Un reporte revela el abuso sexual organizado de menores de edad en 18 escuelas de M¨¦xico

Desde 2001, la Oficina de Defensor¨ªa de los Derechos de la Infancia (ODI) ha detectado 18 colegios donde se han cometido abusos sexuales a ni?os de forma organizada en siete Estados de M¨¦xico. Los menores han descrito que los delitos ¡ªque llegaban a ser cometidos de manera visible y masiva dentro de los centros¡ª involucraban en algunas ocasiones a los maestros, a la directora del plantel a personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno de los profesores. Los testimonios apuntan a una serie de patrones delictivos marcados por ¡°acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar¡±, seg¨²n el informe Es un secreto sobre la explotaci¨®n sexual infantil en escuelas del pa¨ªs. La organizaci¨®n denuncia la falta de vigilancia, la carencia de informaci¨®n para poder identificar los abusos y la impunidad que reina en el pa¨ªs como principales causas del problema y advierten que los casos documentados no son los ¨²nicos.

La ODI ha identificado en 37 escuelas de M¨¦xico con ¡°posibles coincidencias en patrones¡± de explotaci¨®n sexual. De ellas, solo en 18 consiguieron obtener m¨¢s detalles a trav¨¦s de testimonios de los ni?os de los Estados de San Luis Potos¨ª, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Estado de M¨¦xico, Baja California y Ciudad de M¨¦xico, esta ¨²ltima donde se concentran la mayor¨ªa de casos. Los patrones se observan en las secuelas psicol¨®gicas que se aprecian en las v¨ªctimas, como comportamientos violentos, pesadillas, episodios de p¨¢nico ante situaciones cotidianas o agresiones sexuales a hermanos peque?os.

El informe apunta a que en algunos colegios los ni?os se?alaron a un grupo de 10 personas como agresores directos, como ocurri¨® en la escuela preescolar p¨²blica Andr¨¦s Oscoy, en Iztapalapa. En este caso, un total de 30 ni?os fueron v¨ªctimas de abuso. Un grupo de menores describi¨® c¨®mo fueron agredidos por m¨¢s de un adulto de manera simult¨¢nea. ¡°Lo vivido por los ni?os y ni?as no se trata de varios agresores que coinciden en una misma escuela, sino de un grupo de personas que de manera coordinada y conjunta agreden a los alumnos¡±, detalla el documento.

El caso m¨¢s reciente es el del Jard¨ªn de ni?os Idolina Gaona de Ruiz, en Jalisco. En 2018, cuatro ni?os en edad preescolar relataron c¨®mo el intendente los vest¨ªa de princesas, les realizaba tocamientos y les tomaba fotograf¨ªas con su tel¨¦fono. Las autoridades vincularon a la directora de la escuela como c¨®mplice. Ese mismo a?o, las Naciones Unidas alertaron de que se registr¨® un incremento del 32% en las p¨¢ginas de internet que contienen im¨¢genes de abuso sexual infantil. En total, se sumaron 103.000 portales con ese contenido en solo un a?o.

¡°El esclarecimiento de qu¨¦ sucede rebasa la capacidad de la ODI. La investigaci¨®n de delincuencia compleja requiere de la actuaci¨®n del Estado¡±, denuncia la organizaci¨®n. La identificaci¨®n de patrones delictivos dentro de los colegios indican ¡°la posibilidad¡± de que muchos ni?os en preescolar y primaria han sido ¡°capturados y utilizados como espacios para la comisi¨®n de delitos de explotaci¨®n sexual infantil en l¨ªnea¡±. La asociaci¨®n civil Infancia en Com¨²n ha estimado que esta actividad genera hasta 24.000 millones de d¨®lares anuales, por encima de la venta de armas y solo por debajo del narcotr¨¢fico. Durante los primeros meses de la pandemia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, inform¨® que hubo un incremento del 107% de la pornograf¨ªa infantil disponible en M¨¦xico.

Al no contar con un mecanismo de vigilancia dentro de los colegios, la organizaci¨®n denuncia que las autoridades escolares omiten denunciar el posible abuso de forma inmediata. Cuando se conocen los hechos, la Secretar¨ªa de Educaci¨®n P¨²blica procede con una investigaci¨®n interna ante la denuncia de delitos graves, lo que hace dif¨ªcil ¡°distinguir entre la omisi¨®n y el encubrimiento¡±. Adem¨¢s, ni los padres ni los menores cuentan con una informaci¨®n y preparaci¨®n para poder identificar los abusos sexuales desde casa cuando los ni?os han sido amenazados para no hablar de lo que han vivido.

La ODI se?ala que los mecanismos de impunidad pasan por una falta de coordinaci¨®n de las autoridades, desde la polic¨ªa hasta la Fiscal¨ªa. Adem¨¢s, subrayan que la fragmentaci¨®n de la investigaci¨®n hace imposible el esclarecimiento de los hechos. Pese a contar con m¨²ltiples fiscal¨ªas locales, las investigaciones ¡°tratan cada caso como aislado e ignoran dentro de la investigaci¨®n la actuaci¨®n conjunta y organizada de los adultos agresores¡±. Los investigadores denuncian tambi¨¦n la falta de especialidad y adecuaci¨®n en los procesos para que las v¨ªctimas no sufran nuevamente el impacto del trauma. En otros casos, se excluye a los menores de la investigaci¨®n.

En el caso de Iztapalapa, no se indag¨® en los antecedentes de los sospechosos ni se incaut¨® el equipo electr¨®nico para esclarecer si conten¨ªa material pornogr¨¢fico infantil. El caso tard¨® cinco a?os en ver una sentencia firme tras pasar por cuatro jueces diferentes. El encargado de intendencia fue condenado a 467 a?os prisi¨®n, la directora de la escuela recibi¨® 88 a?os de c¨¢rcel, la auxiliar de direcci¨®n a 81, la asistente de servicio y mantenimiento 36 y las dos personas de servicio social fueron condenadas a 68 a?os cada una. Sin embargo, diez a?os despu¨¦s de los hechos, los menores del colegio Andr¨¦s Oscoy no han recibido una reparaci¨®n ¡°justa e integral¡± por los ¡°graves da?os ocasionados por 6 servidores p¨²blicos encargados de protegerles y educarles¡±.

Las irregularidades se repiten, y en el caso de la escuela Laura Elena Arce Cavazos, en el Estado de M¨¦xico, solo se consigui¨® sentencia para una de las seis personas identificadas por la v¨ªctima. En el colegio Tlatelli, en Morelos, los abusos se cometieron desde 2007 a 2018, pero las v¨ªctimas no han obtenido justicia. Las investigaciones no han avanzado, denuncia la ODI.

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