Los procesos a expresidentes en Am¨¦rica Latina, un desaf¨ªo para la credibilidad de la justicia
Las investigaciones a mandatarios y exmandatarios plantean, de M¨¦xico a Brasil o Argentina, un debate sobre la independencia judicial, la impunidad y la persecuci¨®n
Unos enarbolan los valores de la justicia. Otros, los afectados y sus seguidores, solo hablan de persecuci¨®n. En medio, mucho ruido y unas instituciones que a menudo quedan en entredicho. De M¨¦xico a Argentina, pasando por Brasil, Ecuador, Bolivia, Per¨² o Colombia, dejar el poder en Am¨¦rica Latina supone de forma casi autom¨¢tica acabar en el banquillo. Cada caso es distinto, as¨ª como lo es el alcance de las investigaciones o la gravedad de las imputaciones, pero el fen¨®meno es transversal y plantea un debate en torno a la independencia judicial, la impunidad y las interferencias de la pol¨ªtica.
La reciente anulaci¨®n de las condenas de Lula da Silva en Brasil, confirmadas esta semana por la Corte Suprema, es el ¨²ltimo ejemplo de una tendencia que pone a prueba, o mina en el peor de los casos, la credibilidad de los tribunales. La premisa general es, en toda la regi¨®n, el arraigo de la corrupci¨®n que durante d¨¦cadas ha convivido con los estamentos de poder y carcomido el sistema. Y que ha socavado la confianza de unas sociedades que, cada vez m¨¢s divididas, acaban entreg¨¢ndose a sus convicciones pol¨ªticas dando la espalda al Estado de derecho. Estos son los principales esc¨¢ndalos judiciales que afectan o han involucrado a los expresidentes latinoamericanos.
Brasil
La prisi¨®n ¡ªy posterior anulaci¨®n de la condena¡ª del expresidente Lula da Silva expuso a la justicia brasile?a ante el mundo. Lula, seg¨²n la operaci¨®n Lava Jato, era el mayor beneficiario de un entramado de corrupci¨®n que se instal¨® en Petrobras. La pena de c¨¢rcel en su contra fue exhibida en 2018 como un trofeo por la investigaci¨®n, que sacudi¨® la pol¨ªtica del pa¨ªs durante cuatro a?os. En 2021, es el l¨ªder del Partido de los Trabajadores quien pone contra las cuerdas el caso, tras la revelaci¨®n de un centenar de mensajes que revelan una colaboraci¨®n entre la Fiscal¨ªa y el juez del caso, Sergio Moro, para condenar a Lula.
La Lava Jato perdi¨® fuerza y prestigio. El presidente Jair Bolsonaro tampoco bram¨® contra el fin de la operaci¨®n. Las investigaciones sobre lavado de dinero en contra de su hijo senador, Flavio Bolsonaro, han llevado el presidente a abandonar el discurso que le hizo ganar las elecciones. ¡°Yo le puse fin a la Lava Jato porque no hay m¨¢s corrupci¨®n en el Gobierno¡±, dijo el mandatario el pasado mes de octubre. Un giro en la trama del pol¨ªtico que gan¨® las elecciones tras convencer a los brasile?os que luchaba contra los desv¨ªos del poder, a punto de invitar al juez Moro a ser su ministro de Justicia. Moro dej¨® la magistratura y al cabo de poco m¨¢s de un a?o, dej¨® el Gobierno acusando al presidente de influir en la Polic¨ªa Federal.
Hoy, Bolsonaro se aferra a su cargo rodeado de aliados en el Parlamento investigados por Lava Jato. La operaci¨®n que agit¨® la pol¨ªtica brasile?a surgi¨® en la estela de otro gran caso judicial, el llamado esc¨¢ndalo del mensal?o (una red de sobornos a parlamentarios para que apoyasen proyectos del Ejecutivo en 2005, durante el primer Gobierno de Lula), y est¨¢ lejos de ser la primera en caer a manos del Tribunal Supremo Federal.
La longevidad de la Lava Jato hizo creer que tendr¨ªa un destino diferente al de otras operaciones judiciales que acosaron a empresarios y pol¨ªticos, siempre anuladas por cuestiones t¨¦cnicas. El sentimiento de impunidad se vio interrumpido por el juicio del mensal?o, en que varios pol¨ªticos del PT fueron presos, pero Lula no fue acusado. Fue durante las decenas de sesiones del juicio de mensal?o en 2012, todas televisadas en directo, que la poblaci¨®n empez¨® a conocer a los ministros de la Corte Suprema por su nombre.
La influencia del poder judicial en la pol¨ªtica brasile?a se hizo patente en seguida con la operaci¨®n Lava Jato que empez¨® en 2013. Los magistrados del Supremo pasaron a rebatir las decisiones del Ejecutivo con sentencias expresadas y se?alamientos de juicios politizados.. A menudo, los jueces conceden entrevistas para mandar sus recados a la sociedad.
M¨¦xico
En M¨¦xico, la cruzada contra el expresidente Enrique Pe?a Nieto (2012-2018) y su entorno se ha ido estrechando conforme la Fiscal¨ªa revisa el sexenio en el poder del hombre que estaba llamado a renovar el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobern¨® M¨¦xico ininterrumpidamente por m¨¢s de 80 a?os y hasta el a?o 2000. La ficha clave por la que empez¨® a caer el domin¨® de actos de corrupci¨®n por los que se ha se?alado al exmandatario y a su entorno es Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex y quien fuera su jefe de campa?a.
A Lozoya, quien fue extraditado de Espa?a en agosto pasado, se le ha acusado de ser el cerebro de la red de sobornos millonarios de la constructora brasile?a Odebrecht en M¨¦xico. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscal¨ªa, confes¨® que se repartieron maletas de dinero de la empresa para la campa?a electoral. Dijo tambi¨¦n hubo sobornos para que varios diputados apoyasen la reforma energ¨¦tica con la que Pe?a Nieto quer¨ªa abrir el sector a empresas privadas. El expresidente, que en la actualidad vive en Madrid, no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra. Por el momento, la Fiscal¨ªa s¨®lo ha pedido la detenci¨®n del que fuera su ministro de Hacienda y despu¨¦s de Exteriores, Luis Videgaray, por ese caso pero ha dejado claro que el exmandatario los utiliz¨® tanto a ¨¦l como a Lozoya como ¡°instrumentos¡±.
Otros ministros de su gabinete han ca¨ªdo en manos de la justicia. Rosario Robles, quien estuvo al frente de las secretar¨ªas de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, est¨¢ encarcelada de manera preventiva por su supuesta implicaci¨®n en la megatrama de corrupci¨®n conocida como La Estafa Maestra, un desfalco millonario de fondos p¨²blicos. Y a finales del a?o pasado cay¨® tambi¨¦n el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotr¨¢fico. En ese caso, tras una in¨¦dita extradici¨®n a M¨¦xico, fue exonerarlo.
Frente a las evidencias cada vez m¨¢s fuertes que relacionan a Pe?a Nieto y su entorno con diferentes delitos, el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha propuesto una pol¨¦mica consulta popular, que ya ha sido respaldada por la Suprema Corte, para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a cinco expresidentes.
Argentina
La Justicia no tiene buena imagen en Argentina. Su credibilidad cay¨® por debajo del 8%, menos de la mitad que una d¨¦cada atr¨¢s, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Observatorio de la Democracia Social Argentina. El Gobierno, lejos de frenar su descr¨¦dito, arremete contra un Poder Judicial al que acusa de estar politizado. Acaba de ganar una partida: la C¨¢mara Federal de Casaci¨®n Penal sobresey¨® el martes la causa denominada ¡°d¨®lar futuro¡± ¡ªen la que estaba acusada Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner¡ª , una de las m¨¢s d¨¦biles abiertas contra la exjefa de Estado argentina (2007-2015) y actual vicepresidenta. Para la oposici¨®n, los cambios que persigue el Ejecutivo tienen un ¨²nico objetivo: garantizar la impunidad judicial de Fern¨¢ndez de Kirchner.
¡°En marzo o abril de 2018, cuando ni pensaba en ser candidato, condenaron a Lula en Brasil, donde el juez (Sergio) Moro y los fiscales inventaron un caso para involucrarlo. Escrib¨ª una nota que se llam¨® ArgenLula para mostrar las similitudes con lo que pasaba en aquel momento en Argentina¡±, dijo en declaraciones radiales la semana pasada el presidente, Alberto Fern¨¢ndez.
¡°No tengo dudas de que ac¨¢ pas¨® algo que nunca hab¨ªa pasado: que el Poder Ejecutivo utiliz¨® a la Justicia para perseguir a los opositores. No tengo ninguna duda. Y as¨ª pas¨® con Lula, que se encontraron los emails entre el juez Moro y los fiscales en los que los apuraba para los fallos para que no fuera candidato. En la Argentina est¨¢n apareciendo cosas como esas: llamados, cruces telef¨®nicos y los emails en los que convocaban a la mesa judicial, que el ex presidente reconoci¨® que exist¨ªa¡±, continu¨® el presidente en referencia a la publicaci¨®n de supuestos encuentros del entonces presidente, Mauricio Macri, con jueces que ten¨ªan en sus manos una causa contra un grupo empresario af¨ªn al kirchnerismo.
De prosperar la reforma judicial que promueve el Gobierno, se diluir¨¢ el poder de los jueces federales: de los 12 magistrados actuales pasar¨¢n a ser 46. En este fuero est¨¢n las grandes causas contra Fern¨¢ndez de Kirchner, acusada de asociaci¨®n il¨ªcita, lavado de dinero, encubrimiento y administraci¨®n fraudulenta, entre otros presuntos delitos.
La vicepresidenta niega las acusaciones en su contra y se declara una perseguida judicial, una tesis avalada tambi¨¦n por el nuevo ministro de Justicia, Mart¨ªn Soria. ¡°Ella, que no tuvo nada que ver, que es inocente, que fue acusada medi¨¢tica, judicial y pol¨ªticamente porque eso es el lawfare, quiere que sea la misma justicia la que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada¡±, ha dicho Soria.
Algunas de las causas judiciales contra la vicepresidenta parecen tener una base poco s¨®lida, pero no as¨ª aquellas que investigan el r¨¢pido enriquecimiento de la familia Kircher durante sus 12 a?os en el poder. Sin embargo, es evidente que las causas vinculadas a los altos cargos pol¨ªticos toman br¨ªo o se ralentizan seg¨²n quien est¨¦ en la Casa Rosada, lo que aumenta el desprestigio de los jueces a ojos de una ciudadan¨ªa tambi¨¦n muy polarizada.
Per¨²
Para entender el problema de la corrupci¨®n de Per¨² basta decir que seis de los siete ¨²ltimos presidentes del pa¨ªs est¨¢n siendo investigados. Pero no solo eso. El sistema judicial, se entiende que encargado de ponerle el collar al perro, tambi¨¦n se vio envuelto en 2018 en un esc¨¢ndalo que destap¨® una mafia sist¨¦mica que inclu¨ªan el pago de sobornos a cambio de sentencias judiciales y el nombramiento irregular de jueces y fiscales. La sombra del delito amenaza todo el sistema institucional de un pa¨ªs en el que casi un cuarto de la poblaci¨®n no tiene acceso a agua potable y vive en la pobreza, pero la corrupci¨®n es percibido como el primer problema nacional.
Alberto Fujimori (1990-2000) est¨¢ preso por corrupci¨®n, adem¨¢s de por cr¨ªmenes contra los derechos humanos. Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynsky (2016-2018) est¨¢n acusados por pr¨¢cticas ilegales con la constructora brasile?a Odebrecht, un caso que tambi¨¦n acorral¨® a Alan Garc¨ªa (2006-2011), que se suicid¨® cuando iba a ser detenido. Mart¨ªn Vizcarra (2018-2020) est¨¢ siendo investigado por pagos irregulares. Solo Valent¨ªn Paniagua, presidente interino entre 2000 y 2001, se salva de estar bajo la lupa judicial.
En medio de este escenario, que habr¨ªa que extender a congresistas y alcaldes, la justicia ha actuado con dureza contra los exmandatarios afectados por el caso Odebrecht, cuyos efectos en la pol¨ªtica peruana se empezaron a conocer en 2017. Con todas las investigaciones a¨²n en marcha y sin condenas en firme, Toledo ha estado preso en EE UU y est¨¢ pendiente de una orden de extradici¨®n, Humala estuvo en prisi¨®n y Kuczynsky permanece bajo arresto domiciliario.
El sistema judicial, mientras las investigaciones siguen su curso, sigue pendiente de una reforma que la inestabilidad pol¨ªtica mantiene en pausa y que estar¨¢ en manos del pr¨®ximo presidente que salga elegido de las urnas.
Colombia
La combinaci¨®n de las palabras ¡±dirigente pol¨ªtico¡± y ¡°justicia¡± en Colombia suele dar el mismo resultado: ?lvaro Uribe. El expresidente ha concitado a partes casi iguales veneraci¨®n y odio entre la poblaci¨®n. Sus seguidores le ven como una v¨ªctima de la persecuci¨®n y el resto de los colombianos, no necesariamente adversarios o detractores, desean que se despejen las sombras en torno al hombre que gobern¨® durante una de las etapas m¨¢s oscuras de la guerra con las FARC, hoy extintas con la salvedad de peque?os grupos de disidentes.
Bajo sus dos mandatos, entre 2002 y 2010, las fuerzas militares cometieron m¨¢s de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos de civiles presentados despu¨¦s como guerrilleros ca¨ªdos en combate a cambio de beneficios. La cifra corresponde al c¨¢lculo la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), que en febrero triplic¨® la estimaci¨®n conocida hasta ese momento, elaborada por la Fiscal¨ªa.
El caso que llev¨® a Uribe al arresto domiciliario el pasado mes de agosto se enmarca en ese contexto hist¨®rico, pero tiene que ver con la supuesta manipulaci¨®n de testigos en un proceso sobre paramilitarismo que se inici¨® en 2012. La acusaci¨®n del dirigente izquierdista Iv¨¢n Cepeda buscaba demostrar v¨ªnculos del exmandatario con grupos paramilitares. Este le denunci¨® a su vez por supuesto complot, pero la justicia acab¨® archivando esa causa y abri¨® otra investigaci¨®n a Uribe. La instrucci¨®n pas¨® por la Corte Suprema, pero tras su detenci¨®n el expresidente, que ten¨ªa una curul en el Senado, decidi¨® renunciar a su cargo y as¨ª perdi¨® el aforamiento. El caso fue remitido as¨ª a la Fiscal¨ªa, que a principios de marzo pidi¨® a la justicia desestimar todo el expediente. Desde entonces, un juez examina si archiva la investigaci¨®n o llega a juicio.
M¨¢s all¨¢ a de las repercusiones jur¨ªdicas, el caso Uribe, al igual que su figura pol¨ªtica, lleva a?os dividiendo al pa¨ªs. Colombia acaba de salir de un conflicto armado de m¨¢s de medio siglo y el camino a la reconciliaci¨®n pasa por el principio de b¨²squeda de la verdad. La gravedad de las sospechas generadas en torno al exmandatario y de las acusaciones en su contra tiene que ver precisamente con el dolor de la guerra y con el anhelo de ampl¨ªsimos sectores de la sociedad de poder pasar p¨¢gina.
El actual mandatario, Iv¨¢n Duque, le ha defendido de forma constante. Como ¨¦l, rechaz¨® sin matices acuerdos de paz alcanzados por Juan Manuel Santos que llevaron a la desmovilizaci¨®n de las FARC. Uribe no est¨¢ dispuesto a admitir ninguna responsabilidad. La justicia est¨¢ a punto de determinar su futuro.
Ecuador
Fue uno de sus primeros mensajes al conocer los resultados de las elecciones, el pasado domingo, y lo repiti¨® el lunes en su primera comparecencia. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, prometi¨® que no habr¨¢ persecuci¨®n. ¡°Eso se ha terminado¡±, afirm¨® el veterano dirigente conservador. El pronunciamiento en s¨ª ser¨ªa ins¨®lito en condiciones de normalidad, as¨ª como lo ser¨ªa preguntarle al respecto en una rueda de prensa. Pero el pa¨ªs andino tiene un antecedente muy reciente.
El expresidente Rafael Correa es a¨²n una de las figuras m¨¢s influyentes de la pol¨ªtica ecuatoriana, pero ejerce ese poder desde el exterior por sus problemas con la justicia. En los ¨²ltimos cuatro a?os los tribunales llegaron a acumular una decena de causas en su contra y finalmente el a?o pasado el impulsor de la llamada ¡°revoluci¨®n ciudadana¡± fue condenado por cohecho. Correa reside en B¨¦lgica, el pa¨ªs de su esposa, y en una entrevista con EL PA?S asegur¨® que no le dejan regresar por miedo a que vuelva a presentarse y gane las elecciones.
Las investigaciones se abrieron cuando dej¨® el poder, en 2017, y pas¨® el testigo a su delf¨ªn, Len¨ªn Moreno. Moreno, que entregar¨¢ el poder en mayo a Lasso, gan¨® esos comicios porque se presentaba como candidato del corre¨ªsmo. Pero una vez instalado en el Palacio de Carondelet rompi¨® Correa, de quien hab¨ªa sido vicepresidente. Correa se neg¨® a volver al pa¨ªs para no enfrentarse a un proceso que considera eminentemente pol¨ªtico. Y opt¨® por seguir jugando en ese mismo terreno. Logr¨® impulsar una candidatura, encabezada por Andr¨¦s Arauz, quien gan¨® con holgura la primera vuelta de las elecciones en febrero, pero no logr¨® imponerse ante Lasso.
Con estas premisas, aunque el presidente electo ha asegurado que no habr¨¢ persecuci¨®n, el regreso Correa se complica porque, en cualquier caso, la justicia seguir¨¢ su curso.
Bolivia
La ¨²ltima gobernante de Bolivia, Jeanine ??ez, fue detenida hace un mes junto a otros representantes del gabinete interino que presidi¨® durante un a?o tras llegar al poder en medio de una convulsi¨®n social y tras el derrocamiento de Evo Morales. El l¨ªder ind¨ªgena renunci¨® entre acusaciones de fraude en las elecciones de octubre de 2019. Lo hizo al perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. Acto seguido, el expresidente abandon¨® el pa¨ªs, fue acogido en M¨¦xico y despu¨¦s se asil¨® en Argentina. Una de las primeras acusaciones que el Gobierno provisional de ??ez present¨® contra Morales fue ¡°sedici¨®n y terrorismo¡±. El pol¨ªtico no volvi¨® hasta que el pasado octubre su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), gan¨® de nuevo las elecciones y recuper¨® el poder. La expresidenta se encuentra hoy detenida preventivamente bajo esos mismos cargos: ¡°sedici¨®n y terrorismo¡±.
Este c¨ªrculo describe no solo una actuaci¨®n de la justicia cuestionada por varios organizaciones como Human Rights Watch (HRW); es tambi¨¦n la fotograf¨ªa de una sociedad rota y de una clase pol¨ªtica que prioriza la revancha a las urgencias reales del pa¨ªs. El presidente Luis Arce asegur¨® a EL PA?S tras triunfar en las urnas que no buscaba venganza. ¡°No queremos revancha en Bolivia, hay muchas cosas por hacer¡±, afirm¨®. El pol¨ªtico, con una trayectoria m¨¢s pragm¨¢tica que Morales, pas¨® de esas declaraciones a defender que la detenci¨®n de ??ez no es ni una venganza ni un gesto de ¡°odio¡±. ¡°Lo que nos mueve es un af¨¢n inquebrantable de justicia¡±, dijo.
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