La Fiscal¨ªa rebaja la presi¨®n
La reducci¨®n de la cantidad supuestamente malversada en el ¡®proc¨¦s¡¯ puede redimensionar en su justa medida la causa
El caso de los gastos de la Generalitat en la promoci¨®n del proceso independentista y la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ha entrado en una nueva fase con la demanda de responsabilidad contable presentada este mi¨¦rcoles por la Fiscal¨ªa en el Tribunal de Cuentas. Sostiene que se gast¨® dinero p¨²blico con finalidades no previstas en la ley y se?ala directamente a los l¨ªderes del proc¨¦s ya condenados por malversaci¨®n por el Tribunal Supremo, entre ellos el ex vicepresidente catal¨¢n Oriol Junqueras y el expresident Carles Puigdemont, huido de la justicia espa?ola en B¨¦lgica. Sin embargo, la Fiscal¨ªa reduce de manera muy significativa la cantidad presuntamente malversada: desde los nueve millones iniciales a 3,42, casi dos tercios menos.
El cambio introducido por la Fiscal¨ªa no es menor y llega despu¨¦s de que la semana pasada el Tribunal de Cuentas ya quitara presi¨®n sobre los investigados en esta causa al permitir que sus fianzas puedan ser cubiertas por la propia Generalitat mediante un nuevo fondo de avales p¨²blicos. Tanto la rebaja de las cuant¨ªas supuestamente malversadas como el hecho de aceptar que los encausados puedan presentar avales del Govern a la espera de si hay una sentencia condenatoria firme no debe interpretarse como una se?al de que las presuntas irregularidades quedan impunes. Los acusados, al fin y al cabo, tendr¨¢n que pagar si se demuestra que malversaron dinero p¨²blico.
M¨¢s bien hay que leer el cambio como un ajuste l¨®gico de la causa a la realidad tras analizar mejor la documentaci¨®n aportada. La Fiscal¨ªa, por ejemplo, sostiene que parte del gasto atribuido inicialmente a la promoci¨®n del proc¨¦s era, en realidad, destinado a las relaciones exteriores de la Generalitat y enmarcado dentro del principio de ¡°libertad ideol¨®gica¡±. Tambi¨¦n ha dejado fuera de la causa el gasto que el Tribunal Supremo, en su sentencia sobre los l¨ªderes del proc¨¦s, no pudo demostrar que fuera malversado. Todo ello en aras de garantizar la seguridad jur¨ªdica, esgrime la Fiscal¨ªa.
La rebaja planteada ahora por el ministerio p¨²blico, as¨ª como el cambio de criterio sobre los avales, puede ayudar a continuar con la normalizaci¨®n del clima pol¨ªtico en Catalu?a y entre las administraciones catalanas y el Gobierno. Pero, sobre todo, al concluir la Fiscal¨ªa que buena parte de los gastos inicialmente atribuidos al proc¨¦s son leg¨ªtimos dentro del margen de maniobra de cualquier Gobierno y de su ¡°libertad ideol¨®gica¡±, se reduce el margen para la arbitrariedad. Y con ello, siempre que este cambio quede debidamente acreditado, refuerza el prestigio de las instituciones al se?alar indicios de malversaci¨®n, pero limit¨¢ndolos a lo que se puede demostrar de manera fehaciente. Al mismo tiempo, la Fiscal¨ªa puede ayudar a dimensionar en su justa medida una causa que desde el primer momento qued¨® contaminada por las tensiones internas de un Tribunal de Cuentas altamente politizado. Los cargos p¨²blicos de la Generalitat tendr¨¢n que pagar si se demuestra que malversaron dinero p¨²blico, pero lo har¨¢n en su justa medida.
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