El Tribunal Supremo de Turqu¨ªa abre una grave crisis al denunciar al Constitucional por excarcelar a un opositor

La Sala Tercera del Tribunal Supremo de Turqu¨ªa ha abierto una crisis institucional sin precedentes al negarse a acatar la decisi¨®n del Tribunal Constitucional de que se excarcele a un diputado opositor y denunciar ante la Fiscal¨ªa a los magistrados del organismo responsable de velar por el cumplimiento de la Constituci¨®n, acus¨¢ndolos de prevaricaci¨®n y de violar la ley fundamental. La iniciativa del Supremo ha sido duramente cuestionada por expertos juristas y abogados y la oposici¨®n la ha calificado de ¡°golpe judicial¡±. El bloque progubernamental se ha dividido entre aquellos que defienden al tribunal y los que critican los graves problemas que se derivan de esta guerra entre las m¨¢s altas instancias judiciales.

El caso que ha motivado esta crisis es el de Can Atalay, un abogado condenado el a?o pasado por un tribunal de Estambul a 18 a?os de c¨¢rcel bajo la acusaci¨®n de ¡°tratar de derrocar al Gobierno¡± a ra¨ªz de su participaci¨®n en las protestas antigubernamentales contra la destrucci¨®n del parque de Gezi en 2013. El proceso judicial, seg¨²n organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, no cumpli¨® los est¨¢ndares de garant¨ªas suficientes. Atalay fue elegido parlamentario por el izquierdista Partido de los Trabajadores de Turqu¨ªa (TIP) en las elecciones del pasado mayo, lo que implicaba su excarcelaci¨®n, pues, seg¨²n la legislaci¨®n turca, un diputado obtiene inmunidad ante juicios en curso sobre los que no haya sentencia firme y, en este caso, a¨²n no hab¨ªa concluido el proceso de apelaciones.

La Sala Tercera del Supremo confirm¨® la condena de Atalay el pasado septiembre, pero, un mes despu¨¦s, el Constitucional revoc¨® esta decisi¨®n alegando que esa sentencia violaba los derechos a la libertad y a ser elegido del diputado, que no pod¨ªa ser procesado a menos que el pleno del Parlamento levantase su inmunidad.

El Supremo, por su parte, enarbola el art¨ªculo 83 de la Constituci¨®n para arg¨¹ir que Atalay no puede beneficiarse de la inmunidad parlamentaria porque ha cometido delitos graves contra el Estado, y de ah¨ª que, en un comunicado, acusase a los magistrados del Constitucional de ¡°extralimitarse en sus funciones¡± e invadir competencias del poder legislativo. Adem¨¢s, les acusa de ¡°amenazar¡± a los miembros de la Sala Tercera ¨Dpor haber afirmado que su decisi¨®n de septiembre fue ¡°negligente¡±¨D y compara a los constitucionalistas con ¡°organizaciones terroristas¡± que en el pasado tambi¨¦n hab¨ªan amenazado al Supremo.

¡°Golpe judicial¡±

Diversos dirigentes opositores y la Uni¨®n de Colegios de Abogados han calificado la decisi¨®n del Supremo de ¡°golpe judicial¡±. ¡°No se debe tomar a la ligera lo ocurrido. M¨¢s que una violaci¨®n de la Constituci¨®n es un intento de derribar el orden constitucional¡±, denunci¨® ?zg¨¹r ?zel, nuevo l¨ªder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), la principal formaci¨®n de la oposici¨®n.

?zel tambi¨¦n invit¨® a la poblaci¨®n a protestar en las calles y llam¨® al presidente del Parlamento a convocar un pleno extraordinario. Incluso el vicepresidente del grupo parlamentario del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en el Gobierno) y antiguo ministro de Justicia Abd¨¹lhamit G¨¹l fue muy cr¨ªtico: ¡°Si la judicatura pierde su calidad de ¨¢rbitro, se convierte en fuente de problemas y de conflictos, no de soluciones¡±.

El actual ministro de Justicia, Yilmaz Tun?, prefiri¨® no entrar a debatir la crisis judicial, sino que se limit¨® a cargar contra el jefe de la oposici¨®n, al que tach¨® de ¡°irresponsable¡± por su llamamiento a la movilizaci¨®n. En cambio, Mehmet U?um, asesor del presidente, Recep Tayyip Erdogan, y vicepresidente del Consejo de Pol¨ªtica Jur¨ªdica de la Presidencia, consider¨® ¡°correcta¡± la decisi¨®n del Supremo de rechazar el acatamiento a un Constitucional que, en sus palabras, se ha convertido en ¡°activista¡±.

S¨ª mostr¨® sus dudas sobre la idoneidad de abrir una acusaci¨®n contra los magistrados, si bien la consider¨® un paso ¡°valiente¡± y ¡°una prueba de fuego para ver qui¨¦n est¨¢ a favor del Poder Judicial Nacional y qui¨¦n no¡±. ¡°Turqu¨ªa defender¨¢ hasta el final una judicatura nacional frente a los enfoques occidentalistas y neoliberales, que nadie lo dude¡±, sentenci¨®.

El propio Erdogan ha llamado en anteriores ocasiones a no acatar ciertas decisiones judiciales, incluidas algunas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su principal socio, Devlet Bah?eli, l¨ªder del partido ultraderechista MHP, ha pedido incluso el cierre del Constitucional por tomar algunas decisiones no tan alineadas con los deseos del Gobierno como las de otras instancias. Precisamente, el mi¨¦rcoles se public¨® el informe de progresos de los pa¨ªses candidatos a la adhesi¨®n a la UE, en el que la Comisi¨®n Europea consider¨® que la arquitectura constitucional de Turqu¨ªa, puesta en marcha tras el paso a un sistema presidencial en 2018, ¡°centraliza los poderes en la Presidencia y no asegura una efectiva separaci¨®n de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial¡±.

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