Las cloacas del Estado y otras cloacas

La primera vez que o¨ª a un ministro de la incipiente democracia espa?ola quejarse de la actividad de las cloacas del Estado fue cuando Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, titular de Justicia en el primer Gobierno constitucional de Adolfo Su¨¢rez, se enfrent¨® a su colega de Interior tras la tortura y asesinato de un etarra en la Direcci¨®n General de Seguridad. El cad¨¢ver del activista constituy¨® todo un mensaje de c¨®mo entend¨ªan algunos que hab¨ªa que solucionar el futuro pol¨ªtico espa?ol. Una semana antes, ETA hab¨ªa asesinado en el Pa¨ªs Vasco al ingeniero Ryan, y 10 d¨ªas despu¨¦s se produjo el golpe de Estado del 23-F. Result¨® evidente que las cloacas, las del Estado y las de quienes conspiraban contra ¨¦l, hab¨ªan generado un clima de inestabilidad que facilitara el apoyo a soluciones de fuerza: cuanto peor mejor. Pero quienes entonces manejaban sus hilos no estaban controlados por el poder pol¨ªtico, v¨ªctima tambi¨¦n de su actividad. Yo mismo fui objetivo de sus m¨¦todos cuando servicios de inteligencia militar herederos del franquismo falsificaron documentaci¨®n tratando de demostrar que lejos de ser un periodista independiente era un agente del KGB sovi¨¦tico. Los fontaneros de las cloacas se encargaron de infiltrarse en grupos de activistas y terroristas de extrema izquierda, como el FRAP, los GRAPO, o el Partido Comunista Reconstituido y organizaron ellos mismos los de extrema derecha, como la Triple A. Pero despu¨¦s del 23-F las propias autoridades del Estado utilizaron a veces a esos mismos individuos, vulnerando el sistema de leyes que pretend¨ªan defender, como en el asunto de los GAL, que acab¨® por enviar a la c¨¢rcel al ministro del Interior y al secretario de Seguridad de un Gobierno socialista. Entonces, la actual ministra de Defensa, a la saz¨®n n¨²mero dos en el Ministerio del Interior, realiz¨® una labor considerable de limpieza de las cloacas, retir¨® los fondos reservados destinados a la guerra sucia y persigui¨® los excesos policiales en la lucha antiterrorista.

Poco despu¨¦s, un esc¨¢ndalo de escuchas ilegales provoc¨® las dimisiones del vicepresidente del Gobierno, del ministro de Defensa y del general director del Cesid (Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa). Dicho instituto fue clausurado por el Gobierno de Aznar, que pact¨® con la oposici¨®n la ley fundacional del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Se trataba de organizar unos servicios secretos profesionales y modernos al servicio de la democracia y sometidos al control judicial. Fue todo un ¨¦xito, pero no evit¨® que el Gobierno del PP colaborara activamente con el de Estados Unidos en la guerra sucia contra el terror fundamentalista isl¨¢mico. Permiti¨® el aterrizaje en nuestro suelo de aviones de la CIA que transportaron al campo de concentraci¨®n de Guant¨¢namo a decenas de sospechosos secuestrados y torturados por agentes encubiertos. Semejantes pr¨¢cticas continuaron alg¨²n tiempo durante el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero. Izquierda Unida presion¨® entonces, en el Congreso y fuera de ¨¦l, para recabar informaci¨®n sobre dichos vuelos ilegales, informaci¨®n que no lleg¨® en tiempo y modo, pues tanto el presidente como los ministros de Defensa y de Exteriores manifestaron su absoluto desconocimiento al respecto. Posteriormente, el PP se embarr¨® en las operaciones de la polic¨ªa patri¨®tica, todav¨ªa bajo investigaci¨®n judicial.

Este sucinto relato pone de relieve que las cloacas del Estado, de una forma u otra, han existido con todos los gobiernos de nuestra democracia, para no evocar el caso Villarejo o el del Peque?o Nicol¨¢s, y sus derivaciones y complicidades jur¨ªdicas y medi¨¢ticas. Cuestiones que pertenecen tambi¨¦n a la memoria hist¨®rica que ahora se reclama, y sin la que es imposible comprender el presente. Deber¨ªan ayudarnos a exigir una mayor transparencia y un m¨¢s eficaz control de la legalidad en el ejercicio del poder por parte de nuestros gobernantes, sea cual sea su perfil ideol¨®gico. Aunque conviene aclarar que estas conductas no son una exclusiva espa?ola. Gobiernos democr¨¢ticos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, entre otros, protagonizan un cat¨¢logo de irregularidades similares y aun mucho peores que las citadas. Para no hablar de la dictadura de Arabia Saud¨ª, los envenenamientos de disidentes rusos, la tiran¨ªa venezolana o lo que sucede en la mayor¨ªa de los reg¨ªmenes existentes, algunos miembros incluso de la OTAN, dispuestos a vulnerar los derechos humanos de la ciudadan¨ªa en nombre de la seguridad de sus pa¨ªses. Hay cloacas chicas y grandes en seg¨²n qu¨¦ lugares, y sus gestores vulneran impunemente la ley.

Todo ello nos ayuda a analizar el comportamiento de Pedro S¨¢nchez y su equipo en los recientes casos de escuchas telef¨®nicas y el descubrimiento de una brecha en la seguridad del Estado, con la que se ha pretendido justificar la vergonzosa y vergonzante destituci¨®n de la directora del CNI. Desde sus comienzos, el Centro Nacional de Inteligencia ha demostrado gran profesionalidad y aparentemente se ha preocupado por el respeto a la legalidad. En su ley fundacional se establece que su principal misi¨®n es facilitar al presidente del Gobierno (expresamente citado) y al Gobierno de la naci¨®n ¡°informaciones, an¨¢lisis y propuestas que eviten peligros, amenazas y agresiones contra la integridad territorial de Espa?a y la estabilidad del Estado de derecho¡±. Es pues el presidente el destinatario primordial y directo de los informes del centro. Por lo mismo, tiene que aclarar si efectivamente fue informado o no de las escuchas a los independentistas catalanes, algunos condenados por delitos contra la integridad del Estado y otros obviamente sospechosos. Es preciso saber cu¨¢ndo y qui¨¦n se lo notific¨® si as¨ª hubiera sucedido, o si nadie lo hizo y por qu¨¦, y si eludi¨® as¨ª una responsabilidad que la ley le adjudica. Los titulares de Defensa y de Interior deben adem¨¢s investigar si otros servicios de informaci¨®n militares o policiales han llevado a cabo escuchas no sometidas a control judicial, como s¨ª lo estuvieron las del CNI. Y el de la Presidencia, responsable de la seguridad de las comunicaciones del Gobierno, explicar los motivos de la resistencia de muchos de sus integrantes a entregar sus tel¨¦fonos al Centro Criptol¨®gico Nacional. De esas conductas, y no de la actividad del CNI, se deriva precisamente la brecha en la seguridad del Estado que ahora el Gobierno denuncia. Tambi¨¦n de la incongruencia e incompetencia de nuestra pol¨ªtica exterior en relaci¨®n con el Magreb.

Insistir¨¦ en que el hecho de que Podemos pretenda eludir su responsabilidad en esta historia es tan infantil como inmoral. Su formaci¨®n tiene la llave de la continuidad o no de la legislatura. No puede reclamar airadamente una comisi¨®n de investigaci¨®n y hasta la dimisi¨®n de la ministra de Defensa y al tiempo continuar en el Gabinete como si tal cosa en nombre de un airado progresismo. Para no hablar de la complicidad y hasta el liderazgo de la actual Generalitat catalana con esas actividades ilegales. Su presidente, hoy fugado de la justicia, pero entonces m¨¢ximo representante del Estado en su autonom¨ªa, recibi¨® a los enviados de las cloacas rusas y las de la burgues¨ªa local y el 3%, que llegaron con ofrendas de oro y mirra y promesas de una ¡°operaci¨®n especial¡± de tropas extranjeras para promover la independencia unilateral de Catalu?a. Para cloaca, esa en la que ellos han venido chapoteando y en la que volver¨¢n a ensuciarse si se les deja. La defensa de nuestro Estado de derecho exige que act¨²e la Fiscal¨ªa, que no todo sean filtraciones a la prensa amiga o enemiga y que el Gobierno y su presidente dejen de mentir o de callar cuando se les interroga.