Pasos a la autocratizaci¨®n

Un conjunto de decisiones recientes del presidente L¨®pez Obrador han cambiado el terreno de la pol¨ªtica institucional en un sentido autoritario. Designar al Tren Maya como asunto de seguridad nacional (evitando as¨ª obedecer ¨®rdenes de suspensi¨®n de obra de jueces y transparentar la informaci¨®n relativa a contratos y obras); anunciar que por decreto o por ley la Guardia Nacional se transferir¨¢ al Ej¨¦rcito (de facto es as¨ª pero hacerlo de jure es una violaci¨®n de la constituci¨®n); y, finalmente pero no al final, presionar al poder judicial federal para allanar todos las decisiones de jueces federales que hab¨ªan ordenado la suspensi¨®n temporal o definitiva de las obras emblem¨¢ticas del Gobierno, y continuar usando a la Fiscal¨ªa de justicia de manera discrecional, son todas acciones que violan la autonom¨ªa del poder judicial, bloquean el desarrollo de un sistema de justicia independiente e ignoran al poder legislativo y, por tanto, anulan la divisi¨®n de poderes. Esta anulaci¨®n significa el paso de un gobierno populista, o populismo en el gobierno, propio de una fase de democracia electoral (por precaria que sea) a una fase de mayor hibridaci¨®n entre los elementos sobrevivientes de la democracia (libertad de prensa y de manifestaci¨®n, elecciones competitivas y reglamentadas) con formas de ejercicio del poder francamente autoritarias (populismo como gobierno, o autoritarismo electoral). El peligro de involuci¨®n democr¨¢tica, siempre presente desde el inicio del actual gobierno, es ahora inminente y no debe pasarse por alto.

Si bien el concepto de populismo es interpretado como un mero ep¨ªteto por una parte de la opini¨®n p¨²blica, en realidad designa una forma de la pol¨ªtica contempor¨¢nea que, siendo muy antigua, ha tomado vida propia en nuestro tiempo de crisis de legitimidad y de representaci¨®n de los partidos pol¨ªticos. Los l¨ªderes populistas se presentan como salvadores de la patria en un contexto de crisis moral, pol¨ªtica y/o econ¨®mica, reclamando representar al ¡°pueblo¡±, que en realidad es una entidad vaga, indefinible y abstracta, cuya concreci¨®n y corporizaci¨®n en un l¨ªder es una prerrogativa de pol¨ªticos carism¨¢ticos que aparecen en un lugar y tiempo determinados. El l¨ªder define al pueblo, convirtiendo a una parte de la ciudadan¨ªa en un todo simb¨®lico (el pueblo bueno), establece un concepto de la pol¨ªtica como confrontaci¨®n entre amigos y enemigos (por lo cual no puede haber concesiones o pactos con los agentes pol¨ªticos y/o sociales que no se integren a su coalici¨®n) e interpreta su triunfo en las elecciones presidenciales como una autorizaci¨®n popular para hacer lo que juzgue conveniente (como una especie de plebiscito). Por tanto, el l¨ªder no se considera limitado por la ley ni por las instituciones, las cuales son consideradas herencias del viejo r¨¦gimen, y decide entonces, de manera discrecional, c¨®mo usar el presupuesto, que pol¨ªticas p¨²blicas implementar, que leyes respetar y cu¨¢les no, as¨ª como la manera de administrar la justicia de acuerdo a sus intereses pol¨ªticos personales.

El impacto de un gobierno populista es muy variable de acuerdo al contexto pol¨ªtico de cada pa¨ªs, a su historia y a la fortaleza (o debilidad) de sus instituciones democr¨¢ticas. En el caso de M¨¦xico, L¨®pez Obrador mostr¨® desde el principio de su Gobierno poco respeto por las instituciones, recurri¨® a consultas populares informales (cancelaci¨®n del aeropuerto, etc.) y us¨® la mayor¨ªa parlamentaria de que dispuso para impulsar algunas pol¨ªticas p¨²blicas cuestionables: cambi¨® la pol¨ªtica social de los gobiernos neoliberales e instaur¨® un sistema generalizado de asistencialismo paternalista que en la pr¨¢ctica ha dejado fuera a los m¨¢s pobres; redujo notablemente el gasto p¨²blico en salud, educaci¨®n e infraestructura para financiar con recursos fiscales sus megaobras (que a decir verdad son de dudosa utilidad p¨²blica), con lo cual ha causado un da?o irreparable a los m¨¢s pobres; y decidi¨® ignorar la crisis de seguridad y justicia, que tambi¨¦n afecta fundamentalmente a los m¨¢s pobres, al reducir el presupuesto de la fiscal¨ªa, desaparecer la polic¨ªa federal y dejar sin apoyo a las polic¨ªas estatales y municipales.

Pero el aspecto m¨¢s riesgoso de su gesti¨®n fue su decisi¨®n de construir una especie de gobierno paralelo a trav¨¦s de dos v¨ªas: la militarizaci¨®n de crecientes ¨¢reas de la gesti¨®n p¨²blica, que han quedado fuera del campo de la rendici¨®n de cuentas; y la informalizaci¨®n y politizaci¨®n de la pol¨ªtica social, ejercida por un cuerpo opaco de funcionarios-militantes (los servidores de la naci¨®n), que convirtieron la entrega de becas y subsidios en un ejercicio discrecional y muchas veces condicionado a la lealtad pol¨ªtica.

Mientras tanto, el discurso polarizante del presidente, que le han permitido controlar la agenda de lo p¨²blico y descalificar a todos quienes le critican, ha tenido como efecto ocultar el car¨¢cter arbitrario de su gesti¨®n y legitimar la concentraci¨®n absoluta del poder en su persona. El ejercicio del poder no ha obedecido a un plan coherente, sino que ha sido un conjunto de improvisaciones y ocurrencias que, si bien no han tenido consecuencias catastr¨®ficas gracias a la prudencia fiscal del presidente, han agravado la desinstitucionalizaci¨®n del Estado y su baja calidad de su desempe?o. El debilitamiento del Estado, funcional a un presidente que concentra todas las decisiones, est¨¢ teniendo como consecuencia que los ciudadanos tengan menos acceso a servicios dignos, que la delincuencia gane poder territorial y pol¨ªtico y que la seguridad y la justicia sean relegadas de las prioridades gubernamentales.

Hasta mediados de 2021, la ambivalencia del discurso y la pr¨¢ctica presidenciales, siempre oscilando, de un lado, entre la discrecionalidad autoritaria y el desconocimiento y ataque a toda protesta contra su Gobierno, y de otro, respetando las libertades de prensa, reuni¨®n y asociaci¨®n, permit¨ªa vislumbrar un equilibrio inestable en la hibridaci¨®n de elementos autoritarios y democr¨¢ticos sin poner en riesgo la precaria democracia construida en el largo proceso de transici¨®n. Pero la relativa derrota electoral sufrida por Morena en las elecciones legislativas de medio t¨¦rmino en 2021, seguidas en 2022 por la falta de ¨¦xito en la absurda ¡°consulta popular para el juicio a los expresidentes¡±, por la imposibilidad de hacer aprobar en el congreso una reforma constitucional en materia el¨¦ctrica y por el fallido refer¨¦ndum ¡°ratificatorio¡± de L¨®pez Obrador (que no logr¨® la participaci¨®n deseada por el presidente), limitaron m¨¢s los espacios pol¨ªticos para el ejercicio autoritario del poder. Hay que agregar a estos factores el fracaso relativo de las megaobras presidenciales, a las cuales L¨®pez Obrador ha apostado su lugar en la historia. La refiner¨ªa de Tabasco claramente no refinar¨¢ petr¨®leo en este sexenio y sin embargo ya ha duplicado su costo; el Tren Maya enfrenta los problemas derivados de la improvisaci¨®n, las resistencias sociales (y legales) de ind¨ªgenas y ambientalistas y los sobrecostos monumentales derivados de la ausencia de planeaci¨®n. El nuevo aeropuerto entr¨® en ¡°operaci¨®n¡± sin ser terminado, pues carece de se?alizaci¨®n nocturna, de v¨ªas de acceso y de instalaciones para el almacenamiento de carga, de aduanas y de conexi¨®n con el aeropuerto Benito Ju¨¢rez, todo lo cual tomar¨¢ a?os en ser construido.

Este es el contexto que explica la nueva deriva autoritaria del Gobierno de L¨®pez Obrador, en la que los remanentes democr¨¢ticos del r¨¦gimen corren el riesgo de desmoronarse. Destaca, en este ¨²ltimo a?o, el avance constante e imparable de la militarizaci¨®n, que est¨¢ convirtiendo al Ej¨¦rcito, una instituci¨®n formalmente apol¨ªtica que ha jugado un papel neutral en el proceso de democratizaci¨®n, en un sector estrat¨¦gico para la gobernanza. Los militares son ya una parte esencial del Gobierno federal, sin que su estatuto especial en el r¨¦gimen pol¨ªtico mexicano posrevolucionario, que les dio una especie de patente de corzo para autogobernarse y para no rendir cuentas a la sociedad, se haya modificado. Donde los militares mandan, reina la opacidad, la discrecionalidad y el secreto. Esta es una paradoja, pues la justificaci¨®n de L¨®pez Obrador para poner a militares al frente de las aduanas, los controles fronterizos, las obras p¨²blicas estrat¨¦gicas, varios aeropuertos y, ante todo, la seguridad p¨²blica, fue la necesidad de combatir la corrupci¨®n. Pues bien, la opacidad militar m¨¢s bien abre una ventana de oportunidad a la corrupci¨®n institucionalizada. Por lo dem¨¢s, el Ej¨¦rcito nunca fue una isla de honestidad dentro del mar de corrupci¨®n del r¨¦gimen autoritario, sino, al menos en el caso de algunos mandos superiores, una parte integral de ¨¦l, sobre todo por la necesidad hist¨®rica (dada la debilidad estructural del Estado) de que la instituci¨®n armada se encargara de lidiar con los grupos del crimen organizado.

En semanas recientes, el presidente L¨®pez Obrador escal¨® sus desaf¨ªos al orden jur¨ªdico. Ha declarado que el Ej¨¦rcito no regresar¨¢ a los cuarteles despu¨¦s de que su Gobierno termine, que har¨¢ que la Guardia Nacional se integre legalmente al Ej¨¦rcito, y ya logr¨® que el Tren Maya sea declarado asunto de ¡°seguridad nacional¡±, como lo hizo con la construcci¨®n del aeropuerto Felipe ?ngeles, para no verse limitado por las leyes que aplican a la regulaci¨®n de los grandes proyectos de construcci¨®n. Estas decisiones constituyen un golpe de estado t¨¦cnico, pues pasan por encima del congreso, de las instituciones de rendici¨®n de cuentas y del poder judicial. L¨®pez Obrador desconoce, de facto, a los otros poderes de la uni¨®n. Pero m¨¢s grave a¨²n, la extravagante decisi¨®n de L¨®pez Obrador de adelantar la sucesi¨®n presidencial y poner a competir a sus propios secretarios de estado entre s¨ª, ha implicado desconocer la autoridad del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral de la Federaci¨®n, ya que los potenciales candidatos est¨¢n desde ya haciendo campa?a, en violaci¨®n a las leyes electorales vigentes.

El Congreso, en el que es mayor¨ªa el partido oficial, Morena, est¨¢ paralizado, por un lado, por la decisi¨®n de los partidos de oposici¨®n de no tramitar iniciativas de cambio constitucional que env¨ªe el presidente y por otro, porque Morena no es un partido, sino un instrumento electoral de Lopez Obrador, sin agenda propia ni capacidad de decisi¨®n aut¨®noma. En este punto cabe destacar la profunda irresponsabilidad pol¨ªtica de ambos, la oposici¨®n y el presidente, que han cerrado la oportunidad del di¨¢logo y la negociaci¨®n. El ¨²ltimo control posible a los exabruptos del presidente es la Suprema Corte de Justicia. Y los m¨¢ximos jueces han sido y son presionados desde el poder, por lo cual o han pospuesto las decisiones estrat¨¦gicas o han decidido de forma ambigua, evitando una confrontaci¨®n con el presidente. Lamentablemente, hemos llegado a un punto de no retorno: o se detiene al presidente en su abierto reto al Estado de Derecho, o se cede la ¨²ltima plaza que detiene el proceso de autocratizaci¨®n en marcha. Lo que seguir¨ªa, de no haber capacidad de resistencia en el m¨¢ximo tribunal, es la protesta social, hasta ahora en estado de latencia, pero que empieza a tomar forma a partir del terrible asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua el mes pasado. La exigencia de paz y justicia es moral y pol¨ªticamente incontestable y por tanto es una lucha civil a la que el presidente no puede descalificar. Si la designa como enemigo estar¨¢ erosionando su propia legitimidad. Y es entonces que estaremos frente a un cl¨¢sico movimiento social prodemocr¨¢tico que desde abajo tratar¨¢ de detener la deriva autoritaria.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs