?Vislumbrando una salida del laberinto judicial?

La extraordinaria gravedad de la agresi¨®n promovida por Putin no s¨®lo contra el pueblo ucranio y la integridad territorial de su Estado (ya maltrecha desde la anexi¨®n rusa de Crimea en 2014), sino tambi¨¦n contra el orden internacional en su conjunto, ha relegado al terreno de la marginalidad buena parte del devenir pol¨ªtico nacional. Y, sin embargo, la atenci¨®n preeminente que suscita el conflicto b¨¦lico no puede excluir la reflexi¨®n en clave interna en torno a recientes acontecimientos pol¨ªticos cuyo potencial transformador suscita un indudable inter¨¦s. Un lugar protagonista ocupa la ca¨ªda de Pablo Casado, obligado a abandonar la presidencia del Partido Popular como consecuencia de su enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid a causa de las comisiones que cobr¨® el hermano de esta por la conclusi¨®n de un contrato de mascarillas suscrito en la fase ¨¢lgida de la pandemia. Es precisamente la renuncia de Casado la que ha abierto la puerta a la inminente entronizaci¨®n de Alberto N¨²?ez Feij¨®o como dirigente del partido. Se inicia, pues, una nueva etapa para dicha fuerza pol¨ªtica y con ella despunta la posibilidad de que se produzca un cambio de tendencia en el actual escenario pol¨ªtico, profundamente polarizado entre dos bloques sistem¨¢ticamente enfrentados y que se muestran incapaces de ponerse de acuerdo para afrontar cuestiones esenciales.

El acceso de Vox al Gobierno de Castilla y Le¨®n, propiciado por el pacto alcanzado con los populares y el rechazo a abstenerse manifestado por los socialistas para permitir un Ejecutivo en solitario presidido por Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco, pone en evidencia una nueva y preocupante muestra de continuismo que viene a sumarse al nutrido rosario de desencuentros precedentes. Pero junto a este grave episodio emerge un significativo halo de luz de la mano del acuerdo alcanzado en la reciente Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma. Dicha conferencia no s¨®lo ha contado con la presencia de todos los responsables de los ejecutivos auton¨®micos, lo cual ya es en s¨ª mismo una novedad. Estos tambi¨¦n han manifestado su apoyo un¨¢nime al Gobierno en la gesti¨®n de la postura espa?ola ante el conflicto b¨¦lico en Ucrania e igualmente han llegado a una postura com¨²n de cara a temas capitales como son el precio de la energ¨ªa, los fondos de recuperaci¨®n procedentes de la Uni¨®n Europea, la recepci¨®n del contingente de refugiados que llegar¨¢n a Espa?a y la necesidad de definir un plan nacional llamado a abordar los efectos derivados de la actual crisis. Sentadas las bases gen¨¦ricas del acuerdo, queda pendiente ahora determinar sus extremos concretos, lo que no ser¨¢ tarea f¨¢cil, como nunca lo es en supuestos en los que concurren intereses territoriales y pol¨ªticos de signo diverso.

Aun as¨ª y manteniendo la debida cautela cabe vislumbrar el inicio de una l¨ªnea propicia a la recuperaci¨®n del di¨¢logo que puede conducir a la adopci¨®n de acuerdos, lo que permitir¨ªa a nuestro sistema pol¨ªtico salir del prolongado impasse en el que se encuentra y que est¨¢ generando efectos negativos que da?an seriamente su calidad democr¨¢tica. La constataci¨®n de la erosi¨®n producida en estos ¨²ltimos a?os no ha pasado desapercibida allende nuestras fronteras, mereciendo severas cr¨ªticas desde instancias diversas. As¨ª ha sucedido con ocasi¨®n de los dos Informes sobre Estado de derecho elaborados por la Comisi¨®n Europea en los a?os 2019 y 2020, los cuales al referirse a Espa?a han insistido en se?alar la necesidad inaplazable de renovar el ¨®rgano de direcci¨®n de los jueces, as¨ª como el sistema de elecci¨®n de sus componentes que provienen de la carrera judicial. A pesar de que los informes afirman que el Estado de derecho como tal no est¨¢ en riesgo en nuestro pa¨ªs, no dejan de enfatizar la urgencia de llevar a cabo las actuaciones se?aladas para neutralizar el evidente riesgo de politizaci¨®n que en la actualidad amenaza la independencia judicial. Mucho m¨¢s incisivo, por su parte, se muestra el ?ndice Democr¨¢tico (Democracy Index), un informe que publica anualmente la prestigiosa revista The Economist. En el correspondiente a 2021, la tendencia descendiente experimentada por la democracia espa?ola a partir de 2017 (motivada principalmente por la crisis independentista en Catalu?a) vuelve a ponerse en evidencia. La bajada experimentada este a?o, aunque en t¨¦rminos de puntuaci¨®n no es especialmente significativa s¨ª que resulta muy preocupante, ya que viene a situar a Espa?a en el grupo de pa¨ªses con una democracia ¡°no plena¡± o de car¨¢cter defectuoso. Precisamente, el bloqueo en la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial pendiente desde finales de 2018, la polarizaci¨®n, el populismo, los casos de corrupci¨®n y el secesionismo catal¨¢n son los elementos determinantes que motivan el descenso de nuestro pa¨ªs a la segunda divisi¨®n del ranking democr¨¢tico.

Atendiendo al diagn¨®stico expuesto, hay que insistir en que la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces ocupa el primer lugar en el orden de cuestiones prioritarias. M¨¢xime teniendo en cuenta que tras la ¨²ltima reforma aprobada (Ley Org¨¢nica 4/2021, de 29 de marzo) dicho ¨®rgano cuando se encuentra en funciones, esto es, una vez concluido el mandato de sus vocales, queda privado, entre otras muchas, de la competencia para proponer el nombramiento de las m¨¢s altas instancias jurisdiccionales (el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de sala y los magistrados del Tribunal Supremo), as¨ª como de dos magistrados del Tribunal Constitucional.

La aplicaci¨®n de esta normativa est¨¢ generando un efecto de bloqueo creciente en el desempe?o de una parte significativa de las tareas encomendadas a los ¨®rganos judiciales afectados, al no poder renovarse las plazas que est¨¢n quedando vacantes y que no dejan de aumentar. Especialmente grave es la situaci¨®n en el ¨¢mbito de la justicia castrense, ya que ante la imposibilidad de nombrar a un nuevo presidente de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, vacante despu¨¦s de que su titular pasara a la reserva, el Consejo General del Poder Judicial acord¨® en octubre de 2021 asumir con car¨¢cter extraordinario sus competencias. Para completar este sombr¨ªo panorama, tampoco cabe perder de vista que se acerca la fecha en la que tanto el Gobierno como el Consejo General del Poder Judicial deber¨¢n nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional cuyos mandatos finalizan el pr¨®ximo mes de julio. Teniendo presente que la renovaci¨®n del m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n se debe producir por tercios (esto es, en tandas de cuatro magistrados en cada ocasi¨®n) no resulta aceptable desde una ¨®ptica jur¨ªdica que el Ejecutivo lleve a cabo la designaci¨®n de los dos jueces que le corresponden sin que el Consejo pueda hacer lo propio (nombrar a otros dos) en el supuesto de que siguiera en funciones. De concurrir tal circunstancia, la situaci¨®n alcanzar¨ªa una gravedad extrema en t¨¦rminos de legitimidad sist¨¦mica, puesto que a la ausencia de renovaci¨®n en la c¨²pula del poder judicial se sumar¨ªa la pr¨®rroga sobrevenida en el seno del Tribunal Constitucional.

Urge salir del complejo laberinto en el que nos encontramos, evitando el colapso judicial que podr¨ªa producirse en un futuro no lejano. La llegada a la presidencia del Partido Popular de Alberto N¨²?ez Feij¨®o ofrece una oportunidad para marcar un decisivo punto de inflexi¨®n que permita reconducir la situaci¨®n. El tiempo dir¨¢ si el nuevo l¨ªder est¨¢ a la altura del reto institucional pendiente.