Una condena a 216 a?os por ¡°romper el orden constitucional¡±
El campesino Medardo Mairena fue acusado por terrorismo en un proceso judicial en el que sufri¨® torturas y con jueces y fiscales leales al sandinismo
Vestido en su uniforme azul de prisionero, Medardo Mairena luce apacible. Lo rodean decenas de custodios cargando armas de alto calibre y encapuchados, que permanecen de pie en un auditorio del Complejo Judicial de Managua. Junto a otros tres campesinos del Caribe nicarag¨¹ense, Mairena est¨¢ a la espera de la sentencia que dictar¨¢ el juez Edgar Altamirano. El judicial, quien ya lo ha declarado culpable de infundir p¨¢nico en la poblaci¨®n para ¡°romper el orden constitucional y pretender derrocar al Gobierno con m¨¦todos violentos¡±, finalmente, dicta la sumatoria de la pena: 216 a?os de prisi¨®n. En vez de tristeza, al l¨ªder campesino le causa gracia la sentencia. ¡°Nos pusimos a re¨ªr, porque s¨ª, ya sab¨ªamos que era una cuesti¨®n pol¨ªtica¡±, recuerda ahora.
Mairena (42 a?os) se dio a conocer nacionalmente el 16 de mayo de 2018. Ese d¨ªa se inaugur¨® un Di¨¢logo Nacional en Nicaragua, despu¨¦s de casi un mes de iniciadas unas protestas contra el sistema de seguridad social y la inmediata represi¨®n estatal que en menos de un mes hab¨ªa dejado al menos 86 muertes. El Gobierno hab¨ªa aceptado dialogar con los manifestantes, y la Iglesia cat¨®lica medi¨® las conversaciones convocando a diversos sectores para que plantearan sus demandas, incluyendo los campesinos.
¡°Quiero que sepa, se?or presidente, que son los campesinos los que est¨¢n exigiendo justicia, porque hemos reclamado justicia desde muchos escenarios y no hemos sido escuchados. Nos hemos unido a respaldar a los j¨®venes. No tenemos armas, somos un cuerpo civil¡±, le dijo Mairena al presidente Daniel Ortega, presente en aquella primera sesi¨®n que fue televisada en vivo.
Desde hac¨ªa 5 a?os que Mairena se hab¨ªa integrado al Movimiento Campesino Anticanal, un grupo que demandaba la derogaci¨®n de la Ley 840, que entregaba a un empresario chino la concesi¨®n para la construcci¨®n de un canal interoce¨¢nico que partir¨ªa a Nicaragua en dos y que ordenaba la expropiaci¨®n de los territorios por los que pasar¨ªa.
El 13 de julio de 2018, mientras Mairena se dispon¨ªa a salir del pa¨ªs junto a Pedro Mena, de 51 a?os, otro campesino del Movimiento, agentes de Migraci¨®n los retuvieron y entregaron a la Polic¨ªa Nacional. ¡°Nosotros siempre preguntamos que por qu¨¦, para d¨®nde nos llevaban, qu¨¦ nos iban a hacer, [nos dec¨ªan] que nos ¨ªbamos a dar cuenta despu¨¦s, trat¨¢ndonos con ofensas y golpes¡±, recuerda el l¨ªder campesino. Ese mismo d¨ªa fue trasladado a la Direcci¨®n de Auxilio Judicial. As¨ª narra la tortura psicol¨®gica a la que lo sometieron:
¡°Me dijeron que el Gobierno quer¨ªa negociar conmigo, que cu¨¢nto dinero quer¨ªa, que qu¨¦ trabajo quer¨ªa. Me dijeron que de m¨ª depend¨ªa si aceptaba o no. Pero yo jam¨¢s acept¨¦, no iba a acusar a personas inocentes. Me mencionaron a mi hija de tres a?os, a mis hijos de 13 y de 17. Dijeron que iban a ser los primeros en sufrir. El investigador me dijo que iban a grabar un v¨ªdeo en donde a mi ni?a de tres a?os le iban a cortar dedito por dedito, pieza por pieza, y que luego, si no aceptaba, iban con m¨ª otro hijo. Me sent¨ª horrible. Son capaces de hacer tantas cosas, no tienen escr¨²pulos, no saben lo que significa el amor. Solo le ped¨ª a Dios que me perdonara y que protegiera a mi familia. Me encerraron y me dijeron que decidiera¡±.
"El investigador me dijo que iban a grabar un v¨ªdeo en donde a mi ni?a de tres a?os le iban a cortar dedito por dedito, pieza por pieza, y que luego, si no aceptaba, iban con m¨ª otro hijo".
Cuatro d¨ªas despu¨¦s de su detenci¨®n fue presentado ante el juez Henry Morales. Este juez, de acuerdo con una revisi¨®n de 100 actas de audiencias preliminares e iniciales, fue el que m¨¢s casos de presos pol¨ªticos atendi¨® durante el a?o pasado: 21 de 100. Es decir, casi la misma cantidad de audiencias que atendieron en conjunto siete juzgados locales penales de Managua.
La Fiscal¨ªa de Nicaragua acus¨® a Medardo y otro de sus compa?eros, Pedro Mena, de ser los jefes de una ¡°estructura delincuencial¡± que cre¨® tranques o bloqueos de carreteras en cuatro ciudades del pa¨ªs desde los cuales robaban, da?aban propiedad p¨²blica, asesinaban y secuestraban. El hecho m¨¢s grave que se presenta en la acusaci¨®n ocurri¨® el 12 de julio, y seg¨²n el fiscal Len¨ªn Castell¨®n Silva, Medardo hab¨ªa sido el responsable de planificar, coordinar y dirigir un ataque a la delegaci¨®n policial de la ciudad de Morrito. En el suceso?murieron cuatro polic¨ªas y un profesor, adem¨¢s del secuestro de nueve polic¨ªas que se encontraban en la misma delegaci¨®n. Por esos hechos estaban siendo procesados por varios delitos, entre ellos crimen organizado y terrorismo.
Pero ese 12 de julio, medios de comunicaci¨®n mostraron a Medardo asistiendo al mediod¨ªa a una marcha en Managua. En el juicio, una testigo relat¨® que por la tarde de ese d¨ªa se hab¨ªa tomado un caf¨¦ con Mairena, y un sacerdote jesuita testific¨® que hab¨ªa estado con el campesino al caer la tarde, vi¨¦ndolo por ¨²ltima vez cuando hac¨ªa sus maletas para el viaje que emprender¨ªa al siguiente d¨ªa.
Esta investigaci¨®n revel¨® dos grandes tipos de acusaciones: las que se relacionaban con terrorismo, financiamiento al terrorismo o provocaci¨®n, conspiraci¨®n y proposici¨®n para cometer terrorismo, cuyas penas sobrepasan los 20 a?os; y las vinculadas con delitos menos graves, cuyas penas no exced¨ªan los 5 a?os. De 486 personas acusadas formalmente por la Fiscal¨ªa de Nicaragua por supuestos delitos relacionados con las protestas antigubernamentales, 262 (el 54%), fueron acusadas por terrorismo.
El caso de Medardo Mairena es uno de los que mejor explica el primer tipo de acusaciones: es el l¨ªder de un sector espec¨ªfico, con poder de convocatoria y que expresaba sus opiniones p¨²blicamente. Tambi¨¦n entran aqu¨ª los exmilitares o exsandinistas que fueron tildados de ¡°traidores¡± porque abandonaron su militancia y se unieron a las manifestaciones cuando supieron de la brutal represi¨®n. A este tipo de personas, la Fiscal¨ªa casi siempre imput¨® un combo de delitos que inclu¨ªa terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios p¨²blicos, portaci¨®n ilegal de armas y robo agravado.
Estas personas fueron condenadas a la mayor cantidad de a?os. De 151 detenidos que recibieron un fallo de culpabilidad, a 56 se les conden¨® por terrorismo, 11 obtuvieron condenas que superaban los 30 a?os de pena m¨¢xima legales en Nicaragua: tres campesinos (216, 210 y 56 a?os), tres exmilitares (52, 47 y 42 a?os), tres personas que participaron en los tranques (53, 43 y 33 a?os), una cantante soprano (33 a?os) y una mujer transg¨¦nero exsandinista (40 a?os).
Al segundo tipo de acusaciones cabe m¨¢s el perfil de ciudadanos comunes que se manifestaron en diversos espacios: en sus barrios, pueblos, universidades, pero que en general no ten¨ªan papeles de liderazgo. A estos se les imputaba casi siempre dos o tres delitos juntos o uno por separado, como entorpecimiento de servicios p¨²blicos, portaci¨®n ilegal de armas, exposici¨®n de personas al peligro, robo, lesiones o da?os. Las penas impuestas a estas personas fueron las m¨¢s bajas: 46 de 151 personas condenadas tuvieron penas de 7 meses a 4 a?os y medio de prisi¨®n.
El Juicio
Despu¨¦s de asistir a las audiencias preliminar e inicial, Medardo y Mena, en conjunto con otros dos campesinos que fueron capturados posteriormente, fueron remitidos a juicio con el juez Edgar Altamirano. Al proceso la Fiscal¨ªa llev¨® a testificar a 26 polic¨ªas, 8 trabajadores del Estado, 7 peritos o forenses, dos civiles e incluso una persona que se identific¨® como secretario pol¨ªtico del Frente Sandinista, el partido de Daniel Ortega. Entre los polic¨ªas estaba un oficial encubierto, el C¨®digo Uno. Sentado desde el banquillo de los declarantes, el oficial con pasamonta?as fue interrogado por Julio Montenegro, defensor de Mairena.
¡ª?Cu¨¢l es el procedimiento que usted sigui¨® en este caso, seg¨²n la Ley 735, Ley de Crimen Organizado?¡ª pregunt¨® el abogado.
¡ªLa ley no la domino bien¡ª respondi¨® con irritaci¨®n el C¨®digo Uno, con cuatro a?os de experiencia en el Departamento de Delitos Especiales, seg¨²n consta en la transcripci¨®n de su testimonio.
¡ª?C¨®mo es posible que no domine la ley, si usted es un oficial de seguimiento?¡ª refut¨® Montenegro, mirando a los ojos del oficial.
¡ªYa le respond¨ª¡ª grita entonces desde el banquillo.
Con ese grito, Medardo reconoci¨® al C¨®digo Uno. ¡°Lo reconoc¨ª por la voz, porque no se me va a olvidar su voz¡±, dice Medardo. Ese oficial se hab¨ªa encargado de torturarlo solo un par de semanas antes, mientras estuvo detenido en las celdas de la Direcci¨®n de Auxilio Judicial de Managua. Ese oficial lo hab¨ªa sacado de su celda, tras tres d¨ªas sin dormir, para golpearlo en la sala de interrogaciones. Ese oficial lo acus¨® de haberse puesto una sotana clerical y planear el asesinato de cuatro polic¨ªas y un profesor en la ciudad de Morrito.
Defensores de presos pol¨ªticos nicarag¨¹enses confirmaron que en una gran cantidad de procesos judiciales primaron las pruebas testimoniales, sobre todo de polic¨ªas, trabajadores del Estado y simpatizantes sandinistas, quienes sospechan que pudieron haber prove¨ªdo testimonios falsos o falsificado pruebas.
En este caso, adem¨¢s de las pruebas testificales, la Fiscal¨ªa intent¨® comprobar la culpabilidad de Mairena y Mena con mensajes de texto extra¨ªdos de sus celulares. Los medios oficiales informaron de que una ¡°gigantesca trama terrorista y golpista¡± hab¨ªa sido destapada con la revisi¨®n de los dispositivos personales de los campesinos. Pero en juicio, el perito en inform¨¢tica no logr¨® confirmar que en efecto se hubiera encontrado informaci¨®n incriminatoria.
Mairena recuerda que estando en prisi¨®n, durante uno de los interrogatorios, un oficial lo presion¨® para que aceptara en el juicio que hab¨ªa estado organizando un golpe de Estado y que a su vez, inculpara a otros activistas: ¡°el investigador me dijo que ¨¦l iba a decidir mi destino, que el juez era sandinista, el fiscal era sandinista y que si no aceptaba, mi familia iba a pagar las consecuencias¡±.
El abogado?Julio Montenegro ¡ªdefensor de Mairena y quien tambi¨¦n particip¨® en la defensa de otros 80 acusados y trabaj¨® antes para la Fiscal¨ªa¡ª sostiene que en estos casos hubo una coordinaci¨®n institucional para acusar a manifestantes.
¡°Por un lado, los oficiales de Polic¨ªa recabaron informaci¨®n que no era la mejor, la Fiscal¨ªa cit¨® testigos parcializados, acus¨® a pesar de las deficiencias, el juez, a pesar de que hab¨ªa detenciones ilegales o pruebas il¨ªcitas, llev¨® a cabo un juicio con nulidades absolutas¡ Algunas veces yo lo dec¨ªa as¨ª: un contubernio, est¨¢n coludidos¡±.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reafirm¨® el 10 de septiembre, en su m¨¢s reciente informe sobre Nicaragua, la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. Dijo que ¡°se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos¡±.
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