Estados Unidos eleva el pulso con M¨¦xico por 2.000 hect¨¢reas de piedra caliza en Quintana Roo

Estados Unidos busca dar un golpe sobre el tablero y zanjar el conflicto que el Gobierno mexicano mantiene desde hace a?os con la minera estadounidense Vulcan Materials por 2.000 hect¨¢reas de piedra caliza en Quintana Roo. A dos a?os de que la Administraci¨®n de L¨®pez Obrador cerrara las operaciones de la compa?¨ªa en el pa¨ªs, un grupo de senadores estadounidenses han enviado una carta a la secretaria de Exteriores, Alicia B¨¢rcena, asegurando que si el Ejecutivo sigue sin permitir las actividades de la firma redoblar¨¢n su defensa: ¡°Vulcan ha enfrentado persistentes amenazas y hostigamiento por parte del Gobierno de M¨¦xico, incluyendo una segunda invasi¨®n militar y ocupaci¨®n de la propiedad de la empresa en marzo de 2023, as¨ª como una declaraci¨®n p¨²blica del presidente L¨®pez Obrador amenazando con convertir la propiedad en un ¨¢rea natural protegida. Estas acciones injustificadas y sin precedentes han perjudicado el desarrollo de infraestructura en M¨¦xico y Estados Unidos. Si los terrenos y el puerto de Vulcan son confiscados, nos veremos obligados a considerar todos los recursos disponibles a nuestra disposici¨®n para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie del robo de esta propiedad¡±, refiere el escrito.

En un nuevo cap¨ªtulo del desencuentro entre Vulcan Materials y el Gobierno de L¨®pez Obrador, la carta, firmada por los senadores estadounidenses Tommy Tuberville, Katie Boyd Britt, Bill Hagerty y Tim Kaine, exhorta a la Administraci¨®n federal a que revoque las medidas adoptadas contra Vulcan Materials y trabaje a favor de una soluci¨®n beneficiosa para todas las partes implicadas

Desde hace d¨¦cadas, la minera estadounidense tiene la concesi¨®n sobre una extensa cantera de tierras calizas, sin embargo, esta zona est¨¢ en un impasse desde 2018, a?o en que la compa?¨ªa demand¨® al Estado mexicano por supuestos cambios legislativos que derivaron en p¨¦rdidas en su perjuicio. Ahora, la firma exige a M¨¦xico una indemnizaci¨®n de 1.500 millones de d¨®lares. En un intento por destrabar el litigio internacional, el a?o pasado el Gobierno federal propuso el a?o pasado la compra de los terrenos a la minera en 8.000 millones de pesos. La propuesta el Ejecutivo, no obstante, fue acompa?ada con la advertencia de que si declinaban la oferta se tomar¨ªan otras acciones legales para hacerse de los predios: ¡°Nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisi¨®n completamente legal¡±, declar¨® en ese entonces.

A menos de cinco meses de que concluya esta Administraci¨®n, la pugna entre la minera estadounidense y el Ejecutivo est¨¢ en un callej¨®n sin salida. La empresa, lejos de aceptar la compraventa de los terrenos, mantiene el arbitraje internaci¨®n contra la Administraci¨®n Federal, argumentado que se han violentado sus derechos en el marco del Tratado de Libre Comercio, ahora TMEC. Fuentes allegadas al proceso han confirmado a EL PA?S que las negociaciones est¨¢n estacadas debido a que el Gobierno no ha cambiado su postura sobre convertir los yacimientos en ¨¢rea natural protegida ni tampoco han modificado el monto de la oferta de compra, una cifra que no parece adecuada para la contraparte.

Vulcan mantiene desde los ochenta la concesi¨®n de tierras calizas, insumo para la construcci¨®n, en una zona selv¨¢tica del Estado de Quinta Roo. Entremedias, la firma comenz¨® hace seis a?os un litigio contra el Estado mexicano por el pago de una supuesta indemnizaci¨®n por m¨¢s de 1.500 millones de d¨®lares. El Gobierno de L¨®pez Obrador busca zanjar de una vez por todas esta batalla legal, ya sea mediante la compraventa de los terrenos o mediante el citado decreto presidencial, con el que impedir¨ªa a la firma la extracci¨®n de los minerales. El objetivo de la Administraci¨®n, si consigue hacerse de los terrenos, es convertirlos en un centro recreativo.

El trasfondo del conflicto es una demanda que Vulcan emiti¨® en contra del Estado mexicano en 2018. Vulcan, a trav¨¦s de su subsidiaria Calica, alega que la Administraci¨®n anterior clausur¨® parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales y esta decisi¨®n les gener¨® p¨¦rdidas significativas. La minera exige en un panel internacional una indemnizaci¨®n millonaria bajo el amparo del TLCAN, ahora TMEC, una serie de peticiones que, hasta el momento, el presidente L¨®pez Obrador no parece tomar en cuenta. La misiva de los legisladores de EE UU antes de que concluya este Gobierno supone un nuevo intento, con amago incluido, por dar por terminada esta pugna.

Suscr¨ªbase a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs.