Una jueza pone en jaque las investigaciones de la Fiscal¨ªa por los desfalcos millonarios en la era de Murillo Karam como procurador

La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) se ha llevado un varapalo judicial que pone en riesgo un c¨²mulo de investigaciones internas que se iniciaron en este sexenio para documentar desv¨ªos millonarios ocurridos en la gesti¨®n del exprocurador Jes¨²s Murillo Karam entre 2012 y 2015, durante la Administraci¨®n de Enrique Pe?a Nieto (PRI). La jueza federal Alejandra Dom¨ªnguez Santos ha absuelto, en uno de los asuntos, al general Jos¨¦ Antonio Ramos Ar¨¦valo, exdirector general de Servicios A¨¦reos de la antigua Procuradur¨ªa General, a quien la Fiscal¨ªa de Asuntos Internos acusaba de la compra injustificada de drones militares por un monto de m¨¢s de 600 millones de pesos. Aunque la FGR ha impugnado la resoluci¨®n absolutoria ante un tribunal colegiado, el criterio de la jueza puede prevalecer en el resto de los expedientes en los que ella misma ser¨¢ la encargada de dictar una sentencia.

La resoluci¨®n de Dom¨ªnguez Santos podr¨ªa incluso favorecer en un futuro a Tom¨¢s Zer¨®n, exdirector de la Agencia de Investigaci¨®n Criminal de la Procuradur¨ªa y quien se encuentra pr¨®fugo en Israel. Existen al menos tres ¨®rdenes de aprehensi¨®n vigentes contra el exfuncionario. Una es por los delitos de tortura y desaparici¨®n forzada en el caso Ayotzinapa ¡ªmismos delitos por los que el exprocurador Murillo Karam ha sido capturado y enviado a prisi¨®n domiciliaria. Las otras dos ¨®rdenes de aprehensi¨®n contra Zer¨®n est¨¢n relacionadas, precisamente, con los expedientes sobre actos de corrupci¨®n documentados por la Fiscal¨ªa de Asuntos Internos, en los que se se?ala al exdirectivo como responsable de un desv¨ªo de m¨¢s de mil millones de pesos mediante contrataciones fraudulentas. La jueza Dom¨ªnguez ha convocado esta semana a audiencia para emitir una resoluci¨®n sobre los asuntos que involucran a Zer¨®n.

EL PA?S ya hab¨ªa dado a conocer que la FGR ha integrado nueve carpetas de investigaci¨®n contra los antiguos colaboradores de Murillo Karam por malos manejos de recursos p¨²blicos que ocasionaron un da?o a las finanzas p¨²blicas por 3.290 millones de pesos (187 millones de d¨®lares). El exprocurador no ha sido acusado en estos expedientes directamente, pero s¨ª algunos de sus m¨¢s leales funcionarios, empezando por Aracely G¨®mez Molano, que fue su Oficial Mayor (tesorera) en la Procuradur¨ªa y autoriz¨® varias de las salidas de dinero que hoy indaga la Fiscal¨ªa de Asuntos Internos, desde adquisiciones de equipos de espionaje y aeronaves de lujo hasta supuestas compras de bienes de los que no hay rastro alguno. Los expedientes se?alan que los pagos se hicieron con cargo a la opaca partida de Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional. Idealmente, dicha partida debe usarse para solventar gastos relacionados con operaciones encubiertas; con el argumento de salvaguardar la seguridad de los agentes y la confidencialidad de las investigaciones, los controles para la salida de esos recursos son laxos y dif¨ªcilmente dejan trazos. Por ello la predilecci¨®n por usar esa partida como caja chica de desv¨ªos.

El perd¨®n a Ramos Ar¨¦valo

El general Ramos Ar¨¦valo, un piloto aviador de 77 a?os formado en el Ej¨¦rcito, lleg¨® a la antigua Procuradur¨ªa de la mano de Murillo Karam. La Fiscal¨ªa de Asuntos Internos lo acus¨® de uso indebido de facultades, falsificaci¨®n de documentos y fraude, por la compra irregular, en 2013, de siete drones mediante dos contratos que sumaban 41,4 millones de d¨®lares (608 millones de pesos). Los aparatos fueron comprados por adjudicaci¨®n directa ¡ªes decir, sin licitaci¨®n¡ª a la empresa Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., que formaba parte del consorcio que un a?o despu¨¦s vendi¨® a la misma Procuradur¨ªa el malware esp¨ªa Pegasus. Cuatro de los drones son fabricados por la compa?¨ªa israel¨ª Aeronautics Defense Systems Ltd. y los otros tres por la estadounidense Lockheed Martin. Los fiscales sostienen que Ramos Ar¨¦valo efectu¨® la compra sin contar con la autorizaci¨®n de la Oficial¨ªa Mayor de la Procuradur¨ªa; que falsific¨® documentos para beneficiar expresamente a Balam Seguridad, y que los aparatos no eran necesarios ni urgentes, de modo que se trat¨® de una adquisici¨®n injustificada.

Dom¨ªnguez Santos, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, absolvi¨® a Ramos Ar¨¦valo el pasado 15 de julio. Este peri¨®dico ha accedido a los detalles de la audiencia y los alcances de la resoluci¨®n absolutoria. La juzgadora determin¨® que la compra fue justificada porque el exfuncionario intentaba mantener actualizada la flota a¨¦rea de la Direcci¨®n General de Servicios A¨¦reos y atender la demanda de diversas unidades de la Procuradur¨ªa y de otras instituciones de seguridad. No obstante, los fiscales internos hicieron notar que, conforme a sus indagatorias, ning¨²n ¨¢rea administrativa de la PGR requiri¨® la compra de los drones, y que, incluso, hasta fechas recientes, se ignoraba la existencia de los aparatos en el inventario de la instituci¨®n. Una fuente de la Fiscal¨ªa ha afirmado que se intent¨® utilizar algunos de los drones en las nuevas labores de b¨²squeda de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa emprendidas por la Administraci¨®n de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, pero, ha precisado el informante, los aparatos ya estaban tecnol¨®gicamente rebasados.

Uno de los criterios para adquirir bienes con cargo a la partida de Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional es que exista urgencia, riesgo y necesidad de confidencialidad, de tal modo que se deban pasar por alto los requisitos convencionales de contrataci¨®n que deben observar las dependencias para garantizar al Estado las mejores condiciones del mercado en cuanto a precio y calidad. Los fiscales de la FGR refirieron en el juicio que, al momento de la compra, no hab¨ªa en curso alguna investigaci¨®n sensible o actividad confidencial de riesgo que requiriese de la adquisici¨®n de los drones. Ramos Ar¨¦valo tampoco demostr¨® que la compra haya sido urgente, pues los contratos otorgados a Balam Seguridad establecieron un plazo de un a?o para la entrega de los aparatos, lo que demostraba la falta de urgencia.

La compa?¨ªa demor¨® m¨¢s tiempo en entregar los drones, lo que ameritaba la imposici¨®n de una multa a favor de la Procuradur¨ªa. No obstante, la defensa de Balam Seguridad present¨® en la audiencia la copia de un convenio modificatorio que justificaba la demora. Los fiscales alegaron que el documento carec¨ªa de credibilidad por tratarse de una copia (el original no existe en los archivos de la instituci¨®n), y sugirieron que podr¨ªa haber sido manufacturado ex profeso, con el consentimiento de Ramos Ar¨¦valo, para librar a la empresa del pago de las multas. La jueza, sin embargo, valid¨® la copia del convenio y estableci¨® que los drones son bienes considerados de seguridad nacional y pod¨ªan adquirirse mediante la opaca partida tan recurrida en la gesti¨®n de Murillo Karam.

En total, 12 colaboradores del exprocurador han sido denunciados por la Fiscal¨ªa de Asuntos Internos, que a la llegada de Alejandro Gertz como cabeza de la FGR emprendi¨® una dura estrategia para intentar recuperar los recursos mal ejercidos. La partida de Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional fue usada con tal discrecionalidad durante el sexenio de Pe?a Nieto que otra de las investigaciones en curso est¨¢ relacionada con salidas de dinero en efectivo por 620 millones de pesos, seg¨²n revel¨® este peri¨®dico. Supuestamente, el dinero iba a ser utilizado para pagar vi¨¢ticos de testigos protegidos y agentes encubiertos como parte de la Operaci¨®n Escudo, un sigiloso programa de combate al crimen organizado, pero los fiscales no han hallado indicios de que las salidas millonarias estuviesen relacionadas con alguna investigaci¨®n criminal. Las ambiciones de la mancuerna L¨®pez Obrador-Gertz podr¨ªan verse truncadas en los tribunales, en un momento de alta confrontaci¨®n pol¨ªtica entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que busca, este ¨²ltimo, una profunda reforma al sistema de impartici¨®n de justicia.

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