Un ministro de la Suprema Corte busca que la Fiscal¨ªa reabra las investigaciones sobre la Guerra Sucia en M¨¦xico

Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia podr¨ªa convertirse en un parteaguas para la b¨²squeda de la verdad y la justicia de las v¨ªctimas de la Guerra Sucia, el oscuro periodo comprendido entre las d¨¦cadas de 1960 y 1980 en el que el Estado mexicano utiliz¨® sus aparatos de seguridad y grupos paramilitares para aniquilar a organizaciones disidentes. Que en esos a?os existi¨® una pol¨ªtica de Estado destinada a torturar, asesinar y desaparecer a personas identificadas como subversivas ha sido exhaustivamente documentado por instituciones nacionales e internacionales. No cabe duda. Sin embargo, se ha avanzado poco en el derecho a la verdad de las v¨ªctimas, la reparaci¨®n del da?o y el castigo a los responsables de esa pol¨ªtica de represi¨®n, que tuvo lugar durante los a?os de la hegemon¨ªa del PRI y que fue aplicada con especial ¨¦nfasis, o sa?a, en las comunidades rurales del Estado de Guerrero.

La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) ha decidido dar carpetazo a decenas de expedientes de v¨ªctimas de la Guerra Sucia, con el argumento de que en la ¨¦poca de los hechos no exist¨ªa el delito de tortura en el C¨®digo Penal mexicano. Sin embargo, el ministro Juan Luis Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara ha elaborado un proyecto de sentencia en el que se ordena a la Fiscal¨ªa considerar los delitos cometidos en ese periodo como cr¨ªmenes de lesa humanidad, reconocidos desde entonces en la normativa internacional y para los que la acci¨®n penal no prescribe.

El proyecto abre la puerta a que los responsables de la Guerra Sucia finalmente sean llevados ante la justicia y declarados culpables, aun d¨¦cadas despu¨¦s de los hechos, aun muertos, dado que, en los delitos de lesa humanidad, ¡°ni la muerte de las v¨ªctimas ni de los victimarios extingue la acci¨®n penal¡±. Se trata, pues, de hacer justicia en el plano simb¨®lico de la verdad hist¨®rica. El ¨²ltimo gran exponente de la Guerra Sucia, el expresidente Luis Echeverr¨ªa (1970-1976), muri¨® apenas el a?o pasado, a los 100 a?os de edad, sin haber sido llamado nunca a rendir cuentas. Entre sus muertos se cuenta a los estudiantes masacrados en Tlatelolco, en 1968, cuando ¨¦l era secretario de Gobierno, y los que fueron asesinados tres a?os despu¨¦s, con ¨¦l como mandatario, durante el Halconazo.

Las investigaciones sobre la Guerra Sucia han dependido de la mera voluntad de los gobiernos en turno, y su estancamiento es muestra de las resistencias ¡ªo el poder¨ªo¡ª de ciertas instituciones frente a la justicia. Recientemente, la Comisi¨®n para la Verdad de la Guerra Sucia, creada por el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, denunci¨® la falta de colaboraci¨®n del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) y del Ej¨¦rcito, que han dificultado acceder a archivos cruciales sobre violaciones a los derechos humanos bajo la pol¨ªtica de represi¨®n del Estado. Esas resistencias recuerdan a las trabas, principalmente del Ej¨¦rcito, en otro caso ic¨®nico de represi¨®n estatal entrelazada con crimen organizado, la desaparici¨®n de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, de nuevo, siempre, en Guerrero.

Esta vez, la Suprema Corte ha puesto en la mira a otra instituci¨®n, la Fiscal¨ªa dirigida por Alejandro Gertz que, lejos de facilitar el acceso a la justicia, lo ha obstruido. La actual FGR recibi¨® todos los expedientes que estaba investigando la Fiscal¨ªa Especial para los Movimientos Sociales y Pol¨ªticos del Pasado (Femospp), creada en 2001 por el presidente Vicente Fox con la finalidad expresa de indagar los delitos de Estado de la Guerra Sucia.

A casi dos d¨¦cadas, ning¨²n expediente ha llegado a manos de los jueces (mucho menos se ha obtenido alguna sentencia condenatoria), decenas contin¨²an en integraci¨®n, y en m¨¢s de 100 la Fiscal¨ªa determin¨® el ¡°no ejercicio de la acci¨®n penal¡±, es decir, dio carpetazo a las investigaciones. Uno de esos expedientes fue la denuncia de cuatro mujeres, familiares directas del maestro rural y l¨ªder guerrillero Lucio Caba?as, detenidas y torturadas en enero de 1972 por agentes que buscaban dar con el paradero del profesor. Eran los albores de la represi¨®n a la disidencia, t¨ªpicamente de Guerrero, t¨ªpicamente campesina y pobre. Caba?as finalmente fue asesinado el 2 de diciembre de 1974. La FGR decidi¨® cerrar el caso de las familiares del maestro guerrillero en enero de 2022. Las v¨ªctimas impugnaron esa decisi¨®n, y el curso de resoluciones judiciales condujo el asunto a la primera sala de la Corte, donde el proyecto de Alc¨¢ntara ser¨¢ votado en pr¨®ximos d¨ªas.

La Fiscal¨ªa justific¨® el carpetazo con el argumento de que el delito de tortura se regul¨® en el orden jur¨ªdico mexicano hasta 1986. Se?al¨® el derecho de los acusados a no ser enjuiciados retroactivamente por delitos inexistentes en la normatividad en la ¨¦poca de los hechos. Con este criterio, pr¨¢cticamente todas las carpetas de investigaci¨®n relacionadas con las torturas de la Guerra Sucia en manos de la FGR podr¨ªan ser archivadas de un plumazo. El proyecto de sentencia del ministro Alc¨¢ntara es relevante porque, de ser aprobado, sentar¨ªa un precedente que beneficiar¨¢ no solo a las parientes de Caba?as, sino a otras decenas de v¨ªctimas cuyos expedientes no deber¨¢n ser desestimados por la Fiscal¨ªa bajo el mismo criterio.

El proyecto instruye a la FGR reabrir la investigaci¨®n de las familiares de Caba?as bajo la mirada de que el contexto en el que ocurrieron los delitos denunciados estaba marcado por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, el desplazamiento forzado y otras violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a funcionarios de la siniestra Direcci¨®n Federal de Seguridad (DFS), la polic¨ªa pol¨ªtica del PRI, y de la Polic¨ªa Militar del Ej¨¦rcito. El proyecto se?ala que los delitos de la Guerra Sucia como pol¨ªtica de Estado han sido reconocidos en una mir¨ªada de informes de la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisi¨®n de la Verdad de Guerrero, la Comisi¨®n Ejecutiva de Atenci¨®n a V¨ªctimas (CEAV) e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ministro Alc¨¢ntara argumenta que en el momento de los delitos ya estaba vigente una normatividad internacional que regulaba y castigaba los cr¨ªmenes de lesa humanidad, entre los cuales se mencionaba el asesinato, la exterminaci¨®n, la persecuci¨®n y otros actos inhumanos cometidos contra la poblaci¨®n civil por motivos pol¨ªticos, raciales o religiosos. Esa normatividad, se?ala el proyecto, fue creada como medida de protecci¨®n de la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas, y su observancia era obligatoria. ¡°No es necesaria la ratificaci¨®n ni probar que un Estado la considera vinculante, ya que ser¨ªa contraintuitivo afirmar que una norma imperativa requiera del consentimiento de los Estados para que tenga dicho car¨¢cter¡±, dice el documento.

Conforme el derecho internacional, a?ade, los gobiernos tienen el deber de investigar y, si se les declara culpables, castigar a los perpetradores de tales cr¨ªmenes. ¡°Existe suficiente evidencia para suponer, presuntivamente, que los hechos denunciados constituyeron cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±, dice el proyecto. Por tanto, agrega, la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa de no ejercer su facultad de investigar es una violaci¨®n al derecho a la verdad de las v¨ªctimas. De ser aprobada la sentencia por la primera sala de la Corte, la Fiscal¨ªa tendr¨¢ un a?o para concluir la investigaci¨®n sobre la tortura a las familiares de Caba?as, en la que ¡°deber¨¢ evidenciar que las conductas desplegadas por las autoridades en contra de las quejosas fueron parte de un ataque en contra de la poblaci¨®n civil¡±, un rasgo de los imprescriptibles delitos de lesa humanidad.

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