Asociaciones de pueblos ind¨ªgenas exigen al Gobierno que les reconozca sus derechos y sus territorios
Las comunidades insisten en que se resuelvan las reformas prometidas en la Constituci¨®n mexicana para validar sus sistemas normativos y poder gestionar sus recursos naturales de forma sostenible
La Alianza por la Libre Determinaci¨®n y a la Autonom¨ªa (ALDEA), una uni¨®n de pueblos y comunidades ind¨ªgenas, ha exigido este mi¨¦rcoles al Gobierno de M¨¦xico que pasen ¡°del discurso a la acci¨®n¡± y aprueben la reforma constitucional que les prometi¨® para ser reconocidos como sujetos de derecho p¨²blico y tener autonom¨ªa sobre sus territorios. Efra¨ªn Avil¨¦s, vocero del Concejo Ciudadano Ind¨ªgena de Nahuatzen, ha expresado que a pesar de tener el reconocimiento de la ONU sobre los derechos de los pueblos ind¨ªgenas, su comunidad es ¡°violada¡± y los sistemas de autogesti¨®n gubernamental de su pueblo ¡°son criminalizados", al grado de que tres defensores de su comunidad "est¨¢n encarcelados¡±, ha informado. Antonia Urrejola, relatora de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha insistido en que garantizar la autodeterminaci¨®n de los ind¨ªgenas con una reforma en la Constituci¨®n les permitir¨¢ frenar la erosi¨®n de su territorio, y ha advertido de que otorgar permisos o concesiones sin el consentimiento del pueblo sobre sus tierras suele desencadenar conflictos sociales violentos.
Citlali Hern¨¢ndez, coordinadora de L¨ªnea de Defensa del Territorio de Serapaz, subraya que el eje de sus exigencias es que el Estado libere a los pueblos ind¨ªgenas de su condici¨®n de ¡°entidades de inter¨¦s p¨²blico¡±. Hern¨¢ndez explica que con esa condici¨®n legal es "c¨®mo si fueran menores de edad tutelados por el Estado, y es este quien decide qu¨¦ es lo mejor para ellos¡±. La reforma de la Constituci¨®n para que las autoridades reconozcan como sujetos de derecho p¨²blico a las comunidades ind¨ªgenas les dar¨ªa autonom¨ªa propia en sus territorios con sus leg¨ªtimas figuras gubernamentales, espirituales y militares.
Un ejemplo es el pueblo raramuri en Chihuahua, una comunidad de semin¨®madas cuyo territorio ¡ªamplio y privatizado¡ª no est¨¢ reconocido. Hern¨¢ndez indica que los raramuri no quieren ser comunidad agraria ni ejido, solo quieren ¡°que se les reconozca que ese es su territorio, el lugar donde siembran y conviven¡±. Lo mismo ocurre en la selva Lacandona, donde los pueblos nativos han vivido en armon¨ªa con la naturaleza pero en tensi¨®n con los ecologistas, ya que no aprueban que siembren en la reserva de la biosfera que el Estado estableci¨®. A nivel nacional no hay legislaci¨®n para reconocer el territorio ind¨ªgena, pese al apoyo de instituciones internacionales como la ONU o la Organizaci¨®n Internaci¨®n del Trabajo (OIT).
? En foro virtual con autoridades internacionales, los pueblos y comunidades de la ALDEA @HacemosAldea exigieron al Estado pasar del discurso a la acci¨®n y concretar las reformas pendientes.
— Serapaz M¨¦xico (@SerapazMexico) October 15, 2020
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ALDEA, que representa a ind¨ªgenas de una decena de Estados, busca adem¨¢s que se validen los sistemas de seguridad que emplean los pueblos dentro de sus comunidades. Este conjunto de normas ind¨ªgenas implican a toda la comunidad en la rehabilitaci¨®n de los criminales. Felicitas Mart¨ªnez, integrante de la Coordinadora Regional de Polic¨ªa Comunitaria, defiende que sus mecanismos son igual de efectivos que los procedimientos penales y que est¨¢n amparados dentro de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo y de la Constituci¨®n mexicana. La reforma constitucional otorgar¨ªa a Guerrero, su Estado natal, el reconocimiento pleno de los sistemas normativos propios de los pueblos. De aprobarse la reforma de la Constituci¨®n federal, pueblos como los de Santa Mar¨ªa Ostula en Michoac¨¢n, donde los ind¨ªgenas no tienen autoridad para defenderse, podr¨ªan mejorar las condiciones de su polic¨ªa comunitaria en los conflictos con los grupos armados que asaltan su territorio.
El vocero Efra¨ªn Avil¨¦s reconoce que el proceso a la autodeterminaci¨®n es largo y sacrificado. En 2017 un tribunal reconoci¨® los derechos del pueblo ind¨ªgena en Nahuatzen para que gestionen sus recursos en funci¨®n del ¨ªndice de poblaci¨®n de la comunidad. Poco despu¨¦s, dos compa?eros concejales que participaron en la lucha por la autonom¨ªa acabaron en la c¨¢rcel. Avil¨¦s sostiene que el Gobierno de Michoac¨¢n ¡°vio sus intereses econ¨®micos afectados, ya que no tendr¨ªan acceso libre a los recursos¡± y por ello elaboraron delitos fabricados de robo de veh¨ªculo y sabotaje contra ellos.
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