Los jueces que nos gobiernan

He tomado prestado el t¨ªtulo de un texto que Rafael del ?guila escribi¨® en el a?o 2000 donde alertaba, entre otras cosas, de los problemas democr¨¢ticos que entra?a la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica. La tentaci¨®n de utilizar al Tribunal Constitucional como ¨¢rbitro que dirima una controversia pol¨ªtica tras haber perdido una votaci¨®n en el Parlamento viene de lejos. No es el caso del recurso de Vox contra el decreto del estado de alarma promulgado por el Gobierno en marzo de 2020 y sobre el que el TC se ha pronunciado 16 meses despu¨¦s, pues el partido de Abascal vot¨® a favor de su convalidaci¨®n para despu¨¦s recurrirlo. Cosas m¨¢s raras se han visto. Por ejemplo, que tras ello, el TC admitiera el recurso. Pero lo interesante aqu¨ª, como en otras ocasiones, es que se utilice al Constitucional como una suerte de ¡°tercera c¨¢mara¡± para marcar un camino que deber¨ªa resolver la pol¨ªtica. Recurrir, por ejemplo, la ley de eutanasia como tambi¨¦n ha hecho Vox, es una forma de no reconocer que eres incapaz de ganar esa batalla donde hay que hacerlo: en el Parlamento. Y lo triste es que ya es costumbre. El Partido Popular hizo lo propio con la ley del matrimonio homosexual o la famosa ley de plazos que en 2010 convirti¨® el aborto en un derecho para las mujeres. Tras 10 a?os guardado en el caj¨®n, el TC decidi¨® que el recurso hab¨ªa caducado porque el PP hab¨ªa tenido la oportunidad de cambiar la ley durante los a?os en los que gobern¨® con mayor¨ªa absoluta y no lo hizo. ?Y por qu¨¦ no lo hizo? Porque arriesgarse por cosas que se consideran cruciales a veces conlleva un coste muy alto. Seguramente recuerden lo que ocurri¨® con Gallard¨®n. Y porque lo f¨¢cil siempre es descargar la responsabilidad de decidir sobre otros.

Pero el mundo de la pol¨ªtica es un terreno regido por tensiones, a veces irresolubles, sobre las que hay que decidir sin que exista un claro ganador. Que sean dilemas complejos, como el que hemos afrontado con la pandemia entre salud y desarrollo econ¨®mico, no exime al pol¨ªtico de la obligaci¨®n de actuar y tomar una postura. Incluso aqu¨ª, a veces, la decisi¨®n pol¨ªtica se parapetaba en la autoridad cient¨ªfica. Esa dejaci¨®n de responsabilidades la vimos en algunos ciudadanos al pedir libertad al Gobierno mientras las UCIS permanec¨ªan llenas. Como si mantener una comunidad pol¨ªtica democr¨¢tica no exigiera renuncias dolorosas en situaciones excepcionales, o la conciliaci¨®n de nuestros intereses con los de esa comunidad pol¨ªtica pudiera ser siempre armoniosa y completa. Tambi¨¦n lo dec¨ªa Del ?guila: cantar a la ausencia de l¨ªmites y pretender al tiempo que esto sea compatible con la justicia y con la moral conduce a la m¨¢xima infantil infalible: ¡°Yo sufro, alguien tiene que ser culpable de esto¡±. La iron¨ªa es que esos libertarios ultras que denunciaban con sonoras caceroladas el yugo del estado de alarma hoy celebran que el TC pida el estado de excepci¨®n. ?O celebran otra cosa?