La Fiscal¨ªa advierte un desfalco de 3.290 millones de pesos en la gesti¨®n de Murillo Karam como procurador

Las deudas del exfiscal general Jes¨²s Murillo Karam con la justicia est¨¢n lejos de saldarse. El que fuera titular de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica entre 2012 y 2015, durante la Administraci¨®n del priista Enrique Pe?a Nieto, ha conseguido hace unos d¨ªas una peque?a victoria en uno de los dos procesos judiciales abiertos en su contra por la desaparici¨®n de los normalistas de Ayotzinapa. Su defensa logr¨® que un juez le concediera la prisi¨®n domiciliaria, alegando problemas de salud y su avanzada edad (tiene 75 a?os). La decisi¨®n del juez solo surte efecto en una de las causas judiciales del exfiscal, que deber¨¢ seguir en prisi¨®n. A la par de los asuntos por tortura, desaparici¨®n forzada y obstrucci¨®n de la justicia, la Fiscal¨ªa, que encabeza Alejandro Gertz, ha armado nueve expedientes en contra de antiguos colaboradores de Murillo Karam por malos manejos de recursos p¨²blicos que ocasionaron un da?o al erario por 3.290 millones de pesos (unos 187 millones de d¨®lares), de acuerdo con un informe interno al que tuvo acceso EL PA?S.

Aunque en ninguno de esos casos por corrupci¨®n est¨¢ directamente denunciado Murillo Karam, la Fiscal¨ªa ha tendido un cerco en torno a su c¨ªrculo m¨¢s cercano, empezando por quien fuera su oficial mayor en la PGR, Judith Aracely G¨®mez Molano. En total, 12 exfuncionarios han sido denunciados por posible desv¨ªo de recursos, compras de bienes a sobreprecio, robo de dinero en efectivo y contrataciones manipuladas para beneficiar a empresas favoritas. Casi todos los denunciados han sido vinculados a proceso, es decir, el juez encontr¨® elementos convincentes de los delitos que les carga la Fiscal¨ªa y est¨¢n a la espera de sentencias, de acuerdo con el informe consultado por este peri¨®dico. Entre los acusados en estos expedientes por corrupci¨®n tambi¨¦n se encuentra Tom¨¢s Zer¨®n, extitular de la Agencia de Investigaci¨®n Criminal (AIC), pr¨®fugo en Israel y acusado de tortura y desaparici¨®n en las causas sobre el caso Ayotzinapa.

Los otros colaboradores de Murillo Karam denunciados por corrupci¨®n son Vidal Diazleal Ochoa, que fue director de la Polic¨ªa Federal Ministerial; el capit¨¢n C¨¦sar Gustavo Ram¨ªrez Torralba, exdirector adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones; Jos¨¦ Antonio Ramos Ar¨¦valo, exdirector de Servicios A¨¦reos; el capit¨¢n Humberto ?ntimo Rivera, exdirector de Seguridad Institucional; D¨¦bora Schlam Epelstein, exdirectora de Programaci¨®n y Presupuesto (y hoy funcionaria en la Secretar¨ªa de Econom¨ªa); Gustavo Armando Kanaan Brito, exdirector de Recursos Materiales; Rigoberto Gabino Garc¨ªa Ocampo, exdirector de Informaci¨®n sobre Actividades Delictivas; Jos¨¦ Luis Guti¨¦rrez Ayala y Zacar¨ªas Conzuelo Reza, ambos exdirectores en la Oficina del Procurador, y Daniel Pi?a Romo, exdirector en la Oficial¨ªa Mayor.

Los sobres rojos

Las investigaciones que siguen la ruta del dinero est¨¢n a cargo de la Fiscal¨ªa de Asuntos Internos, que en la Administraci¨®n de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador emprendi¨® una fuerte estrategia para intentar recuperar una suma millonaria de recursos desaparecidos o malversados en la gesti¨®n de Murillo Karam. Uno de los expedientes m¨¢s llamativos indaga el desv¨ªo de 620 millones de pesos mediante salidas de dinero, supuestamente, para pagar vi¨¢ticos a testigos protegidos y a agentes encubiertos como parte de la Operaci¨®n Escudo, un sigiloso programa de combate al crimen organizado, seg¨²n el reporte revisado. La Fiscal¨ªa se?ala que no existe evidencia de que las salidas de recursos estuviesen relacionadas con alguna investigaci¨®n criminal.

Los movimientos se hicieron con cargo a la opaca partida de Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional, que era algo as¨ª como una caja chica que se manejaba en efectivo, con pocos controles, justific¨¢ndose en la secrec¨ªa de las investigaciones criminales y en la necesidad de que se pudiera disponer de los recursos con facilidad. La indagatoria de la Fiscal¨ªa sobre esa partida es conocida como el caso de los sobres rojos, porque era el empaque con el que se sacaban los recursos de la b¨®veda de la PGR. Este diario ya hab¨ªa adelantado en 2020 que los gastos no justificados de esa partida rondaban los 100 millones de pesos. Las nuevas indagatorias demuestran que la cantidad robada es seis veces mayor.

Otras dos carpetas de investigaci¨®n involucran a Tom¨¢s Zer¨®n. La Fiscal¨ªa indaga un pago de 250 millones de pesos a la empresa offshore Duritz Holdings Limited para una supuesta compra de equipos de intercepci¨®n de telecomunicaciones. La compa?¨ªa tiene sede en Gibraltar, un para¨ªso fiscal, y el pago se hizo a una cuenta en Suiza. Los investigadores no hallaron los equipos en el inventario de la PGR, de modo que presumen que Zer¨®n los extrajo de la dependencia para instalar un centro personal de espionaje. La segunda carpeta es por el pago de 852 millones de pesos en contratos a las empresas Acumen Telecomunicaciones S.A. de C.V. y Vans y Suvs de Lujo S.A. de C.V. para adquirir camionetas y sistemas de intercepci¨®n de comunicaciones. El plan de esa compra era instalar los equipos de espionaje en los veh¨ªculos, a fin de tener unidades m¨®viles de escuchas. Los bienes fueron entregados a la PGR, pero permanecieron en bodegas y no se utilizaron. Estos pagos se hicieron con cargo a la partida de Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional.

Drones y aviones de lujo

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n investiga la compra de siete aviones no tripulados con valor de 615 millones de pesos. Los aparatos fueron vendidos por la empresa Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., proveedor en M¨¦xico del malware de espionaje Pegasus. Cuatro de los drones son fabricados por la empresa israel¨ª Aeronautics Defense Systems Ltd. y los tres restantes por la compa?¨ªa estadounidense Lockheed Martin. La Fiscal¨ªa se?ala que los aviones no tripulados ¡ªque no portan armas y sirven para operaciones indetectables de inteligencia¡ª fueron comprados sin la autorizaci¨®n de la Oficial¨ªa Mayor de la PGR y con documentaci¨®n falseada. La adquisici¨®n tambi¨¦n se hizo con recursos de la opaca partida de Gastos de Seguridad P¨²blica y Nacional.

Otras dos investigaciones est¨¢n relacionadas con la compra de dos aeronaves de lujo utilizadas por el exprocurador Murillo Karam para prop¨®sitos personales, seg¨²n las pesquisas de la Fiscal¨ªa. Uno es un jet Bombardier Challenger adquirido en 2013 por 19,6 millones de d¨®lares (unos 281,7 millones de pesos). El otro es un helic¨®ptero Eurocopter EC-145 comprado, tambi¨¦n en 2013, a un precio de 98,9 millones de pesos. En ambos casos, la Fiscal¨ªa sostiene que la instituci¨®n no ten¨ªa necesidad de hacer tales compras, pues ya contaba con una flota de aeronaves, adem¨¢s de que la PGR no requer¨ªa de aviones tan lujosos y caros para cumplir su principal prop¨®sito, que es la persecuci¨®n de delitos. La Fiscal¨ªa se?ala, adem¨¢s, que en el caso del jet Challenger se pag¨® un sobreprecio de cuatro millones de d¨®lares por encima del valor del mercado, mientras que, para adquirir el helic¨®ptero Eurocopter por adjudicaci¨®n directa se falsific¨® documentaci¨®n para brincarse la obligada licitaci¨®n. Los fiscales presumen que ambas aeronaves eran utilizadas por Murillo Karam como taxis a¨¦reos para hacer traslados m¨¢s bien personales.

Existen otras dos carpetas por diversas contrataciones en la gesti¨®n de Murillo Karam con valor de 112,3 millones de pesos, por supuestas compras de equipo que no fue entregado por los proveedores, lo que configura un desv¨ªo de recursos efectuado, como en otros casos, con cargo a la partida de Seguridad P¨²blica y Nacional. Adem¨¢s, la Fiscal¨ªa ha incluido en estas investigaciones por corrupci¨®n la compra del malware Pegasus, por el que la PGR pag¨® 460 millones de pesos. En ese expediente, la Fiscal¨ªa involucra a Zer¨®n, a la extesorera Aracely G¨®mez y a otros dos exfuncionarios en los delitos de peculado, fraude, asociaci¨®n delictuosa y uso indebido de atribuciones. El caso Pegasus sigue otra vertiente judicial por las escuchas ilegales a periodistas y activistas, una tradici¨®n de espionaje ilegal iniciada en el Gobierno de Pe?a Nieto y continuada en la Administraci¨®n de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador.

En casi todas las acusaciones se repite el nombre de Aracely G¨®mez Molano, la oficial mayor de Murillo Karam en la PGR. La funcionaria contaba con toda la confianza del procurador. Fue su secretaria particular cuando este fue senador (2006-2012) y pas¨® a manejar el presupuesto millonario del Gobierno cuando su jefe asumi¨® el cargo en la PGR. Murillo Karam dej¨® la dependencia en medio de la crisis institucional provocada por el mal manejo del caso Ayotzinapa. El presidente Pe?a Nieto tom¨® la decisi¨®n de removerlo como procurador y, en febrero de 2015, lo envi¨® a la Sedatu, una secretar¨ªa de asuntos agr¨ªcolas sin relevancia, lejos del escrutinio p¨²blico. Murillo Karam se llev¨® consigo a su fiel colaboradora, G¨®mez Molano, a la que volvi¨® a nombrar oficial mayor en la nueva instituci¨®n que ten¨ªa a su cargo. Duraron poco tiempo en la Sedatu. Antes de terminar el a?o, Murillo Karam dej¨® el Gobierno. Tambi¨¦n lo hizo G¨®mez Molano, que en 2016 se gan¨® una notar¨ªa p¨²blica en Hidalgo, Estado del que Murillo Karam fue gobernador en la d¨¦cada de los noventa, en lo que muchos vieron un pago de favores.

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