La CFE y la comunidad zapoteca, aliadas inesperadas en la lucha contra un parque e¨®lico
Los opositores a un proyecto de la francesa EDF celebran las acciones de la paraestatal para cancelarlo aunque no sea por violaciones a los derechos de los pueblos ind¨ªgenas
A Guadalupe Ram¨ªrez y Pedro Matus sus vecinos los llaman los ¡°antie¨®licos¡±. Llevan a?os oponi¨¦ndose a la proliferaci¨®n de parques e¨®licos en el Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca. Su ¨²ltima lucha es contra un gran proyecto de la francesa EDF. Estos activistas zapotecos, agricultores y ganaderos de profesi¨®n, acusan a la multinacional de no consultar al pueblo y de dividirlo. ¡°La gente como tiene los ingresos de los aerogeneradores ya no quiere trabajar en el campo¡±, se lamentan. Sin embargo, la batalla legal de los activistas no hab¨ªa conseguido echar para atr¨¢s el parque hasta que, recientemente, intervino un aliado poderoso.
La Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE), la paraestatal que el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador quiere fortalecer, ha dado por terminado los contratos de compra que la un¨ªan con EDF, seg¨²n un informe presentado la semana pasada ante un juzgado. La decisi¨®n supone un duro golpe para el proyecto, todav¨ªa sin construir. Sin embargo, las razones de la paraestatal van m¨¢s all¨¢ de las violaciones de los derechos ind¨ªgenas que denuncian los activistas zapotecos y se enmarcan en una agenda energ¨¦tica que ha obstaculizado la generaci¨®n privada renovable.
EDF lleg¨® a Uni¨®n Hidalgo, una poblaci¨®n de unos 14.000 habitantes, en 2011. Era el inicio de una fiebre renovable impulsada por el sector privado y facilitada por el Gobierno. El Istmo de Tehuantepec, una de las regiones m¨¢s ventosas del mundo y tierra del pueblo zapoteco, atrajo a grandes multinacionales europeas y estadounidenses. Despu¨¦s de varios a?os de preparativos, EDF gan¨® en 2016 una subasta para que el futuro parque de 300 MW y m¨¢s de 90 aerogeneradores llamado Gunaa Sicar¨² -¡±Mujer bonita¡±, en zapoteco- suministrara electricidad a la CFE durante por lo menos 15 a?os.
La empresa llam¨® primero a la puerta de los que se consideraban propietarios de la tierra. Con ellos firmaron contratos de arrendamiento por 500 pesos la hect¨¢rea, que luego aumentar¨ªan a 6.300 pesos, seg¨²n Pedro Matus, de 64 a?os. Su esposa firm¨® uno. ¡°Yo me orill¨¦ al ver el efecto de los parques¡±, dice el ganadero, preocupado por la disminuci¨®n de aves en la zona. Seg¨²n el abogado Juan Antonio L¨®pez de la ONG ProDesc, que asesora a los activistas, la firma de estos contratos fue ¡°irregular¡± al tratarse de tierras comunales y no privadas.
ProDesc y el Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y los Bienes Comunales de Uni¨®n Hidalgo, del que forman parte Ram¨ªrez y Matus, sostienen que el Gobierno deber¨ªa haber consultado a toda la comunidad desde un inicio, antes de otorgar los permisos a EDF. El Convenio 169 de la OIT establece el derecho de los pueblos ind¨ªgenas a una consulta previa a la construcci¨®n de un proyecto en su territorio. ¡°Empezaron la negociaci¨®n con los due?os sin que el resto se enterara¡±, se?ala Guadalupe Ram¨ªrez, de 71 a?os, vestida con una blusa con bordados de flores. Ella y Matus han viajado esta semana a la Ciudad de M¨¦xico para presentar el caso ante los medios.
Ante la ausencia de una consulta formal, ProDesc present¨® un amparo en 2017. El juez orden¨® a la Secretar¨ªa de Energ¨ªa realizar una consulta ¡°respetando los est¨¢ndares internacionales¡±, pero garantiz¨® los permisos ya concedidos a EDF porque ¡°la omisi¨®n de la consulta fue por causas ajenas¡± a la empresa. La dependencia federal organiz¨® entonces una serie de asambleas para informar a la comunidad sobre el proyecto. El proceso, sin embargo, ha sufrido retrasos debido a elecciones y a la pandemia.
Pese a que el Gobierno ha realizado ya seis asambleas, bien surtidas con bocadillos y refrescos, los activistas sostienen que no se ha dado suficiente espacio a las voces cr¨ªticas. Matus y Ram¨ªrez afirman haber sido objeto de insultos y hasta de empujones. En una de las reuniones, Matus present¨® una lista con una veintena de preguntas sobre el impacto ambiental del proyecto. El funcionario federal someti¨® a votaci¨®n del p¨²blico si se respond¨ªa o no a las preguntas. La gente, ya cansada, dijo que no, y se pas¨® al siguiente punto. ¡°Era una pantomima. El funcionario de la Secretar¨ªa se reun¨ªa antes con las autoridades municipales para planear la asamblea¡±, afirma.
En paralelo al juicio dom¨¦stico, en 2020 el colectivo de Uni¨®n Hidalgo y ProDesc presentaron una demanda civil en Francia contra EDF por incumplir el derecho de los pueblos ind¨ªgenas a una consulta previa. Se ampararon en una ley francesa de 2017 sobre el deber de vigilancia de las matrices sobre sus subsidiarias en el extranjero para evitar da?os al medioambiente o violaciones a los derechos humanos. La demanda de Uni¨®n Hidalgo fue la primera acci¨®n de este tipo por parte de una comunidad ind¨ªgena de Am¨¦rica Latina.
Al final, los opositores al proyecto Gunaa Sicar¨² no han tenido que esperar. La Secretar¨ªa de Energ¨ªa present¨® la semana pasada ante el juez un escrito en el que sosten¨ªa que el proceso de consulta ya iniciado hab¨ªa quedado ¡°sin materia¡±. Seg¨²n la dependencia, la CFE ¡°dio por terminados¡± los contratos de cobertura el¨¦ctrica que ten¨ªa EDF para suministrar a la paraestatal. El estudio de interconexi¨®n de la central tambi¨¦n ¡°dej¨® de tener vigencia¡±, se?ala el documento.
Los retrasos en la construcci¨®n del parque por la necesidad de realizar una consulta y la pandemia son la clave. De acuerdo al permiso otorgado por la Comisi¨®n Reguladora de Energ¨ªa (CRE) en 2017, la planta deb¨ªa estar terminada en mayo de 2019 y empezar a operar en junio. El incumplimiento de los plazos era una de las razones previstas para revocar el permiso ¡°salvo autorizaci¨®n de la Comisi¨®n por causa justificada¡±, dice el documento de la CRE. Sin embargo, en su decisi¨®n sobre el amparo de 2017, el juez determin¨® que la CRE deb¨ªa fijar nuevos plazos para la entrada en operaci¨®n de la planta. Ni EDF ni la CFE han respondido a las preguntas de este diario sobre las razones de la cancelaci¨®n de los permisos.
En cualquier caso, la Secretar¨ªa de Energ¨ªa indica que la CFE cancel¨® en 2019 una l¨ªnea de transmisi¨®n que deb¨ªa transportar la energ¨ªa producida desde el Istmo hasta el centro del pa¨ªs. Esta obra era clave para evitar un cuello de botella energ¨¦tico en la regi¨®n ante la saturaci¨®n de las l¨ªneas ya existentes. ¡°Como ha quedado demostrado la central e¨®lica es inviable t¨¦cnicamente¡±, afirma la dependencia en su informe. El juez debe ahora decidir si cancela definitivamente el proceso de consulta.
Aunque ProDesc afirma haberle pedido a la CFE la cancelaci¨®n del proyecto e¨®lico por violaciones a los derechos humanos, la paraestatal tiene razones propias para hacerlo. ¡°Sabemos de la pol¨ªtica energ¨¦tica del presidente, pero no s¨¦ si influy¨®¡±, apunta el abogado Juan Antonio L¨®pez. ¡°Puede ser que influyeron varios factores. Durante cinco a?os hemos presionado a la Secretar¨ªa de Energ¨ªa por las m¨²ltiples irregularidades en el proceso de consulta¡±.
Desde hace tres a?os, el Gobierno ha buscado limitar la participaci¨®n privada en la generaci¨®n el¨¦ctrica. Primero, cancel¨® las subastas por las que la CFE compraba electricidad a bajo precio a centrales privadas, incluidas renovables. Luego, impuls¨® una reforma a la ley para dar prioridad a las plantas p¨²blicas por encima de las privadas, fueran o no m¨¢s limpias.
El resultado de estas acciones ha sido un incumplimiento de las metas de energ¨ªa limpia -el objetivo de 2024 se lograr¨¢ en 2031, seg¨²n el propio Gobierno- y un estancamiento en su crecimiento. Tras a?os de expansi¨®n, la energ¨ªa e¨®lica a?adi¨® en 2021 ¨²nicamente 1.372 GWh en generaci¨®n, frente a los 2.976 de 2020 y los 4.291 en 2019. La aparente cancelaci¨®n de Gunaa Sicar¨², 300 MW capaces de cubrir el consumo de 473.000 personas, ahonda ese estancamiento. EDF no ha aclarado a este diario si piensan impugnar la decisi¨®n de la CFE. En un clima marcado por la incertidumbre, la inversi¨®n se ha secado.
Mientras, Guadalupe Ram¨ªrez y Pedro Matus defienden que la regi¨®n no necesita parques e¨®licos. Los aerogeneradores han tra¨ªdo el conflicto a la comunidad. Han perdido a buenos amigos y se han alejado de familiares que apoyan el proyecto. La poblaci¨®n, a?aden, ha perdido de vista el potencial de lo que hay bajo sus pies. ¡°Cualquier semillita hace maravillas en esta tierra¡±, asegura Ram¨ªrez, que planta sorgo en su milpa. ¡°Que pongan los aerogeneradores en los cerros¡±, reclama Matus, ¡°all¨ª no se puede cultivar¡±.
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