Sa?a contra una mujer transg¨¦nero: ¡°Me encerraron en una c¨¢rcel para hombres¡±

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¡°Nicaragua es un Estado polic¨ªaco y el Gobierno depende de su polic¨ªa pol¨ªtica para sostenerse¡±

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Tres disparos en la puerta de su casa despertaron a Kysha L¨®pez y su pareja a las 6:30 de la ma?ana de aquel 9 de julio. ¡°Vienen por m¨ª¡±, fue lo primero que dijo Eddy Gertrudis. ¡°Protestar no es delito¡±, respondi¨® Kysha, mientras se levantaba de la cama, cubri¨¦ndose el cuerpo con una toalla blanca.

Al bajar las escaleras ¡ªla mujer menuda, delgada y pelirroja de 28 a?os¡ª se encontr¨® con una escena que solo hab¨ªa visto en sus telenovelas favoritas: adentro de la vivienda, al menos una docena de polic¨ªas y paraestatales con armas de alto calibre se desplegaban por toda la primera planta, afuera, otro nutrido grupo de oficiales y antidisturbios rodeaba el per¨ªmetro.

¡ª?Qu¨¦ les pasa, acaso estamos en Sin senos s¨ª hay para¨ªso?¡ª le dijo Kysha a los oficiales, a varios de los cuales reconoci¨® porque eran sus clientes, a quienes les prestaba dinero a pagar en cuotas.

¡ªEso lo hubieras pensado antes de meterte con este negro hijuelagranputa que nos anduvo volando verga¡ª le respondieron.

No hubo m¨¢s tiempo para di¨¢logos.

Los oficiales golpearon a Kysha, y su pareja. A ¨¦l se lo llevaron primero, a bordo de una camioneta. A Kysha la retuvieron en su casa, le confiscaron los ahorros de su vida y la hicieron que se subiera a la patrulla, desnuda, hasta llegar a la delegaci¨®n policial. All¨ª la exhibieron ante los dem¨¢s: era una mujer transg¨¦nero.

Tres meses antes de la detenci¨®n, hab¨ªan estallado en Nicaragua las protestas antigubernamentales y la subsecuente represi¨®n estatal ejecutada por polic¨ªas y grupos paraestatales. Desde Diriamba, en el departamento de Carazo, localizada a unos 45 kil¨®metros al sur de Managua, Eddy Gertrudis, de 26 a?os, se uni¨® al movimiento ¡°azul y blanco¡±, el de los manifestantes, y tom¨® un papel m¨¢s activo tras el asesinato de uno de sus amigos. Kysha se limitaba a compartir algunos pensamientos en su muro de Facebook.

Para defenderse de los ataques armados, los manifestantes establecieron bloqueos de carreteras en varias ciudades del pa¨ªs. El 8 de julio, un comando letal conformado por polic¨ªas en conjunto con paraestatales armados lleg¨® a Carazo. Era la ¡°Operaci¨®n Limpieza¡±. No qued¨® un solo bloqueo de camino, o barricada, pero s¨ª corri¨® mucha sangre: 38 personas fueron asesinadas ese d¨ªa, seg¨²n cifras del Centro Nicarag¨¹ense de Derechos Humanos?(CENIDH). Por eso, cuando al siguiente d¨ªa Eddy Gertrudis escuch¨® las tres detonaciones en la puerta de su casa, supo que hab¨ªan llegado por ¨¦l. Los armados hab¨ªan empezado a apresar a quienes no hubieran alcanzado las balas.

Estas detenciones, sin embargo, violaron las leyes nicarag¨¹enses. El art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n de ese pa¨ªs establece que ¡°nadie puede ser sometido a detenci¨®n o prisi¨®n arbitraria, ni ser privado de su libertad¡±, a menos que ocurran dos circunstancias: que exista una orden de un juez o de una autoridad facultada, o que se encuentre a la persona cometiendo un delito.

Seg¨²n los datos analizados, solamente se tiene constancia de que un 6% de 311 personas procesadas por su vinculaci¨®n a las protestas, hubieran sido detenidas previa autorizaci¨®n de un juez. Otra autoridad facultada para ordenar una captura son los jefes de delegaciones policiales, pero solamente dentro de las 12 horas despu¨¦s de conocer un hecho delictivo. Diversos abogados defensores nicarag¨¹enses aseguraron que este recurso permiti¨® que algunos jefes de delegaciones policiales crearan ¨®rdenes de detenciones falsas, posteriores a la captura, para presentarlas ante el juez y dar visos de legalidad al proceso. Esta circunstancia, no obstante, no pudo ser comprobada.

Las capturas, realizadas casi siempre por oficiales de polic¨ªa, paraestatales, o ambos grupos en conjunto, fueron calificadas por un grupo de expertos de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como cr¨ªmenes de lesa humanidad, al encontrar que se trat¨® de ¡°una pol¨ªtica de encarcelar manifestantes y personas definidas como opositores al r¨¦gimen¡±. Fue un delito, se?alan los expertos, porque no hubo ¨®rdenes de aprehensi¨®n, las realizaban ¡°en condiciones inhumanas¡±, no les hicieron saber sus derechos a las personas detenidas, y negaban a sus familiares la informaci¨®n de su paradero.

Kysha fue trasladada a dos delegaciones policiales en Carazo y posteriormente a la Direcci¨®n de Auxilio Judicial en Managua. Estuvo tres d¨ªas detenida hasta que el 12 de julio de 2018 fue presentada junto a su pareja y dos de sus vecinos, ante Abelardo Alvir Ramos, un juez de la capital.

La Constituci¨®n nicarag¨¹ense establece que cualquier detenido debe ser llevado al juzgado en un plazo m¨¢ximo de 48 horas despu¨¦s de su captura o dejado en libertad. En este caso, aunque el plazo ya hab¨ªa caducado y los acusados segu¨ªan en prisi¨®n, el juez Ramos admiti¨® la acusaci¨®n y continu¨® con el proceso. Las actas analizadas revelan que en el 87% de los casos, los detenidos fueron presentadas al juez entre 3 y 124 d¨ªas despu¨¦s de su captura, unos tiempos que hubieran sido suficientes para invalidar el proceso legal.

Abogados penalistas consultados describieron tres posibles razones por las que no se cumpli¨® el plazo que establece la ley: para ocultar los golpes o complicaciones propinados a los acusados en el momento de la captura, para continuar con los interrogatorios, y para darle m¨¢s tiempo para presentar la acusaci¨®n a la Fiscal¨ªa, desbordada con la cantidad de detenidos.

Financiar al "terrorismo"

A Kysha y Eddy Gertrudis se les acus¨® de financiar al terrorismo; a Eddy y los otros dos acusados de terrorismo, de haber atacado con armas restringidas una delegaci¨®n policial con el objetivo de asesinar a 28 oficiales all¨ª resguardados y, una vez los oficiales abandonaron el lugar, de haberla saqueado y quemado. La fiscal Catalina Hern¨¢ndez dijo que estos tres hombres actuaron en conjunto con otras 90 y 100 personas, pero nunca identificaron a los dem¨¢s. Tampoco se present¨® un organigrama de la supuesta banda terrorista, como se har¨ªa normalmente en un caso de crimen organizado.

Tras la acusaci¨®n, los remitieron a todos a la c¨¢rcel de hombres conocida como La Modelo. Kysha, en su condici¨®n de mujer transg¨¦nero, hubiera preferido una c¨¢rcel de mujeres. As¨ª lo explica en entrevista tras ser liberada tras meses de encierro: "La c¨¢rcel?La Esperanza?es el lugar que me correspond¨ªa porque mi cuerpo no era igual al de ellos. Ya mi fisionom¨ªa era muy distinta y si me hubiese golpeado una mujer en vez de un hombre, tal vez no hubiera quedado tan mal de las costillas".

Kysha y Eddy Gertrudis tambi¨¦n fueron v¨ªctimas de un allanamiento ilegal, pues no hab¨ªa una orden del juez para ingresar a su vivienda. La investigaci¨®n revel¨® que otras 65 personas reportaron haber sido allanadas por la fuerza. Kysha, quien adem¨¢s de prestar dinero vend¨ªa joyas, cosm¨¦ticos y productos de belleza, asegur¨® que los polic¨ªas y paraestatales saquearon toda su mercader¨ªa. Legalmente, los polic¨ªas deb¨ªan haberse llevado las pruebas relacionadas con el supuesto delito, y de haber encontrado pruebas s¨®lidas, seguido un protocolo para recopilar pruebas incontaminadas.

En la acusaci¨®n se justificaron las detenciones y allanamientos como procedimientos ¡°urgentes¡±, se alteraron las horas de los hechos y se omiti¨® la presencia de agentes paraestatales.

La juez que asumi¨® el juicio, Adela Cardoza, asegur¨® que el allanamiento fue legal, aunque no hubo orden judicial, porque ¡°se actu¨® en persecuci¨®n actual de delincuentes¡±, pero ninguno de los 6 oficiales que participaron del allanamiento y testificaron en juicio mencion¨® dicha persecuci¨®n. Uno de esos testigos incluso afirm¨® que los allanamientos se realizaron en el orden inverso del que describ¨ªa la acusaci¨®n.

La juez destac¨® la ¡°consistencia y veracidad¡± de las declaraciones de agentes de polic¨ªa y peritos que pasaron a testificar, mientras que al relato de Kysha, la ¨²nica de los acusados que fue interrogada en juicio, lo califica de impregnado de ¡°falsedades¡± y carente de ¡°elementos de credibilidad¡±.

¡°Me llegu¨¦ a sentir como una villana, aunque yo no mato ni una mosca¡±, recuerda Kysha. A ella la sentenciaron a 40 a?os de prisi¨®n y a Eddy Gertrudis a 70. ¡°Jam¨¢s pens¨¦ vivir una historia como la que mi abuela me contaba sobre Somoza, nunca me imagin¨¦ nada de esto¡±, agrega.

La abogada del caso, Carla Sequeira, sostiene que la Fiscal¨ªa no logr¨® demostrar que su defendida financiaba actos terroristas: no presentaron comprobantes de remesas ni dep¨®sitos bancarios, ni fotograf¨ªas de ella entregando el dinero, o testimonios de quienes habr¨ªan recibido el supuesto financiamiento. La Fiscal¨ªa tampoco logr¨® probar que Eddy realizara los supuestos delitos utilizando un arma AK-47 y un arma corta, pues no present¨® dichas armas como prueba. ¡°Eso deber¨ªa cuestion¨¢rselo a su cliente... porque no la entreg¨® a los oficiales que allanaron¡±, fue la justificaci¨®n de la juez Cardoza sobre esa deficiencia. ¡°Lo extra?o es que a pesar de todas las contradicciones que exist¨ªan en el proceso judicial, la judicial los condena sin mayor fundamentos, sin mayores pruebas¡±, reflexiona Sequeira.