?Qui¨¦n est¨¢ contra la desigualdad en Latinoam¨¦rica? Casi todo el mundo

Cuando, hace un mes, el pa¨ªs m¨¢s rico de la regi¨®n estall¨® en protestas que a¨²n no se han apagado, muchos vieron en Chile el papel de canario en la mina: los gritos en las calles de Santiago, Valpara¨ªso o Vi?a del Mar avisaban al resto del continente de que quiz¨¢s algo iba muy mal. Otros se sorprend¨ªan ante tal afirmaci¨®n: ?no era cierto que la desigualdad y la pobreza llevaban tiempo cayendo en Latinoam¨¦rica? Pero este punto de vista es excesivamente simplificador: el motor de la demanda de cambio no es solamente la tendencia de largo aliento, sino (quiz¨¢s sobre todo) la situaci¨®n estructural y c¨®mo se relaciona con los cambios de corto plazo: es en esta interacci¨®n que se determinan las expectativas, y la sensaci¨®n de que se cumplan o no. Ya lo vimos con el caso concreto de Chile, pero en realidad es cierto para cualquier otro lugar.

En ning¨²n momento en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas ha habido m¨¢s de un 25% de latinoamericanos que ha considerado como ¡°justa¡± la distribuci¨®n de ingresos. Ese es el valor estructural de referencia: en cualquier momento, pr¨¢cticamente tres cuartos de la ciudadan¨ªa consideran que la renta est¨¢ mal repartida. Dentro de este marco, ya de por s¨ª muy significativo, hay variaciones importantes entre pa¨ªses (y n¨®tese que Chile es uno de los que menos justicia aprecian), pero sobre todo en el tiempo.

Los cambios de percepci¨®n de injusticia tendr¨¢n indudablemente muchos factores detr¨¢s, por supuesto. Ser¨ªa absurdo reducirlos a una sola causa. Pero si algo caracteriza a la din¨¢mica de la econom¨ªa latinoamericana es su conexi¨®n con las materias primas. El precio del petr¨®leo sirve como aproximaci¨®n (grosera, pero informativa): y lo que resulta es que tanto el porcentaje de personas que consideran justa la distribuci¨®n de ingresos como el precio del barril de crudo suben y bajan si no al mismo tiempo s¨ª con cierta concordancia. Es comprensible, en tanto que las materias primas son fuente fundamental de crecimiento que afecta a la movilidad social ascendente y a la financiaci¨®n los (escasos) servicios p¨²blicos estatales.

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Pero la percepci¨®n de injusticia no equivale a la petici¨®n de pol¨ªticas concretas, aunque la cifra estructural de ambas es sorprendentemente similar en el continente: seg¨²n el Bar¨®metro de las Am¨¦ricas, en torno a un 70% de la ciudadan¨ªa estar¨ªa de acuerdo con la necesidad de que los estados implementen pol¨ªticas para reducir la desigualdad de ingresos. Este valor es tambi¨¦n relativamente constante en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas, y tan abrumador que apenas permite un an¨¢lisis en detalle de la probabilidad de movilizaci¨®n contra la inequidad: el amplio acuerdo indica que el contexto de apoyo difuso para dichos movimientos existe, pero no habla mucho de la vanguardia que los podr¨ªa encabezar.

Para discernir mejor qui¨¦n podr¨ªa ocupar dicha vanguardia se puede restringir todav¨ªa m¨¢s la selecci¨®n de aquellas personas con un inter¨¦s particularmente intenso en reducir la desigualdad y la pobreza. Estos ¡®s¨²perredistribuidores¡¯ ser¨ªan, por ejemplo, quienes se muestran al mismo tiempo muy de acuerdo con la ya citada propuesta de que los estados hagan m¨¢s contra la desigualdad de ingresos, y con la idea de que el gobierno debe gastar m¨¢s para ayudar a los pobres. Pobreza y desigualdad no son lo mismo, y por eso quien muestra una marcada y simult¨¢nea preferencia por ambas puede ser considerado como alguien susceptible de ponerse en acci¨®n para cambiar la situaci¨®n del ingreso en la regi¨®n: porque pone el foco al mismo tiempo en acabar con quienes menos disponen del mismo y en reducir el espacio entre estos y los que m¨¢s lo absorben.

Resulta que casi uno de cada cuatro latinoamericanos est¨¢ en esta tesis, una cantidad considerable por s¨ª misma que, efectivamente, var¨ªa de pa¨ªs a pa¨ªs sin un patr¨®n claro. Fij¨¦monos si acaso en los m¨¢s grandes de la regi¨®n para dilucidar las diferencias. Chile o Argentina cuentan la juventud y la falta de ingresos en el hogar como factores determinantes de la querencia proredistribuci¨®n. En el primero, el nivel educativo alcanzado tambi¨¦n influye en la direcci¨®n esperada. Como lo hace en Ecuador, donde ser joven s¨ª pesa, pero tambi¨¦n lo hace tener piel m¨¢s oscura. Este ¨²ltimo factor (atado parcialmente a los ingresos y al nivel educativo) opera de igual manera en Colombia y, en menor medida, en Brasil, donde la capacidad adquisitiva es la causa m¨¢s intensa.

Los aspectos clave de esta imagen encajan a grandes rasgos con la clase de movilizaciones que hemos visto en cada pa¨ªs: una protesta encabezada por organizaciones ind¨ªgenas de ¨¢reas rurales (por tanto normalmente con menor acceso a educaci¨®n) en Ecuador, y otras m¨¢s urbanas y pobladas por j¨®venes de clase media-baja en Argentina o Chile. Colombia tendr¨¢ su propio paro nacional el pr¨®ximo 21 de noviembre, pero m¨¢s all¨¢ de esa referencia futura en los ¨²ltimos a?os algunos de los movimientos m¨¢s fuertes se han producido en ¨¢reas desatendidas por el estado, lejos de la capital, y con poblaci¨®n afro (v¨¦ase, por ejemplo, el paro de Buenaventura en 2018).

Podr¨ªa decirse que M¨¦xico, por su parte, se ha expresado en las urnas optando por una promesa (cuyo cumplimiento sigue pendiente tras casi un a?o de gobierno) de nuevas pol¨ªticas redistributivas. Y eso es algo que se aprecia particularmente en la diferencia de confianza por la democracia entre estos ¡®superredistribuidores¡¯ y el resto de la poblaci¨®n, as¨ª como en su simpat¨ªa por los partidos pol¨ªticos (que en cualquier caso cuentan con una tradici¨®n m¨¢s arraigada que en las otras naciones). Pero, sobre todo, en la ausencia de participaci¨®n en protestas: n¨®tese aqu¨ª el margen de distinci¨®n que se da en Chile o Argentina. Estos ¨²ltimos muestran una varianza llamativa en la simpat¨ªa por partidos, eso s¨ª, algo que deber¨ªa llevar a una reconsideraci¨®n de las izquierdas chilenas (extremas y moderadas por igual) y su capacidad de representar las peticiones redistributivas.

Estos datos indican que aunque la apreciaci¨®n de injusticia en la distribuci¨®n de ingresos y la demanda de lucha contra la desigualdad son mayoritarias, la manera en que ambas se canalizan no es ni un¨ªvoca, ni autom¨¢tica. Es probable que la existencia de canales partidistas o institucionales ayude a minimizar al menos cierto tipo de protestas disruptivas, mientras su ausencia las alimente. Ahora bien: esto conlleva una enorme responsabilidad. Aquellos que asuman el estandarte de la igualdad no deber¨ªan permitirse ni la polarizaci¨®n populista, ni la creaci¨®n de expectativas que luego no puedan cumplir. Porque, si otras experiencias (Bolivia, Venezuela, la misma Argentina hace no tanto) sirven de gu¨ªa, en la siguiente ronda del juego ser¨¢n ellos quienes paguen la cuenta de unas democracias rotas.