Cientos de bancos europeos financian negocios en los asentamientos israel¨ªes en Cisjordania

Despu¨¦s de que Airbnb diera marcha atr¨¢s en 2019 a la decisi¨®n de dejar de ofrecer en su plataforma digital alojamientos en los asentamientos de Cisjordania, el fabricante de helados Ben&Jerry, tambi¨¦n estadounidense, anunci¨® el pasado julio que a partir de 2022 excluir¨¢ de la venta de sus productos a las colonias jud¨ªas. La econom¨ªa ha abierto un nuevo frente en el conflicto palestino-israel¨ª, marcado por m¨¢s de medio siglo de ocupaci¨®n. Una investigaci¨®n hecha p¨²blica este mi¨¦rcoles por una coalici¨®n de 23 organizaciones ¨¢rabes y europeas ha desvelado que 672 entidades de cr¨¦dito europeas financian empresas con negocios en los asentamientos desde hace cerca de cuatro a?os. Entre los bancos examinados por sus relaciones con 50 empresas que operan en colonias que han sido declaradas ilegales por la ONU figuran los principales bancos espa?oles. El informe no detalla si la inversi¨®n de estas entidades se destina a los proyectos de infraestructuras en los territorios ocupados o si solo financian a empresas que operan en esos territorios.

La publicaci¨®n en 2020 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una base de datos o lista negra de 112 empresas que hacen negocios en los asentamientos ¨Cen su mayor¨ªa israel¨ªes y estadounidenses¨C marc¨® un giro a la actividad empresarial en territorio palestino bajo ocupaci¨®n israel¨ª. Grandes fondos de pensiones como el noruego KLP (funcionarios locales) han retirado ya sus inversiones en compa?¨ªas con v¨ªnculos en las colonias.

El analista y activista belga sobre Oriente Pr¨®ximo Willem Staes es el coordinador de la campa?a No inviertas en la ocupaci¨®n (DBIO, por sus siglas en ingl¨¦s), lanzada por 23 organizaciones ¨¢rabes (palestinas y egipcias) y europeas (de B¨¦lgica, Pa¨ªses Bajos, Francia, Irlanda, Espa?a, Noruega y Reino Unido), que ha elaborado la investigaci¨®n desde finales de 2020. ¡°Somos una coalici¨®n de grupos que promocionamos los valores de los derechos humanos para tener incidencia pol¨ªtica¡±, explica desde Bruselas en una conversaci¨®n a trav¨¦s de Zoom, ¡°y que investigan las relaciones entre las empresas con intereses en los asentamientos israel¨ªes, declarados ilegales por el Consejo de Seguridad de la ONU, y las instituciones financieras de la Uni¨®n Europea¡±.

¡°Para ello hemos elaborado unas recomendaciones enfocadas a qu¨¦ pueden hacer los Estados europeos ante esta situaci¨®n y hemos ampliado la base de datos de la ONU¡±. Adem¨¢s de las 112 empresas analizadas por el Consejo de Derechos Humanos, la coalici¨®n DBIO ha incluido otras 18 compa?¨ªas europeas. ¡°Para identificarlas utilizamos los mismos criterios utilizados por Naciones Unidas sobre actividades que suscitan preocupaci¨®n en materia de derechos humanos¡±, aclara Staes.

Entre estas ¨²ltimas incorporaciones figuran dos firmas espa?olas: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y el grupo Actividades de Construcci¨®n y Servicios (ACS). La primera participa en la ampliaci¨®n del tren ligero de Jerusal¨¦n, en una l¨ªnea de tranv¨ªa que penetra en Jerusal¨¦n Este y Cisjordania. La segunda, a trav¨¦s de su filial Sociedad Espa?ola de Montajes Industriales (SEMI), electrific¨® la l¨ªnea f¨¦rrea de alta velocidad Tel Aviv-Jerusal¨¦n, que rebasa la L¨ªnea Verde ¡ªla divisoria trazada entre Israel y Cisjordania tras el armisticio de 1949¡ª y atraviesan el territorio ocupado por Israel desde 1967 en dos peque?os tramos en el valle de Latr¨²n.

El relator de la ONU sobre la situaci¨®n de los derechos humanos en Palestina, Michael Lynk, destaca que desde la promulgaci¨®n en 2011 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha elevado la exigencia sobre la implicaci¨®n del mundo de los negocios. ¡°Esas herramientas emergentes est¨¢n abriendo puertas a campa?as m¨¢s efectivas para responsabilizar a las empresas a trav¨¦s de un mejor compromiso corporativo y de informes transparentes¡±, argumenta Lynk en el prefacio del informe. ¡°Pero su aplicaci¨®n efectiva sigue siendo el tal¨®n de Aquiles del derecho internacional humanitario¡±, reconoce el jurista canadiense.

Otra responsable de la campa?a DBIO, la polit¨®loga Ines Abdel Razek, del Instituto de Diplomacia P¨²blica Palestina, adelanta desde Jerusal¨¦n que las conclusiones de la investigaci¨®n ser¨¢n remitidas a los Estados miembros de la UE y a comisiones del Parlamento Europeo relacionadas con actividades de las multinacionales. ¡°Este trabajo es una primera contribuci¨®n al debate sobre la implicaci¨®n de empresas y bancos en presuntas violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados¡±, resume.

Las 672 instituciones financieras europeas incluidas en el informe ofrecieron pr¨¦stamos o garantizaron l¨ªneas de financiaci¨®n (underwriting) a las 50 empresas analizadas, por su actividad econ¨®mica en los asentamientos israel¨ªes, por un total de cerca de 100.000 millones de euros (114.000 millones de d¨®lares) en el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2021. En ese mismo plazo tambi¨¦n se invirtieron 120.000 millones de euros (141.000 millones de d¨®lares) en acciones y bonos de algunas de estas firmas como Airbnb, Alstom, Cemex, Motorola, Siemens, Solvay, Tripadvisor o Volvo. Las 131 entidades financieras con mayor implicaci¨®n en los asentamientos fueron contactadas por los autores del informe, que recibieron respuesta de 24 de ellas.

Entre los 10 bancos europeos que m¨¢s financian a las compa?¨ªas que trabajan en los territorios (aunque no se aclara si el dinero se destina a los proyectos en las colonias) figuran los dos bancos espa?oles m¨¢s grandes: el Santander, con 4.750 millones de d¨®lares (4.068 millones de euros), y el BBVA (3.000 millones de d¨®lares, unos 2.570 millones de euros). El resto de las entidades financieras espa?olas tambi¨¦n aparecen en el informe aunque con cuotas mucho menores de pr¨¦stamos o aseguramiento previo, o de inversiones en acciones y bonos de empresas involucradas en los asentamientos.

Datos de fuentes econ¨®micas contrastadas

El activista Staes reconoce que ¡°es muy dif¨ªcil estimar el impacto econ¨®mico directo en los territorios ocupados de la financiaci¨®n ofrecida por las instituciones de cr¨¦dito¡±. El importe global de la financiaci¨®n se ha obtenido de fuentes econ¨®micas contrastadas, como Refinitiv (antes Thomson Reuters EIKON), Bloomberg y IJGlobal, pero no est¨¢ desagregado respecto a los asentamientos.

¡°Esperamos que la investigaci¨®n aporte m¨¢s claridad y transparencia para el p¨²blico, y que las entidades hagan p¨²blicas sus carteras y revisen sus inversiones¡±, apunta la analista Abdel Razek como el objetivo ¨²ltimo de la investigaci¨®n. ¡°Queremos establecer contactos con todas las compa?¨ªas implicadas y las instituciones financieras que las avalan para analizar cuestiones espec¨ªficas sobre los derechos humanos¡±, precisa.

En su opini¨®n, aunque existe una legislaci¨®n europea sobre blanqueo de capitales no hay una regulaci¨®n desarrollada en lo que concierne a actividad econ¨®mica y derechos humanos. ¡°Pa¨ªses como Francia tienen previstas auditor¨ªas sobre las empresas que operan en Xinjiang¡±, explica esta analista palestina, que ha sido asesora de la Uni¨®n por el Mediterr¨¢neo, sobre la situaci¨®n de la minor¨ªa musulmana de los uigures, que sufren la discriminaci¨®n el poder central de Pek¨ªn. M¨¢s de un mill¨®n de uigures y otras minor¨ªas ¨¦tnicas, seg¨²n organismos de la ONU, han sido internados en centros de reeducaci¨®n en China.

¡°No pretendemos que los directores de compa?¨ªas y bancos relacionados con los asentamientos se sienten en el banquillo de la Haya, como puede ocurrirles a pol¨ªticos y militares israel¨ªes si son investigados¡±, puntualiza Staes, responsable de la campa?a DBIO. La fiscal¨ªa del Tribunal Penal Internacional (TPI) abri¨® en febrero una investigaci¨®n contra Israel y Ham¨¢s por cr¨ªmenes de guerra en Palestina.

¡°El objetivo principal de este informe no es ofrecer una base de datos para el TPI, sino recomendaciones para que las empresas y entidades financieras asuman sus compromisos y pasen de las palabras a los hechos, y para que su dinero no acabe de forma equivocada en las colonias israel¨ªes. Tambi¨¦n buscamos en el plano pol¨ªtico que los Gobiernos y legisladores impulsen regulaciones sobre derechos humanos y despertar el inter¨¦s de la sociedad sobre la situaci¨®n en los territorios palestinos¡±, sostiene. El derecho humanitario internacional, como la Cuarta Convenci¨®n de Ginebra, proh¨ªbe al poder ocupante transferir a parte de su poblaci¨®n civil al territorio ocupado. Hoy en d¨ªa rige un doble rasero legal en Cisjordania: legislaci¨®n civil para los m¨¢s de 450.000 colonos de los asentamientos y ley marcial para 2,5 millones de palestinos.

Los promotores de la campa?a aseguran que ninguna de la 23 organizaciones de la coalici¨®n forma parte del movimiento propalestino Boicot, Desinversi¨®n y Sanciones (BDS), que busca que Israel ponga fin a la ocupaci¨®n de territorio palestino ocupado, en la l¨ªnea del movimiento internacional que se desarroll¨® hace m¨¢s de tres d¨¦cadas contra el r¨¦gimen sudafricano del apartheid. Israel replica que no se trata de territorios ocupados, sino de zonas en disputa sobre las que el pueblo jud¨ªo posee derechos hist¨®ricos. Campa?as internacionales de protesta como las que secunda el BDS son condenadas por el Gobierno israel¨ª como acciones marcadas por el antisemitismo y deslegitimadoras de la existencia misma del Estado jud¨ªo. La legislaci¨®n israel¨ª vigente proh¨ªbe el paso por sus puestos fronterizos a los extranjeros que promueven este movimiento y a quienes se hayan pronunciado en favor de sus objetivos.

Advertencia de vulneraci¨®n de la legalidad internacional

En el caso de la presencia de CAF en territorio palestino ocupado, el Ministerio de Asuntos Exteriores espa?ol asegur¨® en diciembre de 2020 que la empresa vasca hab¨ªa sido informada de que la obra del tren ligero de Jerusal¨¦n vulneraba la legalidad internacional, pues se construye sobre territorios ocupados por Israel seg¨²n Naciones Unidas. Eso no quiere decir que la empresa cometa una ilegalidad, ya que no existe ning¨²n embargo por parte de la ONU o la UE que el contrato vulnere. La ¨²nica medida comercial adoptada hasta ahora por los Veintisiete sobre las colonias israel¨ªes es la obligatoriedad desde 2015 del etiquetado con indicaci¨®n de origen para los productos importados desde los asentamientos, y no hace referencia a infraestructuras. No obstante, el Gobierno espa?ol avis¨® a CAF de que no podr¨ªa contar con avales p¨²blicos para financiar las obras. En esta ocasi¨®n, sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha querido realizar ning¨²n comentario ante la consulta de EL PA?S.

El Ministerio de Exteriores tambi¨¦n advirti¨® a CAF de que podr¨ªa ser incluida en la lista negra de empresas implicadas en negocios en los territorios ocupados, elaborada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahora la coalici¨®n DBIO la ha incluido de hecho en su lista ampliada de 130 empresas y entre las 50 investigadas por su financiaci¨®n con entidades europeas, de acuerdo con el art¨ªculo 17 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este precepto se?ala que, en raz¨®n de la debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos, se requiere que las compa?¨ªas ¡°se hagan cargo de los impactos adversos sobre los derechos humanos que puedan causar sus actividades, o que puedan estar directamente vinculados a sus operaciones, productos o servicios por sus relaciones comerciales¡±.

Se da la circunstancia de que la francesa Alstom, competidora directa de CAF, se retir¨® del proyecto de tren ligero de Jerusal¨¦n tras la publicaci¨®n de la lista negra de la ONU en febrero de 2020. Figurar en estas listas no tiene consecuencias jur¨ªdicas inmediatas, pero no es la mejor carta de presentaci¨®n en muchos pa¨ªses. La mayor parte de la comunidad internacional considera que los asentamientos israel¨ªes en territorio ocupado palestino carecen de toda legitimidad. La resoluci¨®n del Consejo de Seguridad 2334, aprobada en diciembre de 2016, estableci¨® por ¨²ltima vez que las colonias jud¨ªas constituyen una ¡°flagrante violaci¨®n del derecho internacional¡±. La medida fue aprobada tras ser votada por todos los miembros del Consejo, entonces bajo presidencia de turno espa?ola, excepto por EE UU, que se abstuvo en la recta final el mandato del presidente dem¨®crata Barack Obama, pero no ejerci¨® el tradicional derecho de veto en favor del Estado jud¨ªo. La resoluci¨®n 2334 exhort¨® adem¨¢s a todos los Estados a ¡°distinguir en sus relaciones entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967¡å.

Las instituciones financieras europeas ¡°deben ser conscientes del riesgo que corren¡± por estar vinculadas a los asentamientos israel¨ªes en territorio palestino ocupado y de sus responsabilidades seg¨²n el derecho internacional, los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales¡±, recomiendan los autores del informe. ¡°Los actores econ¨®micos privados tienen la responsabilidad de asegurarse de que no est¨¢n involucrados en violaciones del derecho internacional¡±, concluye la investigaci¨®n de la coalici¨®n, ¡°y de abordar cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos que surja de sus actividades¡±.

Con informaci¨®n de ??igo de Barr¨®n y Miguel Gonz¨¢lez

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