Una Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n m¨¢s verde y justa

La UE est¨¢ a punto de culminar otra reforma de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n (PAC), acordada en principio la semana pasada y pendiente solo de votaci¨®n en el pleno del Parlamento Europeo y de la aprobaci¨®n definitiva en el Consejo. La nueva PAC no supone un cambio radical respecto a una pol¨ªtica nacida en 1962 y que desde entonces ha contribuido al mantenimiento de un sector agropecuario solvente con una contribuci¨®n anual que ronda los 58.000 millones de euros. Pero, seg¨²n Bruselas, ser¨¢ m¨¢s justa, m¨¢s verde y m¨¢s competitiva, tres rasgos que suscitan tanto apoyo como escepticismo.

Las reformas anteriores (la ¨²ltima data de 2013) tambi¨¦n se marcaron objetivos similares. Pero todav¨ªa hoy, seg¨²n reconoce la Comisi¨®n Europea, el 80% de los fondos agr¨ªcolas se los llevan el 20% de los beneficiarios; el 25% de los fondos se supone que est¨¢n supeditados a pr¨¢cticas que mitiguen el impacto del sector agropecuario en el cambio clim¨¢tico, pero sus emisiones de CO? no se han reducido desde 2010, seg¨²n se?ala el Tribunal de Cuentas europeo, y la supervivencia de la producci¨®n europea sigue necesitando o reclamando protecci¨®n en ciertos productos para resistir la competencia exterior.

Los cambios en ciernes aumentar¨¢n al 40% las partidas sujetas al cumplimiento de criterios medioambientales en un intento de acelerar la adaptaci¨®n de los sistemas de producci¨®n a los ambiciosos objetivos que la UE se ha fijado en materia de clima para 2050, cuando se espera alcanzar un nivel de emisiones cero. La principal novedad, y una de las m¨¢s temidas por parte del sector, son los llamados ecoesquemas, que llegar¨¢n a absorber el 25% de las ayudas para fomentar los cultivos org¨¢nicos.

Las nuevas normas tambi¨¦n fijan un techo a las ayudas de 100.000 euros por explotaci¨®n y prev¨¦n que el 10% de los pagos directos (unos 5.000 millones de euros al a?o en Espa?a) se redistribuyan entre las peque?as explotaciones. Y por primera vez se introducen sanciones en caso de incumplimiento de normas laborales para intentar mejorar las condiciones de un sector primario que genera 22 millones de empleos en la UE, pero ofrece un nivel medio de renta inferior al de otras actividades.

Los Estados disponen ahora hasta finales de este a?o para presentar los planes estrat¨¦gicos en que deber¨¢n plasmar las nuevas directrices de la PAC. Bruselas revisar¨¢ los planes durante el primer semestre de 2022 y, si da la luz verde, entrar¨¢n en vigor el 1 de enero de 2023. La reforma merece un voto de confianza y deber¨¢ ser juzgada por sus resultados, con la esperanza de que contribuya a la viabilidad y sostenibilidad de una pol¨ªtica esencial para la seguridad alimentaria de la Uni¨®n y para preservar la imprescindible vida rural del continente.

Cr¨ªtica aparte merece el procedimiento seguido para llegar hasta aqu¨ª. El proyecto de reforma de la Comisi¨®n se aprob¨® en 2018, la negociaci¨®n acaba de concluir y la puesta en marcha de los cambios, con periodos transitorios, se iniciar¨¢ en 2023. M¨¢s de un lustro para una reforma que, en principio, solo estar¨¢ en vigor hasta 2027. La lentitud de la UE encaja mal con el ritmo del siglo XXI. Y el club corre el riesgo de que la nueva PAC se quede vieja enseguida para una realidad socioecon¨®mica en plena transformaci¨®n y con los coletazos disruptivos de una pandemia de por medio. La PAC tiene que ser m¨¢s justa y m¨¢s verde, pero los cambios tienen que llegar a tiempo.