Los n¨²meros electorales de la reforma judicial

En la importante discusi¨®n que se est¨¢ llevando a cabo sobre una posible reforma judicial, algunos de sus m¨¢s importantes aspectos siguen sin ser abordados. ?Qu¨¦ es lo que implica en t¨¦rminos electorales? La validez de la pregunta se da por el intento de lograr que mediante elecci¨®n popular directa se designe a la totalidad de los juzgadores que integran al Poder Judicial de la Federaci¨®n y a los jueces y magistrados de las entidades federativas. Si los cargos judiciales se determinar¨¢n mediante elecci¨®n, es necesario considerar sus aspectos operativos para entender sus posibilidades y sus pretensiones.

En lo que sigue voy a correr un ejercicio respecto de los juzgadores radicados en el primer circuito judicial federal y los de car¨¢cter local que residen en la Ciudad de M¨¦xico. Guardadas las correspondientes proporciones y diferencias, los resultados obtenidos servir¨¢n para ilustrar lo que acontecer¨ªa a nivel nacional en caso de aprobarse la reforma tal como est¨¢ planteada.

Comenzando con los juzgadores federales, en el primer Circuito habr¨ªa que elegir 352 posiciones. De ellas, 9 corresponder¨ªan a los ministros, 7 a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 3 a los magistrados de la correspondiente Sala Regional del propio tribunal, 5 a los magistrados del ¨®rgano de disciplina judicial, 115 a los jueces federales y 213 a los magistrados de Circuito. Conforme a la propuesta, el presidente de la Rep¨²blica, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n y las c¨¢maras de diputados y de senadores del Congreso de la Uni¨®n, tendr¨ªan que proponer hasta 10 personas en los casos de ministros, de magistrados electorales de la Sala Superior y de la Sala Regional, 10 candidaturas del nuevo tribunal de disciplina judicial y 6 para cada uno de los jueces y magistrados de la federaci¨®n (dos por el presidente de la Rep¨²blica, dos por la Suprema Corte y uno por cada una de las c¨¢maras legislativas se?aladas).

Dado que la iniciativa prev¨¦ que las propuestas ser¨¢n de hasta los n¨²meros mencionados, podr¨ªa suceder que no en todas las elecciones se presentara la misma cantidad de candidatos. A fin de modelar la magnitud de lo que est¨¢ en juego, planteo un escenario hipot¨¦tico. ?ste consiste en suponer, primero, que respecto de todos los cargos en competencia, cada ¨®rgano postulante presente la totalidad de los nombres que constitucionalmente tiene asignado y, segundo, que todos y cada uno de ellos sean puestos por el ¨®rgano electoral en la correspondiente boleta. Si este supuesto se cumpliera, 2,088 nombres aparecer¨ªan en las papeletas de este circuito. Sobre ellos, de un modo u otro, habr¨ªan de elegir los ciudadanos a partir, deseablemente, de un cierto conocimiento de perfiles y trayectorias.

Partiendo de lo anterior y dado que la lista nominal de electores de la Ciudad de M¨¦xico ¡ªque no necesariamente del primer Circuito¡ª es de 7.764.971 ciudadanos, ser¨ªa necesario imprimir y distribuir 1.312.280.099 boletas. Ello es as¨ª porque debe haber una papeleta para la Suprema Corte, una para el tribunal disciplinario Judicial, una para la Sala Superior Electoral, una para la Sala Regional de dicho Tribunal y una para cada uno de los 165 ¨®rganos jurisdiccionales federales de este Circuito.

Pasando a la esfera local de la Ciudad de M¨¦xico, en el art¨ªculo 122 constitucional se dispone que deber¨¢n aplicarse en lo conducente las reglas que rigen en el ¨¢mbito federal para la elecci¨®n de sus jueces y magistrados. Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica y Geograf¨ªa (INEGI), los anteriores servidores p¨²blicos ascienden, respectivamente, a 368 y 79, lo que da un total de 447 cargos a elegir. En esta cantidad no estoy incluyendo a los integrantes del tribunal de disciplina judicial local, pues su n¨²mero no est¨¢ precisado en la propuesta de reforma. Si ¨¦stos fueran 5 ¡ªcomo a nivel federal¡ª, habr¨ªa que elegir 452 funcionarios judiciales locales. Dado que el n¨²mero de ¨®rganos ¡ªjuzgados y salas¡ª suman 404 y, aventuro, para cada uno de ellos habr¨ªa una boleta, habr¨ªa que imprimir 3.137.048.284 de ellas, partiendo de las cantidades de ciudadanos que componen la citada lista nominal de electores de esta Ciudad. De esta manera, en la elecci¨®n electoral ordinaria, a cada persona debieran d¨¢rsele 404 boletas a fin de ser depositadas en igual n¨²mero de urnas.

Un elector m¨ªnimamente responsable proceder¨ªa a elegir uno de los nombres de cada boleta. As¨ª, por ejemplo, tomar¨ªa la correspondiente al juez primero en materia administrativa del primer Circuito, leer¨ªa ¡ªo tal vez hasta analizar¨ªa¡ª los nombres listados, marcar¨ªa el de su preferencia, doblar¨ªa la boleta y la dejar¨ªa a un lado. Luego tomar¨ªa la correspondiente al juez segundo en materia administrativa del primer Circuito y har¨ªa lo mismo o algo muy similar. Al terminar con los de esa materia ir¨ªa con los de la penal, los civiles y los laborales, para despu¨¦s realizar un ejercicio semejante en cuanto a los distintos tribunales de cada una de las materias se?aladas. Una vez que cada uno de los electores haya marcado el nombre de su preferencia en cada una de las 169 boletas federales y 404 locales, deber¨¢ depositar una por una de ellas en la urna correspondiente. Supongo que se colocar¨¢ ante una larga fila de 573 cajas, bien ordenadas e identificadas, y en la estrecha ranura ir¨¢ metiendo cada una de las boletas. Una vez concluida la jornada, los funcionarios de casilla ¡ª?asistidos de representantes de los candidatos a juzgadores?¡ª proceder¨¢n a contar los votos emitidos para cada uno de los cargos federales y/o locales en disputa, as¨ª como el de la totalidad de los cargos judiciales en cada una de las 573 boletas que le fueron entregadas a cada elector para elegir, en cada una de ellas y seg¨²n el caso, un nombre de entre varios.

A fin de no parecer alarmistas dada la dimensi¨®n del primer Circuito-Ciudad de M¨¦xico, consideremos el caso de una entidad menos poblada y con menos ¨®rganos jurisdiccionales. Nayarit cuenta con 56 ¨®rganos jurisdiccionales locales. Si la autoridad electoral decidiera imprimir una boleta por cada ¨®rgano y dado que su lista nominal ascendi¨® a 930.683 ciudadanos en julio de 2024, se necesitar¨ªan 52,118,248 boletas para consumar el proceso electoral s¨®lo en lo judicial. A esta cantidad habr¨ªa que a?adir las papeletas necesarias para elegir a los 12 jueces y 9 magistrados del Poder Judicial de la Federaci¨®n radicados en el ¨¢rea del vig¨¦simo cuarto Circuito, lo que no necesariamente equivale a la demarcaci¨®n territorial estatal. A las 13 boletas (1 boleta para cada uno de los ¨®rganos judiciales federales), tendr¨ªamos que a?adir una m¨¢s para elegir a los ministros de la Suprema Corte, una para los magistrados de disciplina judicial, una para la Sala Superior del Tribunal Electoral y una para la Sala Regional correspondiente (17 boletas). Finalmente, 73 boletas y urnas federales y locales, cada una de ellas compuesta por varios nombres.

Si consideramos lo que acontecer¨ªa en una entidad federativa con una magnitud jurisdiccional media como es el caso de Tabasco, cada persona deber¨ªa recibir 94 boletas electorales para cubrir cada uno de los ¨®rganos jurisdiccionales tabasque?os. Tomando en cuenta que Tabasco cuenta con una lista nominal de 1.780.845 electores, se tendr¨ªan que imprimir, distribuir y contabilizar 167.399.430 boletas. Si a ellas sumamos las que corresponder¨ªan a los 27 ¨®rganos jurisdiccionales federales ¡ªunos en Villahermosa y otros en Coatzacoalcos, Veracruz¡ªtendr¨ªamos un total de 121 boletas que, por otra parte, habr¨ªa que agregar a las que corresponden a las elecciones de los ¨®rganos legislativos y ejecutivos federales, locales y municipales.

Dadas las magnitudes acabadas de se?alar, desde ahora es posible prever que, en caso de aprobarse la reforma constitucional, tendr¨ªamos jornadas electorales muy complejas en lo que se refiere a la renovaci¨®n de los jueces y magistrados de los poderes judiciales federal y locales. Que m¨¢s all¨¢ de los problemas relacionados con las campa?as electorales, el financiamiento a los candidatos, y el control pol¨ªtico y econ¨®mico que sobre jueces y magistrados se pretenda tener, existen serias complicaciones en sus aspectos operativos.

Adicionalmente, existen otros problemas vinculados con los anteriores que pueden afectar no solo a la elecci¨®n de los juzgadores, sino tambi¨¦n a la de todos los cargos p¨²blicos puestos a disputa en el mismo proceso. El primero es el ya mencionado de la geograf¨ªa electoral. En la propuesta de reformas constitucionales se plantea que la elecci¨®n de funcionarios federales se har¨¢ a partir de la demarcaci¨®n del correspondiente Circuito judicial. Sin embargo, es importante advertir que no siempre hay plena correspondencia entre los distritos electorales y tales demarcaciones judiciales. Ello implicar¨¢ tener que redistritar la geograf¨ªa electoral ¡ªcon sus consabidas consultas a los grupos involucrados¡ª tal como sucedi¨® con la que recientemente concluy¨® despu¨¦s de tres a?os de trabajo.

El segundo problema tiene que ver con el control del financiamiento. En la iniciativa se proh¨ªbe, correctamente, que los candidatos reciban apoyos partidistas o de agentes p¨²blicos o privados. Sin embargo, y a diferencia de las regulaciones con que m¨¢s all¨¢ de su eficacia se imponen a los partidos pol¨ªticos, es dif¨ªcil vigilar la manera en la que los potenciales juzgadores puedan recibir financiamientos prohibidos.

En tercer lugar destaco lo relacionado con el umbral de votos m¨ªnimo para ocupar un cargo. En el actual sistema electoral, a los partidos pol¨ªticos que no obtengan un m¨ªnimo de votos no se les asignan posiciones. Trat¨¢ndose de las personas que pretendan ser juzgadoras mediante elecci¨®n es necesario preguntarse por el nivel m¨ªnimo de representatividad indispensable para hacerlo. ?Cualquier votaci¨®n es suficiente para triunfar y acceder al cargo?

Otro problema m¨¢s tiene que ver con la cantidad de impugnaciones que previsiblemente habr¨¢n de presentarse ante las autoridades electorales por los numerosos candidatos que consideren que, correcta o incorrectamente, no triunfaron en la elecci¨®n. Dada la enorme cantidad de contendientes, la falta de controles presupuestales, su falta de afiliaci¨®n a un partido y las posibilidades poco controladas de actuaci¨®n, es previsible que habr¨¢ sanciones y perdedores. Sobre dichas sanciones, a su vez, se presentar¨¢n muchos recursos de quienes suponemos conocen las reglas jur¨ªdicas que enmarcan la elecci¨®n en que hayan decidido participar.

Las cuestiones planteadas en modo alguno son especulativas. En las condiciones de inseguridad que vive el pa¨ªs y con los intentos para dominar la funci¨®n judicial y someterla a la pol¨ªtica, esos y otros elementos pr¨¢cticos son decisorios para el proceso que pretende llevarse a cabo. Como en tantos otros sue?os de la pol¨ªtica o de los pol¨ªticos, los elementos operativos no se han tomado en cuenta. Sin embargo, cuando estas omisiones aparezcan y muestren la inviabilidad de lo deseado, ser¨¢n consideradas artificios del derecho y calificadas como formalidades jur¨ªdicas. Con ello, se aducir¨¢n razones de m¨¢s a fin de considerar que aquello que se pretend¨ªa hacer era tan bueno que la mera intervenci¨®n del derecho demuestra por qu¨¦ los jueces deben ser electos y pertenecer al pueblo. Adem¨¢s de los problemas conceptuales de la propuesta de reforma del presidente L¨®pez Obrador respecto de la divisi¨®n de poderes, la independencia judicial y los derechos humanos, hay que agregar tambi¨¦n sus numerosos defectos operativos. Una vez m¨¢s, los juegos de poder y para acumularlo, terminar¨¢n afectando en lo concreto a quienes requieren m¨¢s y mejor impartici¨®n de justicia.

@JRCossio

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