La mano dura de Meloni: c¨¢rcel por cortar una carretera y castraci¨®n qu¨ªmica para violadores

El Gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni va a poner en pr¨¢ctica la mano dura que siempre ha prometido a sus electores para poner orden. Por ejemplo, ser¨¢ delito penal castigado con hasta dos a?os de c¨¢rcel cortar carreteras o v¨ªas f¨¦rreas, aunque sea de forma pac¨ªfica, algo frecuente en protestas sindicales o ecologistas y que hasta ahora acarreaba una sanci¨®n administrativa. Tambi¨¦n lo ser¨¢ resistirse pasivamente a un agente en la c¨¢rcel o en un centro de acogida de migrantes. Por todo ello, la oposici¨®n ya ha bautizado el decreto como ¡°anti-Gandhi¡±.

Los extranjeros en situaci¨®n irregular, adem¨¢s, tendr¨¢n m¨¢s dif¨ªcil acceder a un m¨®vil para estar en contacto con sus familias, porque se les pedir¨¢ el permiso de residencia para comprar una tarjeta telef¨®nica, con la amenaza de cierre de hasta un mes para la tienda si no lo hace. Todo est¨¢ en el decreto de seguridad, un gran paquete de medidas que crea hasta 20 nuevos delitos penales o agravantes y aumenta los a?os de c¨¢rcel. La norma ya fue aprobada por la C¨¢mara de Diputados el 18 de septiembre y solo queda que pase por el Senado, donde el Gobierno quiere que tenga toda la prioridad. El lunes y el mi¨¦rcoles de la semana pasada ya hubo manifestaciones de la oposici¨®n y de los sindicatos, que la consideran ¡°liberticida¡± y ¡°simple propaganda¡± de escaso efecto pr¨¢ctico, pero exhibici¨®n de una ¡°furia ideol¨®gica¡±.

Desde el ¨¢mbito judicial se han alzado voces de una vehemencia ins¨®lita, como la de uno de los fiscales de N¨¢poles, Fabrizio Vanorio, miembro de la asociaci¨®n progresista Magistratura Democr¨¢tica, que ha dicho del decreto: ¡°Prev¨¦ normas t¨¦cnicamente fascistas. Si se aprueba, se volver¨ªa a un derecho penal autoritario similar al de los a?os de Mussolini o, por dar un ejemplo m¨¢s moderno, el de la Hungr¨ªa de Orb¨¢n¡±.

En todo caso, este tipo de medidas son las que el Gobierno de ultraderecha cree que su electorado espera. Meloni agita as¨ª una de sus banderas m¨¢s reconocibles, el orden y la seguridad. De hecho, casi la primera iniciativa legal con la que se estren¨® en 2022, para dar una se?al del camino a seguir, fue la llamada ley rave, que castigaba con penas de tres a seis a?os de c¨¢rcel a quien organizase fiestas musicales en lugares que no son de su propiedad, pues se suelen celebrar en descampados o naves abandonadas. Se abri¨® entonces la larga gestaci¨®n de un gran decreto de seguridad que apretara las tuercas en todos los frentes que componen el cat¨¢logo de prioridades de la extrema derecha italiana. De las protestas, a los inmigrantes, el cannabis light o los okupas.

Adem¨¢s, s¨ªmbolo de las reivindicaciones m¨¢s extremas, en la tramitaci¨®n se ha colado una de las viejas obsesiones de La Liga: la castraci¨®n qu¨ªmica para agresores sexuales. La formaci¨®n populista de Matteo Salvini ha conseguido que se apruebe al menos la formaci¨®n de una comisi¨®n t¨¦cnica que estudie una posible propuesta para inhibir el impulso sexual de los condenados, mediante f¨¢rmacos, siempre que lo acepten voluntariamente. Si es as¨ª, conllevar¨ªa una suspensi¨®n condicional de la pena. Es una medida que se aplica en Rusia, Polonia y algunos pa¨ªses escandinavos, pero cuya eficacia tambi¨¦n est¨¢ en discusi¨®n. No es probable que esto pase de hablarse en una comisi¨®n, pero es prueba de los asuntos que La Liga introduce en el debate p¨²blico y este simple paso ya fue celebrado por Salvini de este modo en redes sociales: ¡°?Victoria!¡±. Tienen otros en la lista. El ¨²ltimo, recuperar el servicio militar obligatorio. La semana pasada hicieron dos propuestas parlamentarias.

Tanto el Partido Democr¨¢tico (PD) como el resto de la oposici¨®n y varios juristas ya han asegurado que es inconstitucional y es anacr¨®nico aplicar penas corporales. Es m¨¢s, cuando La Liga, que lo proclama desde 2002, lo volvi¨® a intentar en 2019 el actual ministro de Justicia, Carlo Nordio, un magistrado entonces fuera de la pol¨ªtica, dijo que era un ¡°retorno a la Edad Media¡±. Entonces ese viaje al pasado no se hizo. Ahora s¨ª.

Criminalizar las protestas

Buena parte del decreto, la m¨¢s pol¨¦mica, se concentra en endurecer la ley afinando las penas en todo el ¨¢mbito de las manifestaciones de protesta. El primer sindicato italiano, CGIL, ha denunciado que ¡°es una verg¨¹enza introducir normas pensadas para castigar de forma indiscriminada a quien expresa su desacuerdo con el Gobierno o se manifiesta para defender un puesto de trabajo¡±. Participar en cortes de carreteras o v¨ªas f¨¦rreas puede suponer un mes de c¨¢rcel, pero si se hace en una movilizaci¨®n colectiva ir¨¢ de seis meses a dos a?os. Pero esto es solo una parte.

Tambi¨¦n, pensando por ejemplo en las protestas que se han producido contra los trenes de alta velocidad o el puente del estrecho de Messina, el decreto introduce un agravante, que aumenta las penas hasta un tercio, si la violencia o las amenazas a un agente se realizan ¡°con el fin de impedir la realizaci¨®n de una obra p¨²blica o una infraestructura estrat¨¦gica¡±. Adem¨¢s se suben las penas, que ahora ser¨¢n de un a?o y medio a seis a?os de c¨¢rcel, por el delito de da?os durante una protesta si hay violencia a las personas o amenazas. Por otro lado, los agentes de polic¨ªa podr¨¢n llevar armas sin licencia cuando est¨¦n fuera de servicio, como rev¨®lver, pistola o arma larga.

Pero la referencia a Gandhi tambi¨¦n se debe a otra medida, el castigo de la ¡°resistencia pasiva¡± como m¨¦todo de protesta en c¨¢rceles, pero tambi¨¦n en centros de acogida de migrantes. Este ¨²ltimo art¨ªculo establece penas de uno a cinco a?os de c¨¢rcel a quien ¡°participa en una revuelta mediante actos de violencia o amenaza o resistencia a la ejecuci¨®n de ¨®rdenes impartidas¡±, en grupos de tres o m¨¢s personas. Y se subraya que ¡°constituyen actos de resistencia tambi¨¦n las conductas de resistencia pasiva¡±. Es una iniciativa que llega en medio de una gran tensi¨®n en las c¨¢rceles, donde se suceden las protestas por una situaci¨®n de emergencia: son instalaciones decadentes, est¨¢n saturadas (61.840 reclusos para 46.929 plazas), y en lo que va de a?o se han registrado 72 suicidios.

Embarazadas, a la c¨¢rcel

Por eso tambi¨¦n se critica el aumento de delitos de c¨¢rcel, con un sistema que ya no da m¨¢s de s¨ª. Es m¨¢s, el nuevo decreto acaba con la salvedad de que las mujeres embarazadas o con ni?os menores de un a?o no vayan a prisi¨®n. Cuando se apruebe, deber¨¢n entrar en ella. Es una m¨¢s de varias medidas hechas pensando en la inmigraci¨®n irregular. Esta en concreto est¨¢ espec¨ªficamente dise?ada para mujeres carteristas que practican peque?os hurtos, a quienes esta excepci¨®n les permite ser detenidas una y otra vez sin m¨¢s consecuencias. Tambi¨¦n estas personas son el objetivo declarado de otro nuevo agravante, que un delito se cometa ¡°dentro o en las inmediaciones de una estaci¨®n ferroviaria o de metro¡±, o dentro de los vagones. El metro y las estaciones de Roma o Mil¨¢n se han convertido en un foco de delincuencia que aparece frecuentemente en los medios.

Los inmigrantes irregulares tambi¨¦n son el objetivo expl¨ªcito de otra medida ideada para complicarles la vida, en concreto, obstaculizar la posibilidad de comunicarse con sus familias: para vender una tarjeta telef¨®nica SIM a un extranjero no comunitario deber¨¢ presentar el permiso de residencia. Si una tienda no lo hace, se arriesga a que le cierren el negocio de cinco d¨ªas a un mes. C¨¢ritas y otras organizaciones que trabajan con migrantes han mostrado su preocupaci¨®n por una medida que juzgan ¡°discriminatoria¡± y va a incidir ¡°en el derecho a comunicarse con la propia familia¡±.

En cuanto a los okupas, el decreto prev¨¦ penas de dos a siete a?os de c¨¢rcel a quien ocupe un inmueble o impida el acceso al propietario, y esto incluye tanto viviendas como garajes, terrazas o patios. Se establece un procedimiento de urgencia para desalojar la propiedad y se har¨¢ de oficio si el due?o es una persona incapaz por edad o enfermedad.

Otro frente que ha despertado fuertes cr¨ªticas es el que acaba con la legalizaci¨®n de 2016 del llamado cannabis light, con un porcentaje de THC, sustancia psicoactiva, inferior al 0,2%. El nuevo decreto lo equipara al resto de drogas. El problema es que en estos ocho a?os ha florecido un importante negocio en torno a este producto: hay 800 empresas que lo cultivan y 1.500 se ocupan de su transformaci¨®n. Facturan 500 millones y dan trabajo a 11.000 personas. Se supone que era un sector en expansi¨®n. Pero la Liga quer¨ªa prohibir incluso el uso del dibujo de la hoja de marihuana para fines publicitarios, una propuesta que finalmente se ha ca¨ªdo del decreto.