Tres claves para la nueva ley de universidades

La reforma del sistema universitario en Espa?a es una tarea imprescindible si queremos que las universidades pongan todo su potencial al servicio del cambio hacia una econom¨ªa basada en el conocimiento. Es el camino que han seguido todos los pa¨ªses desarrollados y el ¨²nico posible para impulsar el progreso de un pa¨ªs y de todos sus ciudadanos y ciudadanas, que es el objetivo fundamental de la universidad.

Pero no solo es imprescindible, sino que tambi¨¦n es absolutamente inaplazable. La Ley de Universidades, reformada por ¨²ltima vez hace ya 14 a?os, se ha quedado obsoleta y es imposible que con el actual marco legal seamos competitivos en Europa en la pr¨®xima d¨¦cada. Necesitamos con urgencia una nueva ley org¨¢nica que dote de seguridad jur¨ªdica a las universidades y que recoja los elementos esenciales que dibujan la visi¨®n, las funciones y los objetivos del sistema universitario.

La nueva norma debe reformularse desde la confianza en el sistema y con un enfoque de m¨¢xima flexibilidad y opcionalidad para las universidades, teniendo presente en su elaboraci¨®n que hay aspectos concretos que requieren de un desarrollo normativo espec¨ªfico articulado mediante reales decretos. Por ejemplo, los de creaci¨®n, reconocimiento y autorizaci¨®n de universidades, acreditaci¨®n institucional de centros universitarios, organizaci¨®n de las ense?anzas universitarias y los estatutos del personal docente e investigador y del estudiantado.

Si abordamos la reforma en este doble plano, dotaremos a las universidades de un marco legal que les permitir¨¢ desarrollar su misi¨®n en igualdad de condiciones con las mejores universidades europeas y desarrollar sus funciones desde entornos competitivos, creativos, diversos, captadores de talento y transmisores de conocimiento e innovaci¨®n.

Los informes m¨¢s recientes sobre la reforma universitaria identifican tres ¨¢mbitos b¨¢sicos de actuaci¨®n: la financiaci¨®n, la autonom¨ªa y los sistemas de gobierno. Y tambi¨¦n sugieren una pauta a seguir: abordarlos conjuntamente. De nada sirve cambiar radicalmente el sistema de elecci¨®n de rectores o rectoras si luego no hay una financiaci¨®n de las universidades que les confiera una verdadera autonom¨ªa a la hora de abordar sus objetivos. En este sentido, la gobernanza es la c¨²pula que corona la reforma de la universidad, no la primera piedra a partir de la cual mejorar su desempe?o.

Comencemos por el principio. La deficitaria financiaci¨®n del sistema universitario es uno de sus males end¨¦micos. La principal fuente de financiaci¨®n ordinaria de las universidades p¨²blicas espa?olas proviene de sus respectivas comunidades aut¨®nomas y en las ¨²ltimas d¨¦cadas se ha registrado, adem¨¢s, una evoluci¨®n muy diferenciada seg¨²n las regiones, lo que ha generado una importante brecha territorial.

Para reequilibrar esta situaci¨®n, debemos dise?ar un modelo de referencia estatal que fije la financiaci¨®n p¨²blica en el 1% del PIB nacional o de la comunidad aut¨®noma, o en el 1,5% del PIB de recursos totales. Esta f¨®rmula permitir¨ªa a las universidades garantizar sus costes estructurales y evitar situaciones de v¨¦rtigo como las vividas en la anterior crisis econ¨®mica. Junto a esta financiaci¨®n basal, deber¨ªa establecerse otra por resultados y objetivos que incentivase la provisi¨®n de los servicios universitarios a la sociedad.

En cuanto a la autonom¨ªa de la universidad espa?ola y la gobernanza, el problema reside en ambos casos en el reducido margen de actuaci¨®n que realmente tienen nuestras universidades y sus responsables en comparaci¨®n con el resto de las europeas.

Las universidades p¨²blicas espa?olas, al igual que la mayor¨ªa de las europeas, cuentan con un sistema de gobierno de tipo colegial participativo, basado en el consejo de gobierno, el claustro y el consejo social. Sin embargo, en nuestro caso, el tama?o de estos ¨®rganos dificulta su eficiencia. De hecho, en las universidades de nuestro entorno, los cambios han evolucionado hacia una disminuci¨®n de su n¨²mero y tama?o, as¨ª como a la introducci¨®n de externos para incorporar una representaci¨®n social que sume a la tarea del gobierno universitario el valor de la experiencia y el conocimiento, entendido este ¨²ltimo como know how.

Otro de los debates recurrentes en la reforma universitaria es el del procedimiento de elecci¨®n del rector o rectora. El sufragio universal ponderado por sectores y durante mandatos de cuatro a?os ¡ªcon posibilidad de una reelecci¨®n¡ª ha demostrado ser un sistema eficaz en nuestro caso. Lo que no cierra la puerta a posibles cambios. Entre ellos, a?adir al sufragio universal una ponderaci¨®n seg¨²n la participaci¨®n de cada estamento, cambiar a un mandato ¨²nico de seis a?os o incluso optar por un sistema de elecci¨®n por claustro, algo que ya contempla la legislaci¨®n vigente. Todas estas opciones tienen sus ventajas e inconvenientes. Y todas deben contemplarse como colof¨®n de cambios mucho m¨¢s importantes y necesarios.

Donde no hay margen para la discusi¨®n, es en el perfil de alto nivel que debe reunir el rector o la rectora. Como m¨¢ximo representante acad¨¦mico de la instituci¨®n, tiene que pertenecer al cuerpo de catedr¨¢ticos y catedr¨¢ticas de universidad y contar con una carrera acad¨¦mica y de gesti¨®n universitaria consolidada, que implique unos requisitos m¨ªnimos de docencia, investigaci¨®n y transferencia. Lo contrario ser¨ªa ir contra el esp¨ªritu de la universidad y su b¨²squeda de la excelencia.

Respecto al consejo social, en caso de mantenerse este ¨®rgano colegiado, su labor tiene que centrarse en la conexi¨®n universidad-sociedad y se deber¨ªan establecer criterios muy espec¨ªficos para ser miembro del mismo y conseguir as¨ª una representaci¨®n amplia y real de la sociedad.

Lo ideal ser¨ªa que el consejo de gobierno hiciese una propuesta al Gobierno auton¨®mico con un heterog¨¦neo panel de candidatos con verdadera disponibilidad y perfiles curriculares que, por sus conocimientos y experiencia profesional, aporten valor a la gesti¨®n universitaria y representen a la sociedad a t¨ªtulo individual, no en nombre de alg¨²n colectivo o sector.

Adem¨¢s de estos candidatos, ser¨ªa conveniente que el consejo social contase con un representante de cada administraci¨®n (auton¨®mica, provincial y local) y que el rector o la rectora, as¨ª como el secretario o secretaria general y el o la gerente de la universidad, junto con un representante del PDI, PAS y estudiantado, fuesen miembros natos del mismo. La composici¨®n del consejo social deber¨ªa ser paritaria entre los miembros externos y los miembros de la propia universidad y, al igual que en el caso del rector o rectora, por un ¨²nico periodo de seis a?os.

La comunidad universitaria est¨¢ siempre abierta a cambios que impliquen mejoras. Lo hemos demostrado proponiendo numerosas iniciativas para avanzar. De las 15 mayores econom¨ªas del mundo, solo Reino Unido y Australia tienen m¨¢s universidades entre top 1.000 por mill¨®n de habitantes que Espa?a. Somos, adem¨¢s, la und¨¦cima potencia mundial en investigaci¨®n y uno de los sistemas universitarios m¨¢s equitativos del mundo, con un 93% de nuestros estudiantes que van a universidades de titularidad p¨²blica form¨¢ndose en instituciones que est¨¢n en el rango del 10% de las mejores del mundo. Pero hemos tocado techo con los recursos de los que disponemos. Estamos obligados a decirlo. Si el objetivo de la nueva ley es impulsar el bienestar de toda la sociedad, entonces la reforma de la universidad debe vertebrarse desde el consenso y con visi¨®n de futuro. Es una cuesti¨®n de Estado.

Jos¨¦ Carlos G¨®mez Villamandos es presidente de Crue Universidades Espa?olas y rector de la Universidad de C¨®rdoba.