Las v¨ªctimas de la guerra aterrizan en el Congreso de Colombia

Guillermo Murcia teme por su seguridad, pero sigue firme en su inusual candidatura por un esca?o en el Congreso de la Rep¨²blica de Colombia en las elecciones del 13 de marzo. Campesino, agricultor y v¨ªctima de minas antipersonal en el convulso departamento de Arauca, la semana pasada fue secuestrado por varias horas en un paraje rural por guerrilleros armados del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), que sigue siendo un actor dominante en la regi¨®n cinco a?os despu¨¦s de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Su campa?a tambi¨¦n tuvo que sortear al final de la semana los tres d¨ªas de ¡°paro armado¡± que decret¨® el ELN, la ¨²ltima guerrilla activa en el pa¨ªs. ¡°Estuvo totalmente cerrado todo, la poblaci¨®n encerrada en sus casas¡±, relata por tel¨¦fono.

Arauca se ha convertido por en¨¦sima ocasi¨®n en 2022 en una zona de guerra. Murcia, de 39 a?os, la ha sufrido en carne propia. Candidato por una de las in¨¦ditas circunscripciones de paz, que cobija los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, ha tenido 18 cirug¨ªas reconstructivas desde que lo hiri¨® el estallido de una mina en 2005. En Colombia hay m¨¢s de nueve millones de v¨ªctimas del conflicto armado, y m¨¢s de 12.000 de minas antipersonal. Como representante de v¨ªctimas, tambi¨¦n estuvo en La Habana, sede de los di¨¢logos con las FARC, para hablar con los negociadores del Gobierno y de la insurgencia sobre la importancia de los esfuerzos de desminado, y tiene una reconocida trayectoria con oeneg¨¦s.

En muchas regiones todav¨ªa arde la guerra que Colombia intenta extinguir. El deterioro de la seguridad en la recta final del Gobierno de Iv¨¢n Duque ¨Cun cr¨ªtico de los acuerdos¨C incluye el asesinato de l¨ªderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC, as¨ª como el aumento de las masacres. Arauca es un ejemplo ilustrativo. Todas las violencias se han juntado en ese departamento atravesado por dos oleoductos, que no han impedido una historia de abandono estatal. En lo que va de este siglo vivi¨® una sangrienta arremetida paramilitar y un feroz enfrentamiento entre las FARC y el ELN. Despu¨¦s de la firma de la paz, el ELN sigui¨® en armas, y ahora tambi¨¦n se enfrenta a las disidencias que se apartaron del proceso. Un tercio de sus 300.000 habitantes ya eran v¨ªctimas registradas antes de este nuevo ciclo de violencia.

¡°Aqu¨ª nunca ha habido posconflicto. Sab¨ªamos que ser candidato a la curul especial iba a ser muy complicado, pero las comunidades no ten¨ªamos previsto una segunda guerra entre las guerrillas, eso dificulta much¨ªsimo m¨¢s hacer una campa?a pol¨ªtica para la paz en medio de un conflicto tan agudo¡±, valora Murcia, que se lamenta por la falta de garant¨ªas en un proceso ¡°enredado¡± y lleno de trabas. A pesar de todo, se mantiene optimista sobre la posibilidad de llegar al Capitolio Nacional, en el coraz¨®n de Bogot¨¢, para visibilizar que en su departamento ¡°las violaciones de derechos humanos son el pan de cada d¨ªa¡±.

El Congreso va a estrenar un n¨²mero in¨¦dito de lugares, con voces m¨¢s diversas. Las v¨ªctimas de un conflicto de m¨¢s de medio siglo compiten por primera vez por 16 esca?os especiales en la C¨¢mara de Representantes, reservados para ellas, en las legislativas. Representan algo m¨¢s del 10 % de la composici¨®n actual de la C¨¢mara. La campa?a, sin embargo, est¨¢ empa?ada por la violencia. El martes, otro aspirante a las circunscripciones, Yoad Ernesto P¨¦rez, tambi¨¦n fue retenido varias horas por el ELN en la regi¨®n del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

El acuerdo que firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC se propon¨ªa poner a las v¨ªctimas en el centro, instalarlas como las mayores beneficiar¨ªas de un pacto arduamente negociado en La Habana. De all¨ª naci¨® la idea de las ¡°curules de paz¡±, que han tenido que superar una larga cadena de obst¨¢culos y ver¨¢n la luz con cuatro a?os de retraso. Despu¨¦s de que una confusa votaci¨®n en el Senado en el 2017 provoc¨® una dilatada batalla jur¨ªdica, esa promesa de representaci¨®n finalmente se cumplir¨¢. La principal condici¨®n es que solo pueden postularse v¨ªctimas registradas. Los partidos est¨¢n vedados, al menos en teor¨ªa.

¡°Estas elecciones representan el esfuerzo m¨¢s importante de inclusi¨®n pol¨ªtica y electoral, a nivel poblacional y territorial desde la Constituci¨®n de 1991¡å, ha se?alado Alejandra Barrios, directora de la Misi¨®n de Observaci¨®n Electoral (MOE). Adem¨¢s de ampliar la representaci¨®n territorial en el legislativo, las curules de paz tambi¨¦n buscan aportar a las medidas de reparaci¨®n y no repetici¨®n contempladas en los acuerdos, as¨ª como construir puentes entre las comunidades y las instituciones del Estado.

¡°Como proceso electoral, sin embargo, no escapa a riesgos como la abstenci¨®n, la desconfianza y la cooptaci¨®n por parte de maquinarias pol¨ªticas¡±, advierte un an¨¢lisis de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz (FIP). ¡°Adem¨¢s, el pa¨ªs cerr¨® 2021 con un estado preocupante en la seguridad territorial: la mayor cantidad de desplazados en los ¨²ltimos diez a?os y un alza en los homicidios. A semanas de las elecciones legislativas ¡ªy dada la incapacidad del Gobierno Nacional para responder de manera efectiva a los desaf¨ªos de la paz territorial¡ª es poco probable que la situaci¨®n cambie¡±.

Los 16 esca?os ¨Cconocidos formalmente como circunscripciones transitorias especiales de paz¨C est¨¢n relacionados con los territorios m¨¢s golpeados por la guerra, donde se implementan planes particulares de desarrollo ¨Co PDET, en la jerga gubernamental¨C. Son cerca de 170 municipios a lo largo y ancho de Colombia. Compiten cerca de 400 aspirantes, que cuentan con el apoyo de organizaciones sociales, campesinas, ¨¦tnicas, de v¨ªctimas y de mujeres, entre otras. Hay diversos perfiles que incluyen familiares de pol¨ªticos tradicionales, l¨ªderes que han abanderado la sustituci¨®n de cultivos de coca, representantes ind¨ªgenas, j¨®venes, mujeres con liderazgos de larga trayectoria, periodistas o personas sobre quienes se han denunciado vinculaciones a administraciones locales, detalla el an¨¢lisis de la FIP.

La violencia acecha. De esos 167 municipios, 97 registran riesgo; 43 se encuentran en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio, de acuerdo con la MOE. En regiones donde las disputas entre grupos armados todav¨ªa producen un alto impacto humanitario, la participaci¨®n de las comunidades no est¨¢ garantizada y la movilidad de los candidatos para hacer campa?a es limitada. De acuerdo con los datos de la FIP, el 79% de los desplazamientos forzados que ocurrieron en 2021 se concentraron justamente en estas circunscripciones, que incluyen desde lugares como Arauca o Catatumbo ¨Cambos cerca de la extensa frontera de m¨¢s de 2.200 kil¨®metros con Venezuela¨C, hasta departamentos como Cauca, Nari?o y Choc¨®, sobre el corredor del Pac¨ªfico. En varias zonas se han presentado amenazas directas de grupos armados ilegales, o estigmatizaci¨®n de los l¨ªderes y candidaturas que han promovido la implementaci¨®n de los acuerdos de paz. El 60 % de los asesinatos de l¨ªderes sociales se concentran en las 16 circunscripciones.

En el papel, la financiaci¨®n de estas campa?as debe ser predominantemente estatal, pero a los problemas se a?aden el limitado acceso a esa financiaci¨®n ¨Cel cobro de p¨®lizas impide el desembolso de recursos¨C y poca claridad sobre las reglas de juego. En ese contexto, abundan las denuncias de clanes pol¨ªticos tradicionales y sus maquinarias electorales que intentan apropiarse de los esca?os ideados para las v¨ªctimas. Murcia echa en falta m¨¢s pedagog¨ªa, pues muchas v¨ªctimas, afrodescendientes y campesinos pueden votar pero no lo saben, y apela a un dicho popular para describir el escenario: ¡°es una pelea de tigre contra burro amarrado¡±.

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