¡°Los excombatientes entregaron las armas. Ahora deben entregar la verdad y han comenzado a hacerlo¡±

Eduardo Cifuentes lleva tres meses al frente de Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un tribunal que la semana pasada afront¨® el momento m¨¢s crucial desde que empezara a funcionar, en 2017. El presidente del sistema de justicia encargado de investigar y juzgar los cr¨ªmenes m¨¢s graves perpetrados durante la guerra reflexiona, en declaraciones a EL PA?S, sobre la importancia de la imputaci¨®n de la antigua c¨²pula de las FARC. Sus palabras son al mismo tiempo una fotograf¨ªa del clima que vive el pa¨ªs, que hace poco m¨¢s de cuatro a?os se parti¨® en dos ante los acuerdos que lograron poner fin a medio siglo de conflicto armado y llevaron a la desmovilizaci¨®n de la guerrilla, hoy convertida en partido pol¨ªtico.

El magistrado naci¨® en 1954 en Popay¨¢n, en el Cauca, uno de los departamentos m¨¢s golpeados por la violencia, y tiene un largo recorrido como jurista. Integr¨® la Corte Constitucional, fue defensor del Pueblo y abogado. En noviembre sustituy¨® a Patricia Linares como m¨¢ximo responsable de la JEP, un fuero surgido en virtud de los acuerdos de La Habana alcanzados por el expresidente Juan Manuel Santos que tiene como prop¨®sito el esclarecimiento de la verdad y la reparaci¨®n de las v¨ªctimas. A cambio de admitir las atrocidades cometidas, el tribunal contempla para los condenados penas alternativas, sean ellos exguerrilleros o militares. La llamada Sala de Reconocimiento de la jurisdicci¨®n instruye siete grandes procesos y el 28 de enero -dos a?os y medio despu¨¦s de que los antiguos jefes de las FARC, encabezados por Rodrigo Londo?o, alias Timochenko, se sentaran en el banquillo- imput¨® a ocho excomandantes por secuestro, una de las pr¨¢cticas sistem¨¢ticas de la organizaci¨®n insurgente que m¨¢s rechazo provocaron en la sociedad.

Cifuentes es consciente de su responsabilidad, mide sus palabras y pide contestar por escrito a las preguntas. La paz en Colombia todav¨ªa divide a la clase pol¨ªtica. El actual presidente, Iv¨¢n Duque, intent¨® reformar la JEP, aunque el Constitucional no se lo permiti¨®, y la de derecha radical del partido de Gobierno, el Centro Democr¨¢tico, encabezada por el exmandatario ?lvaro Uribe, no ha dejado de presionar a la corte pidiendo su desmantelamiento. El magistrado enfatiza que la misi¨®n de la JEP es precisamente evitar la impunidad y defiende que ¡°los excombatientes de las FARC entregaron las armas. Ahora lo que deben entregar es la verdad y han comenzado a hacerlo, pues esta primera decisi¨®n tambi¨¦n se ha alimentado de sus primeras versiones libres¡±.

Pregunta. ?Cu¨¢l es su reflexi¨®n sobre el fallo de imputaci¨®n a la antigua c¨²pula de las FARC?

Respuesta. El acuerdo de paz est¨¢ vivo y se aplica. El auto de imputaci¨®n es una decisi¨®n trascendental para el proceso de transici¨®n a una paz estable y duradera en Colombia. La historia colombiana se caracterizaba porque los procesos de paz terminaban con la desmovilizaci¨®n de los actores armados y con amnist¨ªas incondicionadas por los cr¨ªmenes cometidos. La f¨®rmula ha tenido que cambiar. Ahora es paz sin impunidad. Nunca en la historia judicial del pa¨ªs hab¨ªamos tenido una causa judicial de esta magnitud, en la que se documentara de una manera tan exhaustiva un crimen cometido por una organizaci¨®n armada y que se seleccionaran los m¨¢ximos responsables de esa forma de criminalidad. Este es el primer resultado en todo este trabajo que viene haciendo la JEP para mostrar la naturaleza degradada del conflicto armado en Colombia y los da?os causados a su poblaci¨®n. Esperamos poco a poco ir mostrando c¨®mo fue ese camino hacia el horror que vivieron las v¨ªctimas y poder nombrar el mal y conjurarlo.

P. ?Pero qu¨¦ significado y alcance tiene para la sociedad colombiana?

R. Esta vez, gracias a la JEP, las atrocidades del conflicto no pasar¨¢n. Se comienza a desmontar la impunidad que se hab¨ªa asumido como algo normal en el paisaje colombiano. Colombia es un pa¨ªs en el que el ¨ªndice de impunidad es muy alto. Hace muchos a?os se hablaba de una cifra cercana al 95% de impunidad. En el caso de las graves violaciones a los derechos humanos nos hab¨ªamos acostumbrado a que no se conoc¨ªan los responsables y a que las v¨ªctimas jam¨¢s recib¨ªan justicia. La impunidad, como lo han mostrado muchos estudios hechos en Colombia, es una de las causas principales de la violencia en el pa¨ªs. Ante la falta de justicia estatal, las personas acud¨ªan a formas privadas de hacer justicia, con lo cual se incrementaba el n¨²mero de v¨ªctimas y se erosionaba la legitimidad del Estado y su propia soberan¨ªa. La JEP, en poco tiempo, ha logrado mostrar que es posible hacer justicia respecto de los cr¨ªmenes internacionales cometidos. Pero no basta con el conocimiento de los hechos. Eso es lo que acaba de aportar la JEP con esta providencia judicial. Ahora lo que se necesita es el acto de reconocimiento de los comparecientes imputados. Si este no se da se ha se?alado que entonces podr¨¢n enfrentar, si son condenados al agotar un procedimiento adversarial, penas hasta de 20 a?os de prisi¨®n.

P. La JEP empez¨® a instruir los casos hace dos a?os y medio. ?Qu¨¦ balance hace del trabajo de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz?

R. Esta es una jurisdicci¨®n que ha surgido en un entorno muy dif¨ªcil, con ataques desde diversos sectores y con intentos fallidos de modificarla o de eliminarla del todo. Como jueces deb¨ªamos, en cambio, concentrarnos exclusivamente en nuestra misi¨®n de investigar y sancionar los m¨¢ximos responsables de los m¨¢s graves cr¨ªmenes cometidos en el conflicto colombiano. Para comenzar, se aplic¨® una l¨®gica de cr¨ªmenes de sistema y se abrieron siete macrocasos, que involucran una may¨²scula macrovictimizaci¨®n. A esta primera decisi¨®n seguir¨¢n otras que igualmente expondr¨¢n las m¨¢s graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El balance del trabajo de la JEP necesita m¨¢s tiempo para decantarse, puesto que de lo que se trata es que aflore tanto en la sociedad como en los individuos una genuina conciencia humanitaria y una transformaci¨®n que ponga fin a la repetici¨®n de ciclos de violencia, sea esta pol¨ªtica o de cualquier tipo. El rechazo a las atrocidades que ha desencadenado esta primera decisi¨®n, va en esa direcci¨®n.

P. ?Y qu¨¦ disposici¨®n han encontrado por parte de los exguerrilleros?

R. Ellos tienen 30 d¨ªas h¨¢biles para estudiar el auto y adoptar una decisi¨®n respecto al mismo. Si optan por reconocer su responsabilidad, pueden acceder a las sanciones propias, que son sanciones restrictivas de la libertad, de 5 a 8 a?os, y que tienen una finalidad restaurativa. Pero si optan por no reconocer, pasan al proceso adversarial? en el que la Unidad de Investigaci¨®n y Acusaci¨®n evaluar¨¢ el caso y podr¨¢ acusar, si la evidencia as¨ª lo indica, ante el tribunal. Si los comparecientes son vencidos en juicio pueden enfrentar una pena de 15 a 20 a?os de prisi¨®n. Los excombatientes de las FARC entregaron las armas. Ahora, lo que deben entregar es la verdad y han comenzado a hacerlo, pues esta primera decisi¨®n tambi¨¦n se ha alimentado de sus primeras versiones libres, las cuales han sido contrastadas por la JEP. Si la voluntad de decir la verdad y asumir la responsabilidad se mantiene se asegura en gran medida el ¨¦xito del proceso de implementaci¨®n de la paz y se abre una avenida de reconciliaci¨®n apelando a la justicia restaurativa en la que las v¨ªctimas son protagonistas centrales. Las imputaciones hechas se sostienen en una verdad que no oculta la gravedad de los hechos, dado que solo as¨ª se puede esperar un reconocimiento de la responsabilidad que est¨¦ a la altura de los da?os y sufrimientos infligidos a las v¨ªctimas y que delimite con justicia el espacio donde debe operar ¨C esa es nuestra esperanza¡ªla reconciliaci¨®n nacional.

P. ?C¨®mo avanzan esos macrocasos?

R. Existen siete macrocasos en la Sala de Reconocimiento. Los otros van avanzando a un buen ritmo y esperamos que tambi¨¦n en ellos se dicten autos de determinaci¨®n de hechos y conductas en un tiempo breve. Pero tambi¨¦n hay l¨ªneas de investigaci¨®n que se han abierto o est¨¢n a punto de abrirse, como son los de violencia sexual, desaparici¨®n forzada, desplazamiento, afectaciones a los pueblos ind¨ªgenas, entre otras. Es decir, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz sigue trabajando duramente para poder darle a las v¨ªctimas y en general a la poblaci¨®n colombiana un relato judicial final de lo sucedido en el conflicto colombiano, con la determinaci¨®n de los m¨¢ximos responsables de los cr¨ªmenes cometidos.

P. ?Qu¨¦ opini¨®n le merecen las presiones de esos sectores pol¨ªticos?

R. Los colombianos est¨¢n alinderados con la paz. Algunos sectores pol¨ªticos pueden no sentirse c¨®modos o incluso sentirse intimidados con las instituciones creadas por el acuerdo de paz, como es la JEP. Pero me queda dif¨ªcil pensar que est¨¦n contra la paz y la verdad. Aspiro a que los cr¨ªticos terminen por entender que las verdades criminales del conflicto ya no se pueden ocultar y que a las v¨ªctimas que son m¨¢s de nueve millones de colombianos no se les podr¨¢ expropiar su derecho a la justicia. Para las v¨ªctimas la JEP es la ¨²ltima oportunidad de justicia, y no les vamos a fallar. Para los perpetradores que admiten toda la verdad y asumen la responsabilidad, la JEP es tambi¨¦n dentro del pa¨ªs la ¨²ltima oportunidad de rehacer su existencia y de reconciliarse con las v¨ªctimas y la democracia.

P. Le pido una reflexi¨®n desde el lugar que ocupa en la JEP, que es una instituci¨®n cuyo trabajo busca la reconciliaci¨®n. ?C¨®mo cambiado el pa¨ªs desde la firma de los acuerdos?

R. El componente de justicia del acuerdo de paz es fundamental para alcanzar una democracia s¨®lida y fuerte, que vele por los derechos de las personas que viven en Colombia. Nuestro horizonte de actuaci¨®n es la protecci¨®n de los derechos de las v¨ªctimas. Para ello debemos averiguar la verdad de lo ocurrido. Sin verdad no puede haber justicia y sin saber qu¨¦ fue lo que pas¨® no se pueden establecer las medidas para garantizar la no repetici¨®n. La verdad puede ser incomoda para muchos sectores, pero es nuestro trabajo develar lo sucedido. Poco a poco nos acercamos a la verdad completa de lo sucedido, a las causas estructurales del conflicto, a los terceros que lo promovieron o financiaron, a quienes tienen la m¨¢xima responsabilidad de lo sucedido. Sin esta determinaci¨®n de responsabilidad la reconciliaci¨®n no es posible. Las v¨ªctimas pueden, si as¨ª lo consideran, perdonar, pero antes deben saber a qui¨¦n. Reci¨¦n firmado el acuerdo final de paz hubo una reducci¨®n importante de la criminalidad en Colombia, incluso el n¨²mero de muertes de soldados se redujo casi a cero.

Eduardo Cifuentes reflexiona finalmente sobre uno de los principales riesgos que afronta la estabilidad en Colombia: matanzas, asesinatos de l¨ªderes sociales, amenazas y persecuci¨®n.

La violencia encuentra la forma de resurgir, y en el 2019, seg¨²n datos de Naciones Unidas, hubo 36 masacres y 133 personas asesinadas en ellas. En lo que va corrido del 2021 se han presentado 6 masacres y 5 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP. Esto hace que este a?o sea el inicio de a?o m¨¢s violento desde que se firm¨® el acuerdo de paz. Pese a ello confiamos en que se nuestro trabajo contribuya a develar las causas estructurales de la violencia y que el Gobierno colombiano proteja de manera efectiva a las v¨ªctimas, lideres y lideresas sociales y a los excombatientes. Tenemos confianza en que nuestro trabajo contribuya a fortalecer la democracia en Colombia, pero para poder lograrlo se requiere un esfuerzo mancomunado del Estado colombiano. Aparte de la justicia que puede proveer la JEP, la poblaci¨®n m¨¢s afectada por el conflicto y los territorios que vivieron una violencia extrema, demandan el cumplimiento real y efectivo de las reformas socioecon¨®micas plasmadas en el acuerdo de paz. En particular, se impone la reforma rural. Podemos emitir miles y miles de decisiones judiciales, pero si los Gobiernos no toman en serio la lucha contra la desigualdad en el campo, la no repetici¨®n de las atrocidades puede no ser sino una quimera.