La monarqu¨ªa del ¡®cash¡¯

Desde que se public¨® el libro El Rey del Cash con un testimonio que supuestamente devela un esquema de financiamiento ilegal utilizado por L¨®pez Obrador para ganar la presidencia, la oposici¨®n no ha parado de criticar las violaciones a la Ley electoral. Pero una cosa es criticar y otra es hacer algo al respeto. Al momento de hacer algo, la mayor¨ªa opt¨® por facilitar el cash.

En hipocres¨ªa flagrante, hace unos cuantos d¨ªas el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena se unieron para aprobar en la C¨¢mara de Diputados una reforma que reduce las sanciones a las violaciones a la Ley electoral, incluyendo las prohibiciones y topes de gastos en materia de financiamiento. Movimiento Ciudadano colabor¨® con su abstenci¨®n, y el resto con voto directo.

Estos cambios legales facilitan la existencia, no de un Rey del Cash, sino de tantos monarcas del cash como puedan existir dentro del sistema de partidos mexicano. En particular, el cambio facilita el pago de las multas en c¨®modas mensualidades. Anteriormente, violar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales pod¨ªa resultar en multas que descontaban hasta el 50% del dinero que los partidos recib¨ªan de financiamiento p¨²blico. Ahora el m¨¢ximo ser¨¢ la mitad de eso.

Para que se consolide esta hipocres¨ªa que facilitar¨¢ la existencia de una monarqu¨ªa del cash, falta la votaci¨®n del Senado. Es ah¨ª donde esta hipocres¨ªa debe detenerse. De no ser as¨ª, los partidos podr¨¢n pagar multas en paguitos, dificultando con ello la fiscalizaci¨®n, las sanciones por actos anticipados de campa?a e incluso, las multas por propaganda pol¨ªtica denigrante.

Es de reconocer que el PAN y una diputada de Morena fueron congruentes y votaron en contra de esta perversa reforma. La morenista disidente fue In¨¦s Parra, una diputada de mayor¨ªa relativa del distrito 4 de Ajalpan, Puebla. Esta no es la primera vez que Parra vota en contra de su grupo parlamentario. Ella fue la ¨²nica morenista que vot¨® en contra de la reforma constitucional que ampliaba la presencia del Ej¨¦rcito en tareas de seguridad p¨²blica y la ¨²nica que lo volvi¨® a hacer, un mes despu¨¦s, en la segunda ronda de votaci¨®n.

Detener esta reforma es solo un primer paso. Si queremos eliminar a la monarqu¨ªa del cash ser¨¢ necesario hacer algo todav¨ªa m¨¢s dif¨ªcil: graduarnos de sancionar violaciones a incentivar el buen comportamiento. Me explico.

Hoy el financiamiento de campa?as pol¨ªticas genera enormes beneficios y costos relativamente bajos para quien hace trampa. El financiamiento ilegal de campa?as beneficia a los candidatos al permitirles tener recursos para ser m¨¢s competitivos, y a los financiadores al permitirles cobrar favores pol¨ªticos en el futuro. As¨ª, las campa?as crean pactos de silencio y de apoyo entre una clase pol¨ªtica que necesita dinero y una clase empresarial que necesita licitaciones o regulaciones a modo. El castigo al financiamiento il¨ªcito existe, pero dada la imposibilidad material de monitorear las campa?as pol¨ªticas en su totalidad, la multa se vuelve un costo predecible y acotado. Las multas adem¨¢s est¨¢n acotadas en tama?o. Si consideramos que se estima que, por cada peso de dinero legal en una campa?a, hay 15 pesos ilegales, las multas son de facto irrisorias.

La soluci¨®n, por tanto, no es solo monitorear y sancionar, sino pensar en c¨®mo cambiar la l¨®gica de pactos entre pol¨ªticos y financiadores. Es decir, disminuir el beneficio estimado que compra el financiador ilegal. Hacerlo requiere imponer candados a las licitaciones y asignaci¨®n de contratos p¨²blicos. Pero, sobre todo, esto requiere que la ley deje de ser selectiva en su aplicaci¨®n. Mientras ser perseguido por violaciones fiscales, laborales o regulatorias sea una decisi¨®n discrecional, el pacto de impunidad continuar¨¢ vigente.

A la par ser¨¢ necesario digitalizar todos los pagos de partidos pol¨ªticos y gobiernos locales, de forma que sea imposible utilizar recursos ilegales sin que quede registrado. El INE mismo puede hacerse cargo del pago directo a ciertos proveedores y limitar la publicidad pagada.

Actualmente la Ley electoral no tipifica como delito el entregar o recibir cantidades en efectivo. Esto debe cambiar, pues hace que imponer una sanci¨®n penal a quien recibe financiamiento ilegal sea casi imposible. De hecho, la sanci¨®n m¨¢xima a la que se puede aspirar por ello es puramente administrativa y dirigida a los partidos pol¨ªticos, no a la persona que recibi¨® el dinero.

Las mejores mentes de este pa¨ªs deben abocarse a dise?ar mecanismos que desaparezcan la monarqu¨ªa del cash multipartidista de M¨¦xico. Solo as¨ª podremos crear un pa¨ªs donde el elector, y no el financiador, tenga el sart¨¦n por el mango.

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