La ley y el catal¨¢n

El decreto ley aprobado el lunes por la Generalitat sobre el uso de las lenguas en la escuela rechaza la aplicaci¨®n de ¡°par¨¢metros num¨¦ricos, proporciones o porcentajes¡±, que es precisamente lo que sentenci¨® el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a al prescribir el 25% de castellano en la escuela. El Govern ha comunicado al tribunal que esa nueva legislaci¨®n, aprobada el d¨ªa antes del vencimiento del plazo, imposibilita la aplicaci¨®n de la sentencia. El decreto ha ido acompa?ado de un documento de instrucciones dirigido a los 4.500 centros escolares interes¨¢ndose por su proyecto ling¨¹¨ªstico, junto a un elemental cuestionario. Es dif¨ªcil no ver detr¨¢s de algunos pasajes del decreto del Govern (y del cuestionario) una desafiante provocaci¨®n al tribunal antes que un instrumento para consolidar por fin las lenguas en la escuela.

Se acumulan las malas noticias en un asunto sensible en la sociedad catalana: en lugar de clarificar las cosas, las sucesivas acciones pol¨ªticas las enredan. La sentencia del TSJC llegaba tras la larga inacci¨®n de la Generalitat ante los requerimientos de la justicia desde el mes de diciembre de 2020 para incrementar el uso del castellano en el curr¨ªculo escolar. Solo despu¨¦s de la sentencia la Generalitat activ¨® a los partidos en busca de una soluci¨®n en forma de nueva ley de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica. Ese pacto in¨¦dito de ERC y Junts con socialistas y comunes ¡ªen torno al 80% de la c¨¢mara¡ª sigue siendo la mejor opci¨®n y permite acatar la intenci¨®n de la sentencia del 25%: mantiene al catal¨¢n como lengua ¡°vehicular¡± y preserva el uso ¡°curricular y educativo¡± del castellano en la escuela, m¨¢s all¨¢ de la asignatura de lengua. Con esa expl¨ªcita menci¨®n se pretende evitar la aplicaci¨®n de un porcentaje fijo, que es medida contraria a las recomendaciones de los profesionales y desatiende la diversidad socioling¨¹¨ªstica de la Catalu?a actual. El acuerdo de cuatro partidos qued¨® paralizado al haber interpuesto Vox y Ciudadanos una consulta al Consell de Garant¨ªas Estatutarias y oblig¨® al Govern a poner en marcha alguna v¨ªa alternativa para cumplir con el plazo del tribunal para la ejecuci¨®n de la sentencia que venc¨ªa este lunes pasado.

Y la soluci¨®n ha sido un decreto ley que pone el foco no en el contenido del pacto ling¨¹¨ªstico sino en rechazar la aplicaci¨®n del 25%. El acuerdo en torno a la ley se rompe en el apoyo al decreto reduccionista porque el PSC lo rechaza. El resultado es que hay una sentencia de un tribunal de justicia sin ejecutar en los t¨¦rminos decididos por los jueces, una vez cumplidos todos los plazos para ello. Y ahora estamos a la espera de que el TSJC estime si las medidas ling¨¹¨ªsticas de la Generalitat se ajustan o no a lo dictado en su sentencia. Mientras tanto, el efecto civil de estas maniobras vuelve a empantanar un problema artificial que sirve a la batalla pol¨ªtica pero no al buen funcionamiento de la escuela. El riesgo es que los ciudadanos acaben perdiendo la paciencia ante la irresponsabilidad de seguir jugando con las lenguas como armas de esgrima pol¨ªtica, sin demasiado respeto ni por las aulas ni por sus alumnos ni por las lenguas.