La ley de plazos minimiza las muertes por abortos clandestinos en Uruguay
Entre 2001 y 2012, antes de la legalizaci¨®n de la interrupci¨®n del embarazo, las cifran oficiales estiman que fallecieron 31 mujeres. Ahora, esta tasa es casi cero
Seis a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley de plazos que legaliz¨® el aborto, Uruguay casi ha erradicado las muertes de mujeres por interrupciones de embarazo clandestinas. Adem¨¢s, la mejora de la atenci¨®n a la salud reproductiva ha disminuido los embarazos no deseados y las autoridades constatan una clara mejora de la salud materna y neonatal. Con un promedio de 815 abortos mensuales, las estad¨ªsticas muestran que el n¨²mero de intervenciones es estable. De 2013 a 2016 solo se registraron tres muertes por abortos inseguros.
Uruguay autoriza desde 2012 la interrupci¨®n del embarazo en las primeras 12 semanas. Solo este pa¨ªs, Cuba y Guyana tienen una ley de plazos en Latinoam¨¦rica. Entre 2001 y 2012, antes de su aplicaci¨®n, las cifras oficiales estiman que fallecieron 31 mujeres por abortos clandestinos en Uruguay. Desde la aprobaci¨®n de la ley, esta tasa es casi igual a cero.?
La legalizaci¨®n fue la respuesta pol¨ªtica a una demanda social ¡ªla mayor¨ªa de la poblaci¨®n, de unos 3,4 millones de habitantes, aprobaba la medida¡ª, pero el proceso de despenalizaci¨®n hab¨ªa empezado m¨¢s de una d¨¦cada antes, cuando los m¨¦dicos del principal hospital materno-infantil del pa¨ªs ¡ªel Pereira Rossell de Montevideo¡ª se enfrentaron a varios casos de muertes por aborto ilegal en poco tiempo y decidieron poner en marcha un sistema de prevenci¨®n en el l¨ªmite de legalidad.
El pilar del cambio fue la construcci¨®n de un sistema estad¨ªstico, basado en datos hospitalarios, que permiti¨® definir el alcance del problema y hacer un seguimiento continuado. Uruguay se ha destacado en la regi¨®n por ese esfuerzo en acumular informaci¨®n fiable, que ha permitido abrir un debate documentado sobre la interrupci¨®n del embarazo. Despu¨¦s, equipos de ginec¨®logos, obstetras, parteras y psic¨®logos (principalmente en el Pereira Rossell) empezaron a orientar a las mujeres que quer¨ªan abortar para que lo hicieran de manera segura.
As¨ª, generalizaron el uso del misoprostol, utilizado para tratar las ¨²lceras, pero declarado medicamento esencial por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud por sus propiedades para inducir el aborto evitando las hemorragias. Los m¨¦dicos uruguayos no lo pod¨ªan recetar, pero explicaban c¨®mo utilizarlo y recib¨ªan a las mujeres en sus consultas en el proceso de interrupci¨®n del embarazo.
Objeci¨®n
La compra del f¨¢rmaco deb¨ªa hacerse en el mercado negro, algo que fue cada vez m¨¢s f¨¢cil en todo el pa¨ªs. El uso del misoprostol (o cytotec) es desde hace varios a?os algo generalizado en muchos pa¨ªses de Latinoam¨¦rica donde la interrupci¨®n del embarazo est¨¢ prohibida.
Entre 2008 y 2011, por primera vez en la historia de Uruguay, no se registr¨® ninguna muerte por interrupci¨®n clandestina del embarazo, lo que le vali¨® al sistema de prevenci¨®n uruguayo el reconocimiento internacional y varios premios. Adem¨¢s, el esquema de actuaci¨®n ha sido copiado por otros hospitales de Latinoam¨¦rica. A pesar del rechazo de la ley de plazos en Argentina, donde el Senado tumb¨® el jueves el proyecto, desde 2007 en las policl¨ªnicas de la provincia de Buenos Aires se aplica el protocolo uruguayo con el benepl¨¢cito del Ministerio de Salud. As¨ª, en esa zona de Argentina, las muertes maternas por aborto inseguro se redujeron de 32 a 11 entre 2011 y 2014, seg¨²n un estudio de la Federaci¨®n Internacional de Ginecolog¨ªa y Obstetricia.
No obstante, la implementaci¨®n de la ley que permite el aborto dentro de las 12 primeras semanas no ha sido un camino de rosas en Uruguay. Un 30% de los m¨¦dicos del pa¨ªs se han declarado objetores de conciencia y rechazan participar en los procedimientos. La cifra alcanza el 40% en los departamentos del interior de Uruguay, lo cual afecta especialmente a las mujeres de las zonas rurales. En el departamento de Salto, todos los ginec¨®logos y obstetras se han declarado objetores de conciencia, lo que obliga al Ministerio de Salud a desplazar especialistas desde Montevideo para atender a las mujeres que desean abortar.?
Un ejemplo de ¨¦xito para una regi¨®n que persigue el aborto
Alrededor del 90% de las mujeres en edad de reproductiva en Am¨¦rica Latina y el Caribe vive en pa¨ªses con leyes de aborto restrictivas. En seis ¡ªEl Salvador, Honduras, Hait¨ª, Nicaragua, Rep¨²blica Dominicana y Surinam¡ª, la interrupci¨®n del embarazo est¨¢ completamente prohibida. Otros ocho Estados lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer, y solo unos pocos ofrecen excepciones en casos de violaci¨®n (Brasil, Panam¨¢ y Chile, por ejemplo) y anomal¨ªas fetales graves. Solo en Uruguay, Cuba, Guyana y en Ciudad de M¨¦xico es legal. El ejemplo uruguayo sali¨® a relucir durante el debate en el Senado argentino. En Argentina, 43 mujeres murieron por complicaciones en abortos clandestinos durante 2016 y 50.000 tuvieron que ser hospitalizadas, seg¨²n los ¨²ltimos datos publicados por el Ministerio de Salud. En M¨¦xico, donde est¨¢ prohibido en el resto del pa¨ªs, 33 mujeres han muerto en abortos clandestinos en lo que va de a?o. Por su parte, en Uruguay los datos oficiales cuentan tres muertes. El pa¨ªs es seis a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley el segundo de Am¨¦rica con la mortalidad materna m¨¢s baja del continente, solo por detr¨¢s de Canad¨¢, seg¨²n datos de la Organizaci¨®n Panamericana de la Salud de 2017. Si hace 25 a?os el aborto era la causa del 40% del total de las muertes de uruguayas, en los ¨²ltimos diez a?os las cifras cayeron a un 8%, apunta la revista Gynecology Obstretics.
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