El Gobierno reaviva la divisi¨®n sobre la paz en Colombia

El manto de la polarizaci¨®n ha vuelto a cubrir Colombia. La divisi¨®n sobre el proceso de paz y los acuerdos con las FARC alcanzados en 2016 nunca hab¨ªa desaparecido del todo, pero en los ¨²ltimos meses se mantuvo en el segundo plano de la rutina pol¨ªtica, como ruido de fondo, en cualquier caso lejos de los vendavales del caso Odebrecht y de la grave crisis venezolana. La brecha est¨¢ ahora de nuevo abierta. La decisi¨®n del presidente, Iv¨¢n Duque, de reformar el tribunal encargado de juzgar los cr¨ªmenes de la guerra reactiv¨® ese debate que, en realidad, es m¨¢s que una simple discusi¨®n. La impugnaci¨®n parcial de un compromiso adquirido en La Habana por el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos y la revisi¨®n de una ley ya examinada por la Corte Constitucional abren un escenario imprevisible.

Sobre el papel, lo que puede hacer temblar lo pactado con la antigua guerrilla son seis de los 159 art¨ªculos de la norma estatutaria de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP). Aparentemente, un asunto menor, t¨¦cnico e insuficiente para despertar pasiones. No es as¨ª, porque en torno a ese sistema de justicia, que investiga a todos los actores del conflicto, de los exguerrilleros a los militares, se ha construido el discurso de reconciliaci¨®n que da sustento a los acuerdos. En palabras de su presidenta, Patricia Linares, es "un tribunal de derechos humanos que aplica justicia restaurativa". Una premisa necesaria para la transici¨®n, despu¨¦s de m¨¢s de medio siglo de violencia, 250.000 muertos y ocho millones de v¨ªctimas.?

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¡°Se est¨¢ afectando la esencia de los acuerdos. El resultado puede ser desastroso¡±

Duque objeta la ley que reglamenta la justicia de paz en Colombia

Santos y Duque contrastan su pol¨ªtica antidrogas ante la Corte Constitucional colombiana

Duque present¨® hace dos semanas objeciones formales a la ley que reglamenta su funcionamiento con la aspiraci¨®n, asegur¨®, de mejorar el modelo y alcanzar un consenso entre todos. En al menos dos casos, estos reparos pueden tener consecuencias en los delicados equilibrios del partido nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com¨²n, que se sienta en el Congreso desde el pasado mes de julio. Esos puntos repercuten en la extradici¨®n de los excombatientes -que actualmente no se contempla si los encausados colaboran con el sistema de justicia transicional- y en los delitos cometidos despu¨¦s de la firma del acuerdo. En el trasfondo hay una controversia, sobre todo pol¨ªtica, que a¨²n no est¨¢ resuelta, ya que el excomandante de las FARC Jes¨²s Santrich est¨¢ detenido desde hace un a?o con la acusaci¨®n de narcotr¨¢fico y reclamado por la justicia de Estados Unidos.?

El sucesor de Santos tambi¨¦n plante¨® una reforma constitucional que excluya de la JEP los cr¨ªmenes sexuales contra menores, ponga negro sobre blanco la p¨¦rdida de todos los beneficios si hay reincidencia de un delito y que transfiera a la justicia ordinaria los casos de conductas ilegales que se iniciaron antes del pacto y continuaron despu¨¦s. Han pasado siete meses desde que asumi¨® el cargo y Duque hab¨ªa prometido que har¨ªa modificaciones a esta jurisdicci¨®n. En rigor, no es una sorpresa. Sin embargo, el alcance de la decisi¨®n es impredecible por los efectos que pueda tener en las filas de los exguerrilleros, ya sumidas en el descontento. En opini¨®n de los antiguos negociadores de la paz, adem¨¢s, pone en entredicho la esencia de los acuerdos y entorpece el funcionamiento del tribunal.

Del ex alto comisionado Sergio Jaramillo a Humberto de la Calle, pasando por el ex vicepresidente ?scar Naranjo o Frank Pearl han formulado duras cr¨ªticas a estas modificaciones. Son "intentos de lesionar gravemente la implementaci¨®n del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, as¨ª como el sistema dise?ado para honrar los derechos de las v¨ªctimas", se lee en la carta que dirigieron al secretario general de Naciones Unidas, Ant¨®nio Guterres, junto a exministros y jefes de la antigua guerrilla encabezados por Rodrigo Londo?o, Timochenko. Este compareci¨® por primera vez en julio pasado ante el tribunal para responder por secuestro sistem¨¢tico y "retenciones ilegales".?

El presidente colombiano siempre ha sido muy cr¨ªtico con el proceso de paz -fue portavoz de la campa?a del no en el referendo del 2016- , aunque moder¨® su discurso durante la campa?a electoral y en los primeros meses de su mandato. Finalmente, dio un paso que contenta al ala dura de su partido, el Centro Democr¨¢tico, y su fundador, el expresidente ?lvaro Uribe, y que coincide con las cr¨ªticas vertidas por el fiscal general, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez. En cambio, el procurador, Fernando Carrillo, considera que "objetar la JEP abre un debate inoportuno e in¨²til que desconoce el rol de la Corte Constitucional".

Mientras el alto tribunal opt¨® por inhibirse a la espera de que el Congreso debata y se pronuncie sobre estas reformas, las consecuencias inmediatas de las objeciones se sintieron en las calles de Colombia y en algunos organismos multilaterales, empezando por la ONU. "Aliento al Gobierno implementar la Justicia Especial para la Paz de una manera integral y, en cuanto a la decisi¨®n presidencial de objetar seis art¨ªculos de la ley estatutaria, animo al Gobierno y al legislativo, as¨ª como a todas las partes interesadas, a discutir y revisar estos art¨ªculos de forma r¨¢pida", afirm¨® esta semana Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. Tambi¨¦n la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inst¨® al Estado colombiano a actuar con rapidez.

Miles de personas se han movilizado en defensa de la JEP, aunque el presidente afirm¨® el pasado jueves durante una visita a Chile que "lo que se est¨¢ dando en este momento en Colombia es una gran oportunidad para un consenso institucional, para un consenso pol¨ªtico¡±. Su objetivo, asegura, es "avanzar hacia tener esa justicia transicional que nos una a los colombianos". "Estamos a tan solo seis art¨ªculos de lograr ese importante avance y eso es lo que me parece que tenemos que resaltar¡±, manifest¨® Duque. Sus palabras chocan, no obstante, con el clima de tensi¨®n que el anuncio de la reforma ha generado, despertando no solo la inquietud de sus magistrados sino avivando la polarizaci¨®n de una sociedad ya muy dividida sobre la paz.??