Colombia despenaliza el aborto
La resoluci¨®n de la Corte Constitucional, despu¨¦s de muchos meses de espera, marca un hito en Am¨¦rica Latina
La decisi¨®n de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto marca un hito en la regi¨®n y sortea la resistencia del Congreso a legislar en esta materia, tras m¨¢s de media docena de intentos frustrados durante los a?os ochenta y noventa. Una vez m¨¢s, es la justicia la que vuelve a ponerse al frente de los derechos de las mujeres y da la raz¨®n a las organizaciones feministas, que han encontrado en los magistrados mejores aliados que en los gobernantes. En M¨¦xico, Argentina o Ecuador tambi¨¦n fueron los tribunales los que abrieron el camino, aunque no de manera tan rotunda como en Colombia.
La resoluci¨®n del tribunal llega despu¨¦s de muchos meses de espera para resolver una demanda de la agrupaci¨®n Causa Justa que ped¨ªa la retirada del delito de aborto del C¨®digo Penal sin l¨ªmite de tiempo. La imposibilidad de los jueces para alcanzar una mayor¨ªa oblig¨® a acotar la despenalizaci¨®n, que finalmente se sit¨²a en 24 semanas, con una ajustada votaci¨®n de cinco contra cuatro. Se trata de un fallo hist¨®rico en un pa¨ªs profundamente conservador que tambi¨¦n ha ido cambiando de criterio: hoy, ya solo el 20% de la poblaci¨®n cree que una mujer deba ir a la c¨¢rcel por abortar. El presidente, Iv¨¢n Duque, coment¨® la decisi¨®n de forma muy cr¨ªtica y pronostic¨®, en l¨ªnea con los sectores m¨¢s reacios al derecho al aborto, que podr¨ªa convertirse en una pr¨¢ctica ¡°casi¡± anticonceptiva, ¡°recurrente y regular¡±.
La posibilidad de una condena hab¨ªa frenado hasta ahora el acceso al aborto legal y seguro en Colombia, sobre todo entre las mujeres m¨¢s pobres. En el pa¨ªs se registran miles de abortos clandestinos con consecuencias a menudo letales para muchas mujeres sin recursos. En 2006, la Corte Constitucional despenaliz¨® la interrupci¨®n del embarazo solo en tres supuestos: violaci¨®n, malformaci¨®n del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud f¨ªsica o mental de la mujer. Pero la coexistencia del delito para las mujeres y para los ejecutores de los abortos (a menudo, tambi¨¦n mujeres) empujaba a las embarazadas fuera del cauce legal para someterse a una interrupci¨®n en condiciones generalmente muy precarias y con escaso control sanitario. Adem¨¢s, la mayor¨ªa de las denuncias, que han supuesto que unas 400 mujeres fueran procesadas cada a?o, part¨ªan del propio sistema de salud, reacio a practicar abortos por las posibles consecuencias legales.
La decisi¨®n judicial acaba con esta situaci¨®n y obliga ahora a los pol¨ªticos a legislar y crear de forma inmediata los mecanismos de protecci¨®n que permitan el acceso seguro y con garant¨ªas de todas las mujeres que libremente quieran interrumpir su embarazo. Desde ahora, ninguna colombiana podr¨¢ ser denunciada si decide abortar antes de los seis meses. Y, sobre todo, ninguna mujer tendr¨¢ que acudir a una cl¨ªnica clandestina poniendo su vida en riesgo.
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