Justicia y seguridad: desaf¨ªos pendientes en M¨¦xico

En justicia y seguridad, M¨¦xico sigue enfrentando enormes desaf¨ªos por delante. En cuanto a la justicia, la inercia de las fiscal¨ªas; la atropellada y equ¨ªvoca reforma judicial; y la ampliaci¨®n de los supuestos de prisi¨®n preventiva oficiosa, son sin duda preocupantes. Sobre esta ¨²ltima, la semana pasada el Congreso de la Uni¨®n aument¨® de nuevo el cat¨¢logo de delitos de prisi¨®n preventiva oficiosa, contenido en el art¨ªculo 19 de la Constituci¨®n. Son ahora m¨¢s delitos en ese listado que, con su mero texto, condena a todas las personas acusadas a una prisi¨®n autom¨¢tica y, por eso, arbitraria, de acuerdo a est¨¢ndares internacionales.

Ya se ha debatido suficiente sobre el tema. La prisi¨®n preventiva oficiosa viola la presunci¨®n de inocencia, especialmente en su vertiente de regla de trato procesal, pues adelanta, en los hechos, la pena a la persona que ha sido acusada. Que sigamos en esta inercia y que hoy luzca consumada esta reforma, no nos exime de alertar desde las universidades sobre su incompatibilidad con los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por M¨¦xico.

Por otra parte, en materia de seguridad, la entrega de la Guardia Nacional a la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional supuso cancelar a perpetuidad la posibilidad de que se cuente con una polic¨ªa civil de alcance nacional. As¨ª contin¨²a la expansi¨®n de poderes y protagonismo p¨²blico al sector castrense, lo que genera sus propios riesgos ante la carencia de controles civiles efectivos para su supervisi¨®n.

Ante ese panorama, lo m¨¢s rescatable es el reciente Operativo conjunto enjambre ¡ªcomo fue llamado¡ª que deriv¨® en la detenci¨®n de diversos servidores p¨²blicos que, presuntamente, se hab¨ªan coludido con la criminalidad organizada. De realizarse conforme al debido proceso, de no acotarse s¨®lo a la esfera municipal y de no condicionarse a la filiaci¨®n partidista de las personas detenidas, este tipo de operaciones puede realmente contribuir a debilitar las redes criminales que a¨²n imperan en el pa¨ªs. Y es que ¨¦ste es un aspecto fundamental de la pol¨ªtica criminal que debe retomarse, pues la delincuencia organizada no se entiende en M¨¦xico sin la protecci¨®n institucional brindada desde algunas parcelas del Estado.

As¨ª tambi¨¦n debe retomarse el di¨¢logo con la sociedad civil y la academia. A este respecto, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de M¨¦xico celebramos en d¨ªas pasados la Segunda Conferencia Internacional sobre Reducci¨®n de Homicidios, coordinada por Ernesto L¨®pez Portillo, en asociaci¨®n con relevantes organizaciones de derechos humanos como el Centro Prodh, instituci¨®n que al igual que la Ibero, est¨¢n encomendadas a la Compa?¨ªa de Jes¨²s.

La conferencia retom¨® las mejores pr¨¢cticas latinoamericanas para disminuir la violencia en una de sus manifestaciones m¨¢s dolorosas: la que priva de la vida a las personas. En las mesas, se ahond¨® en la perspectiva de las autoridades, que desde luego fueron invitadas. As¨ª como, en el riesgo que enfrentan las y los propios polic¨ªas. Adem¨¢s se abordaron las condiciones de particular vulnerabilidad de diversos colectivos e identidades. Dise?ar una verdadera estrategia nacional para reducir los homicidios y feminicidios, con participaci¨®n multisector, sigue siendo un gran pendiente.

Tal y como mostr¨® esta conferencia, existe un importante c¨²mulo de saberes, datos, experiencias y an¨¢lisis, que bien podr¨ªan nutrir las pol¨ªticas p¨²blicas que, frente a la violencia, est¨¢n definiendo tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales. Existe adem¨¢s una disposici¨®n a colaborar, a pesar de una inquietud que ha permeado el evento: el temor de que la extinci¨®n del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Informaci¨®n y dem¨¢s ¨®rganos de transparencia dificulte a¨²n m¨¢s el acceso a informaci¨®n p¨²blica relevante del ¨¢mbito de la seguridad y la justicia.

Fieles a nuestra identidad, buscando siempre la excelencia educativa con pertinencia social, desde la Ibero buscaremos seguir tendiendo puentes con el sector p¨²blico para acercar nuestras propuestas, sin dejar de alertar con argumentos sobre aquellas cuestiones que ¡ªcomo la reforma judicial o la prisi¨®n preventiva oficiosa¡ª nos alejan del deseable camino para construir una cultura de derechos humanos.