que ha sido severamente cuestionada por diversas organizaciones ciudadanas porque aseguran que no frenar¨¢ la asignaci¨®n discrecional de recursos p¨²blicos ¡ªque supera los 2.000 millones de d¨®lares desde 2013¡ª ni la utilizaci¨®n de estos para fines proselitistas o electorales. En una sesi¨®n que comenz¨® la noche del mi¨¦rcoles y se prolong¨® las primeras horas del jueves, los senadores aprobaron la Ley General de Comunicaci¨®n Social con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstenci¨®n. En un intenso debate los legisladores opositores a la norma aseguraron que ¨¦sta s¨®lo legaliza la propaganda pol¨ªtica disfrazada de informaci¨®n sin lograr una regulaci¨®n de fondo.

La norma aprobada obedece a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) emitido el pasado 15 de noviembre que obligaba al Congreso a regular el gasto discrecional en propaganda gubernamental antes del 30 de abril de este a?o. La resoluci¨®n se dio tras resolver un amparo que promovi¨® la organizaci¨®n Art¨ªculo 19, inconforme porque el Congreso nunca regul¨® esa materia tras una reforma en materia pol¨ªtico-electoral promulgada en 2014. ¡°La omisi¨®n de expedir la ley se?alada viola la libertad de expresi¨®n, de prensa y de informaci¨®n. Este derecho requiere de medios de comunicaci¨®n libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos econ¨®micos suficientes¡±, expuso el Supremo en ese entonces.

La batalla legal de Art¨ªculo 19, quien promovi¨® el amparo, continuar¨¢ porque la ley aprobada no cumple con los criterios establecidos en la sentencia de la Corte. Ana Cristina Ruelas, directora de la organizaci¨®n que defiende la libertad de expresi¨®n, dijo en entrevista con este medio que el siguiente paso es iniciar un proceso de inconformidad -como quejosos en el amparo- a fin de que el Supremo determine que no se subsanaron los derechos violados, pese a la regulaci¨®n del Congreso. ¡°El proceso de amparo no termina aqu¨ª. El juez ejecutor tiene que determinar si el Congreso cumpli¨® cabalmente con la sentencia y al determinar el cumplimiento nosotros podemos quejarnos (de la ley aprobado) mediante un recurso de inconformidad. Desde Art¨ªculo creemos que la sola emisi¨®n de la ley no es suficiente ya que esta norma aprobada no subsana los derechos que la Corte estim¨® violados con la omisi¨®n¡±, afirma.

El colectivo #MediosLibres, que agrupa a periodistas, medios de comunicaci¨®n y a organizaciones civiles, acad¨¦micas y empresariales, ha dicho que el proceso legislativo estuvo lleno de claroscuros, inconsistencias y cargado de irregularidades. En un escrito difundido este jueves se asegura que la minuta s¨®lo legaliza las malas pr¨¢cticas y no integra las recomendaciones hechas por las organizaciones ciudadanas. ¡°No puede existir una sociedad democr¨¢tica sin un Estado que no integre en su agenda la libertad de expresi¨®n como un eje rector de la misma. Con la ausencia de garant¨ªas para ejercer la libertad de expresi¨®n se imposibilita el poder acceder a otra gama de derechos, y por ende, se debilita nuestra democracia¡±, se lee en el pronunciamiento.

El colectivo, del que forma parte Art¨ªculo 19, tambi¨¦n denunci¨® una simulaci¨®n por parte de los legisladores en la consulta ciudadana. ¡°La falta de di¨¢logo con la sociedad civil y su integraci¨®n en el proceso tuvieron como consecuencia que esta ley obedezca a intereses muy particulares y no a los que una sociedad como la mexicana requiere¡±, se expone. Durante las audiencias p¨²blicas realizadas en marzo los colectivos convocados al debate acusaron falta de seriedad en el llamado a la cita, ya que se organiz¨® con cinco d¨ªas de anticipaci¨®n y hubo personas convocadas que no fueron citadas y se enteraron de su participaci¨®n en redes sociales.

La minuta fue aprobada debido al voto de mayor¨ªa que lograron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza(PANAL). Los senadores opositores a la minuta buscaban que el dictamen fuera regresado a comisiones para modificarlo, pero la propuesta no tuvo ¨¦xito. La senadora Ang¨¦lica de la Pe?a (PRD) afirm¨® que la propuesta que estaba a punto de aprobarse no garantizaba que el gasto de comunicaci¨®n cumpliera con los criterios de transparencia, eficiencia y honradez. ¡°Lo que esta minuta contiene es un marco normativo que legitima el autoritarismo de anta?o, atenta contra la libertad de expresi¨®n y pretende utilizar los recursos p¨²blicos para controlar la l¨ªnea editorial de los medios sin rendir cuentas a nadie¡±, afirm¨® durante la discusi¨®n previa a la aprobaci¨®n de la ley.

La ley, que ha sido bautizada por los colectivos ciudadanos como Ley Chayote ¡ªcomo se le denomina en M¨¦xico al soborno que reciben los periodistas o medios de comunicaci¨®n¡ª establece que ser¨¢ la secretar¨ªa de Gobernaci¨®n (Ministerio del Interior), quien regule el gasto en materia de comunicaci¨®n social. Esta ha sido uno de los cuestionamientos m¨¢s severos a la ley, ya que se sigue brindando un control pol¨ªtico al gasto gubernamental. Ruelas? detalla que en la ley aprobada no existen criterios claros para la asignaci¨®n ni hay control del presupuesto que se ejercer¨¢ el Gobierno en publicidad. "Ni siquiera existe unad efinici¨®n de lo que es y no es la publciidad oficial. Solo legaliza las malas pr¨¢cticas", expone.