Am¨¦rica Latina, cuando acceder al aborto legal es casi imposible
El 90% de las mujeres de la regi¨®n viven en pa¨ªses que restringen la interrupci¨®n del embarazo. El veto conduce a pr¨¢cticas clandestinas e inseguras
A la dominicana Rosaura Almonte le diagnosticaron leucemia cuando estaba embarazada de siete semanas. Los m¨¦dicos se negaron a tratarla porque los f¨¢rmacos pon¨ªan en peligro la vida del feto. Muri¨® a los 16 a?os. A los 19, Ida qued¨® encinta tras las violaciones constantes de un familiar. Las autoridades nicarag¨¹enses le impidieron abortar, y la joven, con discapacidad intelectual, se vio forzada a dar a luz. Teodora cumpli¨® casi 11 a?os de c¨¢rcel en un penal de El Salvador, condenada tras sufrir un aborto espont¨¢neo en el ba?o de la escuela donde trabajaba. Y sus casos se repiten constantemente en Am¨¦rica Latina, una regi¨®n en la que se concentran los pa¨ªses con algunas de las legislaciones m¨¢s severas del mundo en materia de derechos reproductivos.?
Alrededor del 90% de las mujeres en edad reproductiva en Am¨¦rica Latina y el Caribe vive en pa¨ªses con leyes de aborto restrictivas. En seis ¡ªEl Salvador, Honduras, Hait¨ª, Nicaragua, Rep¨²blica Dominicana y Surin¨¢m¡ª, la interrupci¨®n voluntaria del embarazo est¨¢ completamente prohibida. No se permite ni siquiera para salvar la vida de la mujer, como en el caso de Rosaura ¡ªconocida como ¡®Esperancita¡¯¡ª. Otros ocho Estados lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer, y solo unos pocos ofrecen excepciones en casos de violaci¨®n (Brasil, Panam¨¢ y Chile, por ejemplo) y anomal¨ªas fetales graves. Se cuentan por decenas las presas por abortar; por miles las obligadas a seguir con la gestaci¨®n o las forzadas a recurrir a un aborto clandestino; y por cientos las muertas por la negativa de los sanitarios a interrumpir su embarazo, como denuncian las organizaciones de derechos humanos.
¡°Est¨¢ claro que en la mayor¨ªa de pa¨ªses de Latinoam¨¦rica la vida de las mujeres tiene poco valor o ninguno¡±, lamenta Morena Herrera, hist¨®rica activista y miembro de la Agrupaci¨®n por la Despenalizaci¨®n del Aborto en El Salvador. Para las organizaciones de derechos civiles, la despenalizaci¨®n aborto en tres casos en Chile (riesgo para la vida de la mujer, violaci¨®n y anomal¨ªas fetales) el a?o pasado fue una gran esperanza, como lo ha sido Argentina, que este jueves ha dado un paso clave hacia la legalizaci¨®n de esta intervenci¨®n sanitaria. Pasos que pueden ir transformando la realidad de un continente ultraconservador y con un problema descomunal de desigualdad de genero.
En El Salvador, las organizaciones de mujeres llevan a?os tratando de sacar adelante una ley que permita el aborto en casos de riesgo para la salud de la mujer, violaci¨®n o anomal¨ªas fetales graves. A¨²n no han logrado que se debata, pese a las cr¨ªticas, reclamos y recomendaciones de la ONU, que considera que legislaciones como la salvadore?a son un riesgo para la salud y la vida de las mujeres.
El? peque?o pa¨ªs centroamericano es para muchos uno de los ejemplos m¨¢s extremos de lo que supone la prohibici¨®n total de esta prestaci¨®n sanitaria. En este pa¨ªs hay al menos una veintena de mujeres presas condenadas por homicidio agravado por delitos relacionados con el aborto, aunque en la mayor¨ªa de los casos alegaron una p¨¦rdida involuntaria. Muchas, ni siquiera sab¨ªan que estaban encintas. Como Imelda, de 19 a?os y presa desde hace casi dos en una c¨¢rcel del Oriente del pa¨ªs. La joven, violada por su padrastro, desconoc¨ªa que estaba embarazada hasta que se puso de parto en la letrina de su casa. La criatura vivi¨®, pero los m¨¦dicos que atendieron a Imelda la denunciaron. La joven pas¨® del hospital a la c¨¢rcel, acusada de intento de homicidio. Un equipo de abogadas ha recurrido el caso.
La prohibici¨®n de abortar, adem¨¢s, no ha hecho disminuir estas intervenciones. S¨®lo ha conducido a las mujeres a recurrir a m¨¦todos clandestinos e inseguros, como concluyen dos estudios de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Guttmacher publicados en la revista especializada The Lancet en 2012 y 2017. Y son casi siempre las mujeres m¨¢s pobres las que se ven afectadas por el veto. ¡°Las ricas salen del pa¨ªs para abortar, las pobres recurren al aborto clandestino o se ven obligadas a seguir adelante con el embarazo¡±, denuncia la activista Cari Gaviria. Su pa¨ªs, Nicaragua, prohibi¨® el aborto totalmente en 2006; una vuelta atr¨¢s que las organizaciones de derechos humanos consideran dram¨¢tica.
La severa restricci¨®n del aborto supone un grave problema de salud p¨²blica. Al menos el 10% de las muertes maternas en Am¨¦rica Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros. Y anualmente, unas 760.000 mujeres en la regi¨®n reciben tratamiento por complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas, apunta un estudio publicado en el International Journal of Obstetrics & Gynaecology.
Internet y las redes sociales han facilitado el acceso al aborto farmacol¨®gico a muchas, aunque sea adquirido en el mercado negro. Tambi¨¦n al asesoramiento de organizaciones especializadas a trav¨¦s de la Red. Sin embargo, en las zonas rurales y las mujeres con menos recursos se ven empujadas a usar m¨¦todos peligros¨ªsimos, como introducirse una sonda en la vagina, o ¨¢cido; o a ingerir medicamentos o preparados en casa fuera de cualquier control.
Coincide adem¨¢s, denuncia Herrera, que los pa¨ªses donde el aborto est¨¢ restringido o totalmente prohibido, el acceso a los anticonceptivos modernos no es sencillo o incluso est¨¢ limitado. Tanto, que alrededor de 24 millones de mujeres en edad reproductiva en Am¨¦rica Latina y el Caribe tienen una necesidad insatisfecha de contracepci¨®n moderna ¡ªaquella no basada en m¨¦todos considerados naturales o tradicionales¡ª, seg¨²n c¨¢lculos de la ONU con datos de 2017.
Y la despenalizaci¨®n tampoco es garant¨ªa en algunos lugares. Como en Costa Rica, donde la ley t¨¦cnicamente permite abortar por riesgo para la salud de la embarazada, pero en la pr¨¢ctica el acceso a la intervenci¨®n es casi imposible en la sanidad p¨²blica, alerta la abogada experta en Derechos Humanos Larissa Arroyo Navarrete. ¡°Las mujeres se ven impedidas de acceder a la interrupci¨®n terap¨¦utica del embarazo debido a los prejuicios del personal de salud, a la deficiente formaci¨®n profesional t¨¦cnica, m¨¦dica y jur¨ªdica, y a la cultura institucional de los servicios de salud¡±, reclama Arroyo Navarrete.
Es lo que les ocurri¨® a Ana y Aurora, a quienes se impidi¨® abortar pese a estar embarazadas de fetos con anomal¨ªas incompatibles con la vida y alegar riesgo para su salud f¨ªsica y mental. Ambas han denunciado a Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aguardan sentencia o un acuerdo.
Esa instituci¨®n ya ha condenado a otros pa¨ªses por situaciones similares. Como a Per¨², que no solo oblig¨® a una joven de 17 a?os encinta a seguir con el embarazo de un feto anencef¨¢lico (sin cerebro) sino que tambi¨¦n la forz¨® a lactar los cuatro d¨ªas que permaneci¨® con vida tras el parto. La chica, conocida como K. L. a¨²n hoy arrastra las consecuencias de lo que vivi¨®. Lo considera una tortura.?
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