El Supremo de Estados Unidos se prepara para seguir su giro a la derecha en el nuevo a?o judicial

Michael y Chantell Sackett llevan 15 a?os batallando con la Agencia de Protecci¨®n del Medio Ambiente (EPA) para construirse una casa en un solar a 100 metros del lago Priest, en Idaho, el noroeste de Estados Unidos. Su caso, Sackett contra la EPA, ser¨¢ este lunes el primero que aborde el Tribunal Supremo en el nuevo curso judicial. Tras el cerrojazo de la pandemia ¡ªy el blindaje que sigui¨® a la sentencia sobre el aborto¡ª, vuelven las vistas orales abiertas y la lectura p¨²blica de sentencias. Con la confianza de los ciudadanos en m¨ªnimos hist¨®ricos, seg¨²n la encuestadora Gallup, el Supre...

Michael y Chantell Sackett llevan 15 a?os batallando con la Agencia de Protecci¨®n del Medio Ambiente (EPA) para construirse una casa en un solar a 100 metros del lago Priest, en Idaho, el noroeste de Estados Unidos. Su caso, Sackett contra la EPA, ser¨¢ este lunes el primero que aborde el Tribunal Supremo en el nuevo curso judicial. Tras el cerrojazo de la pandemia ¡ªy el blindaje que sigui¨® a la sentencia sobre el aborto¡ª, vuelven las vistas orales abiertas y la lectura p¨²blica de sentencias. Con la confianza de los ciudadanos en m¨ªnimos hist¨®ricos, seg¨²n la encuestadora Gallup, el Supremo de mayor¨ªa conservadora aborda casos decisivos sobre raza, religi¨®n, igualdad, reglas electorales y medio ambiente que pueden suponer una nueva vuelta de tuerca en el giro a la derecha emprendido con decisi¨®n el a?o pasado.

El ¨²ltimo curso cerr¨® con pol¨¦micas sentencias que derogaron el derecho al aborto, socavaron la lucha contra el cambio clim¨¢tico, ampliaron el derecho a llevar armas de fuego, dieron mayor papel a la religi¨®n en los colegios, cuestionaron la vacunaci¨®n obligatoria de trabajadores contra la covid y restaron poder a las agencias federales. La mayor¨ªa de seis jueces conservadores frente a tres progresistas impuso su rodillo en el a?o en que menos sentencias se dictaron por unanimidad. Seg¨²n Gallup, el 58% de los estadounidenses desaprueba la actuaci¨®n del tribunal, un r¨¦cord desde que la firma empez¨® a hacer esa pregunta en 2000.

Al tribunal se ha unido Ketanji Brown Jackson (la primera mujer negra magistrada del Supremo), de 51 a?os, cuya investidura formal fue el pasado viernes. Pero el equilibrio de fuerzas no cambia. Sustituye al tambi¨¦n progresista Stephen Breyer, de 84 a?os, que se jubila tras casi 28 a?os en el puesto. Y esa inclinaci¨®n conservadora est¨¢ garantizada para muchos a?os, quiz¨¢ d¨¦cadas. Gracias a las maniobras de los republicanos en el Congreso, que llevan a algunos dem¨®cratas a afirmar que les han ¡°robado¡± dos nombramientos, Donald Trump pudo nombrar tres jueces: Neil Gorsuch (de 55 a?os), Brett Kavanaugh (57) y Amy Coney Barrett (50). Su cargo es vitalicio (salvo que decidan jubilarse o sean destituidos en un proceso en el Senado, un impeachment), y Trump se encarg¨® de escoger personas relativamente j¨®venes. De los anteriores, los magistrados conservadores de m¨¢s edad son Clarence Thomas, de 74 a?os, y Samuel Alito, de 72.

El Supremo funciona como m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n y tiene un amplio margen para elegir qu¨¦ casos acepta. Basta que cuatro jueces lo apoyen. La propia selecci¨®n de los casos, a veces en asuntos sobre los que ya se hab¨ªa pronunciado, parece mostrar su disposici¨®n a plantear un segundo asalto en su revoluci¨®n conservadora y reabrir asuntos que parec¨ªan resueltos.

El ala conservadora del tribunal adopta una visi¨®n originalista de la Constituci¨®n, que se atiene a la letra de los textos de los padres fundadores y sus enmiendas, a veces abstray¨¦ndose de la realidad social del momento. As¨ª, por ejemplo, varios casos tienen como denominador com¨²n la raza y se teme que los jueces, bas¨¢ndose en la prohibici¨®n de discriminaci¨®n por cuestiones de raza, eliminen normas de acci¨®n afirmativa destinadas a compensar la falta de verdadera igualdad de oportunidades.

El tribunal tiene de plazo para dictar sus sentencias hasta finales de junio y lo habitual es que en ese mes se produzca una avalancha de decisiones. Pero tradicionalmente empieza las vistas orales el primer lunes de octubre. La primera semana llega ya con dos casos importantes (el de Sackett contra la EPA y otro sobre discriminaci¨®n racial en Alabama en relaci¨®n con las reglas electorales). Para finales de mes est¨¢ prevista la audiencia sobre uno de los platos fuertes de la temporada: la discriminaci¨®n positiva en el acceso a las universidades. Y otro caso sobre discriminaci¨®n a homosexuales y libertad de expresi¨®n ser¨¢ analizado m¨¢s adelante.

Estos son algunos de los casos m¨¢s destacados que marcar¨¢n el curso judicial del Tribunal Supremo:

Protecci¨®n del medioambiente

Sackett contra la EPA

El matrimonio Sackett lleva casi 15 a?os intentando construir una casa en una finca de su propiedad cercana al lago Priest, en Idaho. Poco despu¨¦s de empezar las obras, la EPA les advirti¨® de que su tierra probablemente conten¨ªa humedales y, por tanto, estar¨ªa sujeta a la ley del Agua Limpia, de 1972, que impide verter contaminantes, pero tambi¨¦n arena, cemento y otros materiales. Esa ley no es la m¨¢s clara que ha aprobado el Congreso y protege ¡°las aguas de Estados Unidos¡±, refiri¨¦ndose en principio a las ¡°aguas navegables¡±, lo que la pr¨¢ctica fue extendiendo a las conectadas con ellas. Ni siquiera el Supremo fue capaz de dictar doctrina al respecto en un caso (Rapanos contra Estados Unidos) resuelto en 2006. Los jueces conservadores Alito, Roberts y Thomas, que siguen en el tribunal, ya se mostraron entonces partidarios de una interpretaci¨®n restrictiva que limitase el poder de la EPA a los casos de humedales y corrientes en que hay una conexi¨®n continua de agua en superficie con las aguas navegables. Otro juez abog¨® por una conexi¨®n ¡°significativa¡±, aunque no fuera en superficie y, en la pr¨¢ctica la EPA ha ido decidiendo seg¨²n su criterio d¨®nde se puede construir solo con su autorizaci¨®n, que requiere un proceso largo y caro.

En la tierra de los Sackett no hay agua. Del otro de lado de la carretera que pasa junto a su finca hay un humedal que conecta con una zanja de drenaje que lleva a una quebrada no navegable que desemboca en el lago. La EPA consider¨® que en virtud de ello, la tierra de los Sackett era un humedal protegido por la ley del Agua Limpia y les orden¨® retirar el material de relleno para construcci¨®n bajo amenaza de multa. El caso se enred¨® en los tribunales, lleg¨® al Supremo una primera vez por cuestiones de jurisdicci¨®n en 2012, luego se qued¨® estancado y ahora los Sackett cuestionan ante el alto tribunal si la EPA tiene o no poder para decidir que su finca es un humedal bajo la ley del Agua Limpia o, en sentido m¨¢s amplio, si tiene capacidad de definir lo que son las ¡°aguas navegables¡± sin que el Congreso le haya habilitado expresamente para ello.

Restar poder a las agencias federales es uno de los deportes favoritos de los jueces de mayor¨ªa conservadora y con el precedente de 2006, es posible que los Sackett puedan pronto construir su casa, pues Alito, Roberts y Thomas solo necesitan dos jueces m¨¢s para imponerse. El caso es seguido con mucha atenci¨®n por granjeros, propietarios y asociaciones empresariales que consideran que la ley no da seguridad jur¨ªdica y que la EPA se ha extralimitado en su poder. Del otro lado, los proteccionistas temen que abra la puerta a agresiones al medio ambiente y que deje desprotegidos humedales y corrientes en todo el pa¨ªs. Este lunes se escuchar¨¢n los argumentos de una y otra parte.

Reglas electorales y discriminaci¨®n racial

Allen contra Milligan

El segundo caso que examinar¨¢ el Supremo, en una vista a celebrar este martes, afecta a la ley del Derecho al Voto de 1965 y puede ser un primer ejemplo de c¨®mo darle la vuelta al principio de no discriminaci¨®n por razones de raza. Lo que se juzga es un agresivo plan de redise?o de los distritos electorales en Alabama. Cada 10 a?os se revisa el censo y los Estados tienen poder para fijar los distritos electorales en funci¨®n de la poblaci¨®n. Lo hacen para favorecer a su partido (una pr¨¢ctica conocida como gerrymandering, muy extendida).

Alabama tiene un 27% de poblaci¨®n negra, pero el redise?o dej¨® solo un distrito de siete con mayor¨ªa afroamericana. La secci¨®n 2 de la ley del Derecho al Voto proh¨ªbe la discriminaci¨®n electoral en funci¨®n de la raza y un tribunal inferior, recordando la larga y ¡°repugnante¡± historia de discriminaci¨®n en dicho Estado, orden¨® que el redise?o incluyese un segundo distrito de mayor¨ªa negra como una forma de evitar esa discriminaci¨®n y tomando en cuenta que dicha poblaci¨®n est¨¢ suficientemente agrupada para hacerlo posible.

Pero, dando la vuelta al argumento del tribunal, Alabama contesta que no se ha demostrado que su mapa electoral se deba a cuestiones raciales y que delimitar un segundo distrito de mayor¨ªa negra violar¨ªa precisamente el derecho a la igualdad que consagra la 14? Enmienda de la Constituci¨®n, pues obligar¨ªa a tomar en cuenta la raza para ello. La sentencia puede tener implicaciones en numerosos Estados.

De momento, el Supremo rechaz¨® en julio suspender cautelarmente el nuevo dibujo y esos distritos ser¨¢n los que se empleen en las elecciones legislativas del pr¨®ximo 8 de noviembre.

Discriminaci¨®n positiva en el acceso a la universidad

Students for Fair Admissions contra Harvard y Students for Fair Admissions contra la Universidad de Carolina del Norte

Para el 31 de octubre se ha fijado la vista para argumentar dos casos paralelos que ponen en cuesti¨®n la discriminaci¨®n positiva a las minor¨ªas en el acceso a las universidades. Es uno de los platos fuertes de la temporada. El Supremo se ha manifestado sobre este asunto en el pasado y su doctrina parec¨ªa bastante asentada desde la sentencia Grutter contra Bollinger de 2003, relativa a la Universidad de Michigan, que se resolvi¨® por cinco votos a cuatro, con el actual juez Thomas entre los que quedaron en minor¨ªa. El hecho de que el tribunal de mayor¨ªa conservadora haya decidido aceptar esos casos es visto como un indicio de que est¨¢ dispuesto cambiar la jurisprudencia.

Roberts, el actual presidente del Supremo, escribi¨® en una sentencia de 2006, relativa a la distribuci¨®n de alumnos en los colegios por criterios raciales, que ¡°la mejor forma de parar la discriminaci¨®n por motivos de raza es parar de discriminar por motivos de raza¡±. La acci¨®n afirmativa o la discriminaci¨®n positiva ha permitido a las universidades tomar criterios de raza entre otros criterios para favorecer una mayor diversidad de estudiantes y, en particular, el acceso de estudiantes de las minor¨ªas afroamericana y latina. Pero, a cambio, los estudiantes asi¨¢tico-estadounidenses, frecuentemente con mejores notas, se sienten discriminados por esos criterios de diversidad.

La asociaci¨®n Estudiantes por Admisiones Justas, fundada por el activista contra la discriminaci¨®n positiva Edward Blum, acusa a Harvard de discriminar a los estudiantes asi¨¢tico-estadounidenses y a la Universidad de Carolina del Norte de hacer lo propio con blancos y asi¨¢tico-estadounidenses. Espera que los jueces declaren inconstitucional, por discriminatorio, favorecer el acceso de minor¨ªas a la universidad.

Reglas electorales: el poder de las legislaturas estatales

Moore contra Harper

Otro asunto clave tambi¨¦n tiene que ver con el gerymandering. El Tribunal Supremo de Carolina del Norte anul¨® los mapas electorales dibujados a su favor por los republicanos, que controlan el Congreso estatal, pues consideraba que era demasiado partidista y artificial. Los legisladores han recurrido alegando la ¡°doctrina de la legislatura independiente¡±, que defiende que solo los 50 parlamentos estatales y el Congreso en Washington tienen potestad para decidir las reglas de las elecciones federales: las presidenciales y las legislativas.

La cuesti¨®n es si cuando la Constituci¨®n habla de las ¡°legislaturas estatales¡± se refiere a todos los poderes estatales (incluidos los tribunales, el secretario de Estado y el gobernador) o exclusivamente al poder legislativo estatal. Si se considera esto ¨²ltimo, sus implicaciones pueden ser tremendas, porque abrir¨ªa paso a todo tipo de maniobras m¨¢s agresivas para favorecer al partido propio por parte de los Congresos estatales sin control judicial.

¡°Moore contra Harper tiene el potencial de socavar la democracia estadounidense¡±, se?alaba en julio pasado a EL PA?S el profesor de Derecho y Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad de Massachusetts Amherst Paul Collins, autor de varios libros sobre el Supremo. Puede ser una fuente de manipulaci¨®n de los resultados electorales y, en ¨²ltimo extremo, alterar incluso las reglas por las que se nombran a los electores estatales para la designaci¨®n de presidente. Tras el bulo del fraude de Donald Trump y los suyos en las presidenciales de 2020, permitir a los Estados fijar de forma partidista las reglas electorales es una amenaza seria.

Libertad de expresi¨®n y discriminaci¨®n a homosexuales

303 Creative LLC contra Elenis

Religi¨®n, derechos de los homosexuales, libertad de expresi¨®n y guerras culturales se dan cita en otro caso relevante que, de alg¨²n modo, tambi¨¦n es una segunda vuelta a una sentencia destacada de hace cuatro a?os, Masterpiece Cakeshop contra la Comisi¨®n de Derechos Civiles de Colorado. En 2018, el Supremo sentenci¨® respald¨® a un pastelero de Denver que se neg¨® a hacer la tarta de boda de una pareja alegando que los clientes eran homosexuales y eso iba contra sus creencias religiosas y su libertad de expresi¨®n. Sin embargo, no entr¨® en el fondo del asunto.

Ahora, en otro caso que viene de Colorado, una dise?adora de p¨¢ginas web se opone a hacerlas para matrimonios del mismo sexo, alegando que eso viola la libertad de expresi¨®n que consagra la Primera Enmienda de la Constituci¨®n. En un tribunal con una composici¨®n diferente a la de hace cuatro a?os y en la que alguno de sus miembros pone en cuesti¨®n incluso el derecho al matrimonio homosexual, el tribunal puede dictar doctrina, con el riesgo de abrir paso a discriminaciones de todo tipo en aras de la libertad de expresi¨®n.

Raza y adopci¨®n: los ni?os indios

Haaland contra Brackeen

Los asuntos raciales tambi¨¦n se abordar¨¢n en otro caso cuya vista oral est¨¢ prevista para el 9 de noviembre. Se trata de ver si la preferencia que se da a las familias nativas americanas para adoptar ni?os de su comunidad frente a la familias no indias es constitucional. En 1978, el Congreso promulg¨® la Ley de Bienestar del Ni?o Ind¨ªgena para remediar el ¡°porcentaje alarmantemente alto de familias ind¨ªgenas que se rompen por el traslado, a menudo injustificado, de sus hijos por parte de organismos p¨²blicos y privados no tribales¡±. Ahora, los Estados de Texas, Louisiana e Indiana y varias personas f¨ªsicas cuestionan la constitucionalidad de esa ley por tener en cuenta consideraciones raciales al decidir sobre la adopci¨®n de los n?os, mientras que los cherokees y los navajos la defienden. Al Supremo llegan cuatro reclamaciones concurrentes, porque ninguna qued¨® satisfecha del todo con las resoluciones de tribunales inferiores, que anularon parte de la ley y mantuvieron otra parte.

Andy Warhol y las serigraf¨ªas de Prince

Andy Warhol Foundation for the Visual Arts contra Goldsmith

Otro de los primeros casos que se tratar¨¢n en el tribunal, el pr¨®ximo 12 de octubre, afecta a los derechos de autor. Andy Warhol hizo una serie de 16 seriagraf¨ªas de Prince a partir de una foto tomada en 1981 por Lynn Goldsmith. La renombrada fot¨®grafa present¨® una demanda alegando que se hab¨ªan violado sus derechos de autor. En primera instancia, el juez rechaz¨® su petici¨®n se?alando que la transformaci¨®n de la obra era tan grande que daba lugar a una obra nueva y original. Sin embargo, el tribunal de apelaciones revoc¨® ese fallo al considerar que la obra de Warhol conservaba los elementos esenciales de la fotograf¨ªa y no ten¨ªa un ¡°prop¨®sito y car¨¢cter art¨ªstico fundamentalmente diferente y nuevo¡±.

La cuesti¨®n en juego es esa: si se debe considerar ¡°transformadora¡± la nueva obra porque tiene un significado o mensaje diferente, y por tanto no estar sujeta a derechos de autor, aunque la obra de la que se derive sea reconocible. Eso s¨ª, a diferencia de los otros, este caso carece de connotaciones pol¨ªticas.

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