Periodistas asesinados y agresores en la calle: qu¨¦ falla en el sistema de protecci¨®n a reporteros en M¨¦xico

A principios de abril del a?o pasado, un periodista grab¨® la agresi¨®n policial que acab¨® con la vida de la salvadore?a Victoria Salazar en Tulum (Yucat¨¢n). D¨ªas despu¨¦s, Francisco Canul encontr¨® su casa destrozada y denunci¨® el robo de material digital que usaba en su trabajo como reportero. ¡°Tengo miedo¡±, dec¨ªa. Y pidi¨® protecci¨®n. Nueve meses despu¨¦s, cuenta que le dieron un bot¨®n de p¨¢nico y que hace ahora una semana le llamaron para preguntarle m¨¢s detalles, d¨®nde trabaja su esposa, d¨®nde va su hijo al colegio, c¨®mo y d¨®nde se desplaza ¨¦l en su trabajo. Poco m¨¢s. En los ¨²ltimos d¨ªas, dos periodistas han sido asesinados en Baja California. Hab¨ªan solicitado medidas de protecci¨®n, pero Margarito Mart¨ªnez no la hab¨ªa logrado a¨²n y Lourdes Maldonado contaba con rondines policiales para su seguridad.

La figura de la protecci¨®n a los periodistas est¨¢ rebasada por la escalada de violencia que sufren. No hay recursos suficientes y quienes eval¨²an el riesgo que corren los reporteros no tienen la capacitaci¨®n adecuada por lo que muchos profesionales se ven obligados a refugiarse lejos de sus residencias y a silenciar su trabajo, es decir, los agresores logran lo que buscan. Adem¨¢s, las demoras para que la protecci¨®n se haga efectiva son de tres o cuatro meses, seg¨²n la organizaci¨®n Art¨ªculo 19. Ese es el diagn¨®stico que hacen los expertos en esta materia sobre lo que est¨¢ ocurriendo en M¨¦xico con los periodistas amenazados. ¡°En todo ese tiempo, si hubieran querido matarme ya lo habr¨ªan hecho¡±, dice Francisco Canul por tel¨¦fono desde Yucat¨¢n.

En M¨¦xico hay en la actualidad unos 700 periodistas bajo la figura de protecci¨®n, que pueden obtener de las autoridades estatales o de las federales. S¨®lo en la Baja California se han contabilizado unas 33 agresiones de promedio al a?o. En 2012 comenz¨® a operar el mecanismo de protecci¨®n federal, que tiene una junta de Gobierno en la que participan la Secretar¨ªa de Exteriores, la de Gobernaci¨®n, la Fiscal¨ªa General y la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos. Entre periodistas y defensores de derechos humanos, dan protecci¨®n a unas 1.300 personas. Se desconocen las cifras exactas de las personas que est¨¢n bajo la tutela de los Estados. ¡°No solo se necesita dinero, o refugios, chalecos antibalas o carros blindados. Lo que se precisa es que se investigue y se detenga a los agresores, porque de lo contrario lo ¨²nico que se consigue es que se desplace a los periodistas y se silencie su trabajo, que es lo que persiguen los criminales¡±, dice la coordinadora de Prevenci¨®n de Art¨ªculo 19, Itzia Miravete.

El problema es qui¨¦n le pone el cascabel al gato. Porque los agresores son en su mayor¨ªa funcionarios p¨²blicos: el poder contra el poder. En 2020, siempre seg¨²n los datos recabados por Art¨ªculo 19, de 692 agresores documentados, 343 eran funcionarios p¨²blicos y de ellos, en 188 casos se trataba de presidentes municipales, regidores, diputados o personal de comunicaci¨®n social; 144 eran polic¨ªas de cualquier nivel y 11 militares de los distintos cuerpos. Esa es la raz¨®n de que esta organizaci¨®n de defensa de los periodistas haya peleado para que las leyes estatales que se han ido implementando en los ¨²ltimos a?os -14 Estados tienen medidas de protecci¨®n a reporteros- permitan al agredido elegir qu¨¦ instancia debe protegerles: si es una agresi¨®n de funcionarios estatales pueden optar por la protecci¨®n federal y a la inversa. ¡°Esto no puede ser una ventanilla burocr¨¢tica en la que si algo va mal recurres a otra ventanilla¡±, dice Miravete.

Como ocurre con la protecci¨®n a mujeres v¨ªctima de sus parejas o exparejas en medio mundo, muchos de los reporteros no se atreven a denunciar su caso porque entienden que les pone a¨²n m¨¢s en el disparadero, que les revictimiza, que solo encuentran m¨¢s riesgo a¨²n. ¡°Las autoridades les preguntan una y otra vez por lo que ocurri¨®, por ejemplo y, como en una investigaci¨®n policial, si su segundo o tercer relato de los hechos se aparta m¨ªnimamente de los anteriores anotan un ¡°no se pudo probar, pero de buena fe les otorgamos protecci¨®n¡±, dice Miravete. Casi tienen que demostrar su inocencia. Adem¨¢s, en muchas ocasiones, la autoridad tiende a quitar hierro al asunto diciendo que han sido agredidos o han perdido la vida ¡°por razones laborales¡±, exculpando as¨ª al crimen organizado de cualquier clase y aliviando las responsabilidades estatales. Ocurri¨® con el fotoperiodista Margarito Mart¨ªnez recientemente. Cuando le mataron a balazos en la puerta de su casa se dijo que ten¨ªa problemas con un vecino. ¡°En el caso de Lourdes Maldonado, esta misma ma?ana el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha dicho que era un asunto laboral¡±, critica Miravete. ¡°Y es triste, pero en ocasiones se les se?ala como colaboradores del narco o relacionados con los poderes p¨²blicos¡±, como justificando sus muertes en funci¨®n de esas amistades. Son muchos los que deciden no denunciar por culpa de estas trabas o revictimizaciones, denuncia Miravete.

Finalmente, muchos reporteros en M¨¦xico, un pa¨ªs mort¨ªfero para la prensa, se ven obligados a abandonar su lugar de residencia por unos meses o a salir al extranjero. Desde 2009, se cuentan 67 desplazados y ¡°una tercera parte abandona el pa¨ªs. Suelen encontrar el apoyo de la cooperaci¨®n internacional, por ejemplo en la UE, en Canad¨¢, o en Barcelona, ah¨ª tenemos mucho contacto con ellos y refugian a periodistas, a veces mediante las embajadas¡±, se?ala la activista de Art¨ªculo 19. Luego regresan y el peligro sigue ah¨ª. ¡°Porque no basta con que cambie el gobierno en los municipios o en los Estados, los agresores siguen libres y con poder¡±, a?ade.

Una nueva violencia se cierne cada d¨ªa con m¨¢s presencia sobre el trabajo de los informadores, su desprestigio en las redes sociales, la violencia digital. ¡°Eso tambi¨¦n termina silenci¨¢ndoles, porque el periodista ve menoscabada la legitimidad de sus informaciones, se les silencia por esas v¨ªas, eso tambi¨¦n es violencia¡±, acusa Miravete. Por tanto, poco o nada se conseguir¨¢ si la medida principal no es buscar y detener a los agresores, en lugar de refugiar a los agredidos y silenciarlos. ¡°Hay que investigar y hacer justicia mientras los reporteros est¨¢n refugiados, si no, el desplazamiento, tristemente, se hace permanente. Se les da refugio para mantenerlos vivos, pero se les aparta de su trabajo¡±.

Hace unos meses, el Gobierno federal suprimi¨® los fideicomisos, una figura econ¨®mica que proporcionaba recursos para varias materias, entre ellas la protecci¨®n de los periodistas en riesgo. ¡°No hemos notado grandes cambios en el presupuesto, incluso este a?o ha habido un ligero incremento. Pero tampoco ha cambiado la operatividad. El problema es ese, la operatividad, que no se tomen medidas para acabar con estas amenazas o meter en la c¨¢rcel a los agresores. No basta con el dinero¡±, dice Miravete. ¡°Cada vez hay m¨¢s violencia¡±.

Francisco Canul tiene su bot¨®n de p¨¢nico, que no sirve de mucho, pero dice estar tranquilo porque ha cambiado el gobierno municipal. ?l siempre dijo que todas las sospechas del allanamiento de su casa conduc¨ªan a los polic¨ªas, principales acusados por la muerte de la salvadore?a Victoria Salazar. ¡°Hab¨ªa huellas de botas policiales¡±, dijo en su d¨ªa. ¡°No creo que ahora necesite m¨¢s protecci¨®n¡±, dice Canul.

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