El plan C

El Poder Judicial pas¨® en apenas un lustro de campo de batalla donde se disputa el modelo de pa¨ªs que las fuerzas pol¨ªticas pretenden, a convertirse en el tema mismo de esa pugna ideol¨®gica. De ¨¢rbitro pol¨ªtico a jugador, o incluso a trofeo. La pelea en 2024 definir¨¢ la ruta de la justicia en M¨¦xico.

Visto en retrospectiva, la era L¨®pez Obrador no comenz¨® ni con la humillante retirada pol¨ªtica de Pe?a Nieto, que incluso antes de las elecciones de 2018 ya hab¨ªa cedido el poder a AMLO al destapar un candidato de paja y perseguir al que medio compet¨ªa a este.

En realidad, la acci¨®n y la reacci¨®n impl¨ªcitas en la toma del poder por Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador iniciaron cuando su movimiento y la oposici¨®n ¡ªincluida IP¡ª cayeron en cuenta de que las vencidas ocurrir¨ªan en los estrados de la Corte.

Con similar premura, a la par de que el futuro presidente se adelantaba a cancelar el aeropuerto de Texcoco, las fuerzas que se le oponen trabajaron para allegarse de recursos a fin de estar listos para tramitar elaborados amparos con el prop¨®sito de contener por la v¨ªa judicial al tabasque?o.

Era el pr¨®logo de una confrontaci¨®n que ha vivido varias etapas, en donde el Gobierno estuvo en capacidad, y hasta 2021 goz¨® de la legitimidad de la mayor¨ªa parlamentaria constitucional para ello, de cumplir promesas como cancelar la reforma educativa del anterior sexenio o militarizar la seguridad.

Por si fuera poco, en el primer trienio el presidente L¨®pez Obrador instal¨® un mecanismo que le ayud¨® a estrujar al Poder Judicial para que ¨¦ste fuera d¨²ctil a las prioridades gubernamentales.

En Palacio se instal¨® un grupo de colaboraci¨®n en donde conviv¨ªan, sin recato, representantes del Ejecutivo, de una Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica que se supon¨ªa aut¨®noma y del Poder Judicial de la Federaci¨®n.

Surgido con el pretexto de atender asuntos de Estado, tal convivencia deriv¨® pronto en una connivencia donde se rompi¨® la promesa presidencial de que L¨®pez Obrador no encabezar¨ªa, como en el pasado, el poder de poderes.

El presidente de la Corte y de la Judicatura de entonces all¨¢nese sin retobo a un esquema mediante el cual, como si se tratara de acuerdos burocr¨¢ticos, se ¡°planchaban¡± asuntos que no pocas veces atropellaban leyes y derechos al poner en entredicho la autonom¨ªa de otros poderes y de la FGR.

El resultado fue un di¨¢logo no republicano casi imposible de distinguir del trueque pol¨ªtico donde el quid pro quo sobrevol¨® a tal grado que pronto un tema recurrente en la opini¨®n p¨²blica fue el futuro del ministro presidente en el gabinete. Como si de formalizar su colaboracionismo se tratara.

Aunque el titular de la rama del poder que no est¨¢ sujeto a las urnas se hab¨ªa inclinado a favor del gobierno, por la naturaleza misma de la integraci¨®n de la Corte y del Judicial, el ayuntamiento de ese ministro con Palacio no fue perfecto a la hora de la obsecuencia.

En uso de su car¨¢cter independiente, jueces, magistrados y algunos ministros otorgaron en distintos momentos amparos y suspensiones judiciales contra leyes o medidas administrativas decretadas por el Ejecutivo. Aun con sus farragosos plazos, los tribunales hicieron mella en la agenda presidencial.

Frente a esa resistencia, destacable en el sexenio donde se premia el sometimiento, quedar¨¢ para el futuro la discusi¨®n sobre las razones que tuvo AMLO para no emplear antes del 2021 sus mayor¨ªas en el Congreso para revolucionar la forma en que se nombra y gobierna la justicia federal.

?Se debi¨® a un exceso de confianza ¡ªde que retendr¨ªa la fuerza constitucional en los comicios intermedios¡ª o a un c¨¢lculo para no espantar prematuramente a la opini¨®n p¨²blica y a inversionistas siempre nerviosos ante cualquier intento de subvertir el Estado de derecho?

Esas elecciones no solo trajeron un descalabro legislativo a Morena, sino la imperante necesidad de activar la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, y ese cambio impact¨® a la Consejer¨ªa Jur¨ªdica de Presidencia, donde perdi¨® fuerza el mencionado esquema que ¡ªno sin esc¨¢ndalos¡ª tripulaba casos judiciales.

Otra explicaci¨®n, tambi¨¦n derivada de la hubris presidencial, apuntar¨ªa a la convicci¨®n de Andr¨¦s Manuel de que los cuatro ministros que le tocaba proponer ser¨ªan incondicionales y que, al renovarse la presidencia de la Corte, a inicios de 2023, solo era posible un alineamiento total de esta.

En todo caso, L¨®pez Obrador transform¨® la merma de sus curules en San L¨¢zaro en un acicate pol¨ªtico.

Opinadores creyeron que con un oficialismo legislativamente mermado tras el resultado electoral de hace dos a?os, donde adem¨¢s se perdieron alcald¨ªas claves en la Ciudad de M¨¦xico, derrota particularmente simb¨®lica en t¨¦rminos de desgaste de poder, el Ejecutivo quedar¨ªa acotado sin remedio.

Lo que ha ocurrido es, al menos desde el ¨ªmpetu pol¨ªtico del tabasque?o, todo lo contrario. Ese mismo verano lanz¨® nuevas iniciativas en el Congreso, tanto cuando a¨²n no se renovaba este, como cuando en septiembre de 2021 desapareci¨® su mayor¨ªa constitucional.

Desde entonces trat¨® de subvertir la Constituci¨®n con desplantes que, al sonoro rugir de ¡°no me vengan con que la ley es la ley¡±, buscan galvanizar perennemente una imagen de fortaleza pol¨ªtica, y captar apoyo popular al esparcir el resentimiento de que la justicia es imposible con estos jueces.

Al llegar 2023 el presidente perdi¨® otra batalla, lo que deriv¨® en mayor escalamiento del choque. Al renovarse en enero la presidencia del Judicial, la candidatura de su ministra favorita se atrofi¨® por acusaciones period¨ªsticas de plagio en la tesis de licenciatura de la aspirante.

Arrib¨® entonces una presidenta de carrera judicial, y de un talante pol¨ªtico impredecible, lo cual no supone una ventaja para nadie: pronto oficialismo y Corte tuvieron desencuentros protocolarios en p¨²blico, y hoy est¨¢ roto el di¨¢logo institucional: no les tomen la llamada, es la instrucci¨®n de Palacio.

En paralelo, la realidad legal en M¨¦xico en temas clave como el mercado energ¨¦tico vive un limbo. Los privados aguardan resoluciones como las relativas a la Ley de la Industria El¨¦ctrica, que privados piden sea declarada inconstitucional por la Corte. Y el Ejecutivo resiste al proceso judicial al plantear impedimentos de dos ministros que intervienen en ese caso.

Si esa ley fuera echada abajo, sin embargo, pocos se atrever¨ªan a decir que al ser caso juzgado llegar¨¢ la certidumbre en las reglas para ese mercado. AMLO no aceptar¨¢ un rev¨¦s y, como parte de su misi¨®n estatista, con recovecos administrativos o amagos buscar¨¢ que esa legislaci¨®n no opere.

Prueba de ello es su actuar en casos que han sido emblem¨¢ticos de sus choques con el Judicial, como la Ley Zald¨ªvar ¡ªpara quien el Ejecutivo pretend¨ªa ampliar el mandato como titular de la Corte¡ª, la consulta para juzgar a expresidentes, la de revocaci¨®n de mandato, la renuencia del Senado a nombrar consejeros del INAI o el Plan B electoral. Ning¨²n rev¨¦s judicial se ha traducido en acatamiento sin m¨¢s o respuesta institucional de Palacio.

Su m¨¢s reciente revire es que varias legislaciones dise?adas para consolidar su legado de erradicaci¨®n del esquema anterior de pesos y contrapesos ¡ªla pr¨¢ctica de pr¨¦dica ¡°al diablo con sus instituciones¡±¡ª, vayan en la panza del caballo de Troya llamado Plan C.

Desde principios de a?o, el presidente de la Rep¨²blica llama a los electores a dar a Morena la mayor¨ªa legislativa en 2024 a fin de cambiar de cuajo al Poder Judicial. Ya no solo pretende tener la fuerza legislativa para imponer a los militares en la seguridad p¨²blica, o una reforma electoral contra el INE.

Por ello, Palacio Nacional instrumenta una agenda propagand¨ªstica para convertir a jueces, magistrados y ministros de la Corte en s¨ªmbolos de abusos y corrupci¨®n. Por ser herencia del pasado, argumenta, son los valedores del viejo r¨¦gimen, puestos ah¨ª para resistir la hora del cambio lopezobradorista.

De ah¨ª que deban ser castigados y expuestos en sus ¡°privilegios¡±, como el contar con fideicomisos millonarios con los que hacen frente a compromisos laborales. La determinaci¨®n de la mayor¨ªa morenista en el Congreso de arrebatar esos fondos es tanto una reprimenda como una oportuna t¨¢ctica.

El Poder Judicial ser¨¢ exhibido por sumar miles de millones de pesos en fideicomisos y tras decretarse, como est¨¢ anunciado, en el Congreso que tales fondos pasen a la Tesorer¨ªa, el caso muy probablemente tropezar¨¢ en alg¨²n tribunal por la forma e incluso el fondo de lo que pretende AMLO.

Ser¨¢ una victoria p¨ªrrica para el Judicial, porque con su fallo apuntalar¨¢ la acusaci¨®n de refractario a la necesaria austeridad. Pocos en la opini¨®n p¨²blica atender¨¢n que una parte de esos fondos en realidad eran de los trabajadores de ese poder. Y al respecto, la impericia pol¨ªtica de Norma Pi?a no ayudar¨¢.

La mesa quedar¨¢ servida para la cantaleta electoral de que el futuro pasa por derribar al ¡°corrupto¡± y ¡°abusivo¡± Poder Judicial.

Sin diagn¨®stico y sin discusi¨®n real, en medio del polarizante calor de las campa?as, M¨¦xico se jugar¨¢ el d¨¦bil entramado de justicia federal construido en casi 30 a?os. No por nada es el pa¨ªs de ¡°la vida no vale nada¡±.

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