Guatemala inicia un juicio por corrupci¨®n contra el expresidente Otto P¨¦rez Molina

La justicia de Guatemala inici¨® un proceso contra el expresidente Otto P¨¦rez Molina, acusado de haberse enriquecido durante su mandato gracias a la formaci¨®n de una sofisticada red de contrabandos en las aduanas del pa¨ªs. El caso es conocido como La L¨ªnea y fue destapado por la ahora extinta Comisi¨®n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2015. Junto al general retirado tambi¨¦n es procesada la exvicepresidenta Roxana Badeltti. El proceso se lleva a cabo en un momento en que la justicia guatemalteca lucha por mantener su independencia.

Las investigaciones de la Cicig y la Fiscal¨ªa Especial Contra la Impunidad iniciaron en mayo de 2014, tras recibir denuncias de que varios grupos de importadores eran privilegiados con trato especial por parte de funcionarios de las aduanas, que permit¨ªan ingresar los productos burlando al fisco. En este entramado participaban una treintena de altos personajes del Estado, incluyendo al capit¨¢n retirado Juan Carlos Monz¨®n, quien era secretario privado de la vicepresidencia y directores de la Superintendencia de Administraci¨®n Tributaria, SAT. Como explicaron los investigadores en su momento, el caso fue denominado La L¨ªnea en referencia a un n¨²mero de tel¨¦fono que era el contacto de los defraudadores con los funcionarios que participaban en el entramado.

El destape gener¨® tal indignaci¨®n entre la poblaci¨®n, que desat¨® la llamada Revoluci¨®n de la Dignidad, con decenas de miles de guatemaltecos exigiendo la renuncia de los funcionarios corruptos. Presionado por las protestas, P¨¦rez Molina dimiti¨® el 3 de septiembre de 2015 y un d¨ªa despu¨¦s un juez local orden¨® presi¨®n preventiva en su contra. Roxana Baldetti fue capturada en agosto de 2014 en un hospital privado, donde se hab¨ªa refugiado argumentando problemas de salud. Este lunes, Baldetti volvi¨® a argumentar problemas de salud al argumentar que padece s¨ªntomas de covid-19 y que su presencia en los juzgados era un riesgo para los trabajadores.

El juicio contra ambos pol¨ªticos se celebra en el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde P¨¦rez Molina lleg¨® arropado por una treintena de personas y afirm¨® que espera demostrar su inocencia, porque no existen pruebas en su contra, informa Efe. Ambos son procesados por enriquecimiento il¨ªcito y otros cargos de corrupci¨®n.

El proceso contra los exmandatarios se da justo cuando han saltado las alarmas a nivel internacional por la persecuci¨®n de fiscales que en Guatemala luchan contra la corrupci¨®n. Una persecuci¨®n que ha hecho que varios de estos funcionarios tuvieran que exiliarse. Un informe de Human Rights Watch (HRW) alert¨® de que ¡°autoridades est¨¢n impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial¡±. El organismo cita el caso de Juan Francisco Sandoval, quien fue fiscal anticorrupci¨®n de Guatemala, pero debido a sus investigaciones, la fiscal general, Consuelo Porras, lo destituy¨® del cargo. Sandoval tuvo que dejar Guatemala rumbo a El Salvador casi de manera clandestina el 23 de julio, en un coche diplom¨¢tico, escoltado por el procurador de derechos humanos y el embajador de Suecia. El exfuncionario ahora vive en Washington, donde se ha refugiado junto a otros a cuatro juristas ¡ªjueces y fiscales¡ª reconocidos a nivel internacional por su lucha anticorrupci¨®n, que tuvieron que huir de Guatemala por presiones y amenazas. En Washington buscan protecci¨®n tambi¨¦n la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei Gonz¨¢lez y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras.

La persecuci¨®n de estos juristas preocupa a Estados Unidos, que a finales de julio decidi¨® congelar ¡°temporalmente¡± la cooperaci¨®n con el Ministerio P¨²blico de Guatemala. Washington ya hab¨ªa expresado su malestar ante la destituci¨®n de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses hab¨ªan elogiado su papel en la lucha contra la corrupci¨®n. ¡°En los ¨²ltimos a?os, las investigaciones realizadas por la CICIG (que termin¨® su mandato en 2018) y el Ministerio P¨²blico, pusieron al descubierto tramas de corrupci¨®n en los tres poderes del Estado. Sin embargo, medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio P¨²blico y otras autoridades obstaculizan que haya rendici¨®n de cuentas y amenazan la independencia judicial¡±, alerta HRW.

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