Europa obliga a Espa?a a restablecer la luz en la Ca?ada Real

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo espa?ol ratific¨® en refer¨¦ndum nuestra Constituci¨®n. Su n¨²cleo de justicia, recogido esencialmente en el art¨ªculo 10, se basa en el reconocimiento y protecci¨®n de los derechos humanos de todos, porque todos tenemos una igual dignidad intr¨ªnseca. Y, como los derechos evolucionan en su interpretaci¨®n, el mismo art¨ªculo prev¨¦ que la interpretaci¨®n de los derechos y libertades fundamentales se har¨¢ conforme a los tratados internacionales a los que voluntariamente aceptemos someternos. Este es el pacto social que nos hemos dado todos los espa?oles. Pacto social que ser¨¢ quebrado si el Estado espa?ol no garantiza el suministro el¨¦ctrico en la Ca?ada Real el pr¨®ximo d¨ªa 15.

A lo largo de estos 44 a?os de vigencia de la Constituci¨®n, en Espa?a se han producido muchas violaciones de derechos humanos, pero la violaci¨®n que se est¨¢ produciendo en la Ca?ada Real Galiana de Madrid desde el 2 de octubre de 2020, podemos calificarla como una de las m¨¢s graves.

Lo inaudito de esta situaci¨®n tiene diferentes causas, como son la identificaci¨®n clara del inicio de la misma (el corte de suministro el¨¦ctrico el 2 de octubre de 2020), su extensi¨®n (manteni¨¦ndose de forma ininterrumpida hasta hoy, m¨¢s de dos a?os y dos meses despu¨¦s) y la gravedad de sus consecuencias, tanto por el elevado n¨²mero de derechos humanos que se vulneran (como son los derechos a la salud, la educaci¨®n, la protecci¨®n social o a una vivienda adecuada) como por la afectaci¨®n a personas que viven en situaci¨®n de especial vulnerabilidad (como son los ni?os y ni?as, las personas con discapacidad, las personas con problemas de salud, las personas de origen extranjero, las personas mayores, las personas de etnia gitana y las personas en situaci¨®n de pobreza). En los sectores 5 y 6 de la Ca?ada Real viven sin luz el¨¦ctrica m¨¢s de 4.000 personas, de las que m¨¢s de 1.800 son ni?os y ni?as. La gravedad de su situaci¨®n fue reconocida incluso por el propio Gobierno en el pre¨¢mbulo del Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre: ¡°[¡­] La salud de ni?os y ni?as ya est¨¢ sufriendo las consecuencias de la falta de electricidad en sus casas, lo que, adem¨¢s de vulnerar el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, acarrea un impacto fuertemente negativo en sus derechos a la alimentaci¨®n, a la educaci¨®n y, en definitiva, al disfrute de una vida en condiciones de dignidad¡±.

La Ca?ada Real Galiana es un barrio con viviendas que se encuentran fuera de ordenaci¨®n urban¨ªstica, como ha se?alado el Defensor del Pueblo, por lo que, aunque tambi¨¦n hay problemas de infravivienda, no es un campamento transitorio ni chabolista. Y, en todo caso, esa situaci¨®n implica otros problemas y soluciones diferentes de los que ahora exigen una respuesta inmediata, que son debidos ¨²nica y exclusivamente a la privaci¨®n a la que est¨¢n sometidos de suministro el¨¦ctrico, y cuya soluci¨®n pasa, pues, por garantizar inmediatamente la luz, permitir que los vecinos y vecinas de la Ca?ada Real realicen contratos individuales de suministro el¨¦ctrico y se establezca una mesa de seguimiento en la que puedan participar los propios vecinos y vecinas.

La situaci¨®n es tan grave para los habitantes de los sectores 5 y 6 de la Ca?ada Real, que es dif¨ªcil encontrar tanta unanimidad por parte de los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos como la que se ha concitado en esta ocasi¨®n. Estos organismos no solo denuncian con dureza la situaci¨®n existente, sino que se?alan una soluci¨®n muy clara, que es restablecer de manera inmediata el suministro el¨¦ctrico.

Ya en diciembre de 2020, nueve relatores especiales de Naciones Unidas realizaron un escrito conjunto para denunciar ese corte de suministro el¨¦ctrico, se?alando que ¡°los cortes de electricidad ponen en peligro la vida de los ni?os y ni?as en la Ca?ada Real¡±; y en enero de 2021, en una entrevista que publicaba EL PA?S, Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, afirmaba que ¡°dejar a familias en esta terrible situaci¨®n es una violaci¨®n de convenios que Espa?a ha ratificado¡±. Desde entonces las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y la reclamaci¨®n del restablecimiento del suministro el¨¦ctrico son innumerables. Nuestro propio Defensor del Pueblo se ha pronunciado en este sentido hasta en tres ocasiones, y organizaciones como Amnist¨ªa Internacional y Save the Children han realizado sendas campa?as de recogidas de firmas. Esta ¨²ltima organizaci¨®n entreg¨® en septiembre m¨¢s de 47.000 firmas a la Delegaci¨®n del Gobierno de Madrid.

Las vecinas y los vecinos de la Ca?ada Real han liderado un movimiento social ejemplar de reivindicaci¨®n de sus derechos, que desde octubre de 2021 cuenta con el apoyo de la Plataforma C¨ªvica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Ca?ada Real Galiana, con una ¨²nica demanda: ¡°Luz ya, contratos para los vecinos y mesa de seguimiento¡±, que hicieron llegar el pasado 29 de noviembre al Parlamento Europeo, donde la propia presidenta de la Euroc¨¢mara, Roberta Metsola, mostr¨® un expl¨ªcito inter¨¦s. Las mujeres de la Ca?ada han estado siempre en primera l¨ªnea de la reivindicaci¨®n, siendo especialmente afectadas por las violaciones de los derechos y dejando su salud en el cuidado de las personas en situaci¨®n m¨¢s vulnerable.

La reivindicaci¨®n adquiri¨® una nueva dimensi¨®n cuando se present¨® ante el Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa una reclamaci¨®n colectiva por parte de cinco entidades internacionales legitimadas para ello. El Comit¨¦ se pronunci¨® el 19 de octubre pasado con una decisi¨®n hist¨®rica, en la que, por unanimidad, declara la admisibilidad de la reclamaci¨®n, determinando su tramitaci¨®n prioritaria, y exhorta a Espa?a a que, con el fin de evitar un da?o grave e irreparable a la vida y la integridad f¨ªsica y moral de las personas que viven en la Ca?ada Real, tome las medidas necesarias para garantizar el acceso inmediato a la electricidad y calefacci¨®n, antes del 15 de diciembre, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los grupos en situaciones de especial vulnerabilidad. El Comit¨¦ reclama que el Estado se asegure de que todas las autoridades p¨²blicas competentes tengan conocimiento de esta decisi¨®n y le informe de las medidas previstas para su aplicaci¨®n antes del 15 de diciembre.

La Carta Social Europea es un tratado internacional que forma parte de nuestro ordenamiento jur¨ªdico. Espa?a ha aceptado expl¨ªcitamente la competencia del Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales para recibir denuncias en caso de violaci¨®n y las decisiones del Comit¨¦, como ¨®rgano que supervisa su cumplimiento, son de obligado cumplimiento para todas las administraciones espa?olas. Pero, hasta ahora, ni la Comunidad de Madrid, ni los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, ni el propio Gobierno central, que son los que tienen las competencias administrativas sobre la Ca?ada Real, han cumplido con el n¨²cleo de justicia de nuestro pacto social que reconoce la Constituci¨®n. Si el Estado espa?ol, a trav¨¦s de todas las administraciones implicadas, no act¨²a antes del d¨ªa 15 para garantizar el suministro el¨¦ctrico, y con ello la luz y la calefacci¨®n a todos los habitantes de la Ca?ada Real, estar¨¢ incumpliendo de manera directa sus obligaciones jur¨ªdicas como miembro de la Carta Social Europea, adem¨¢s de condenar a m¨¢s de 4.000 personas, entre ellos m¨¢s de 1.800 ni?os y ni?as, a un nuevo invierno de indignidad, en el que estar¨¢n expuestos a da?os graves e irreparables en sus vidas e integridad.

Las autoridades est¨¢n advertidas, han recibido del Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales la decisi¨®n con la obligaci¨®n de adoptar medidas inmediatas. S¨®lo quedan seis d¨ªas para saber si est¨¢n dispuestas a respetar lo que se dice en el art¨ªculo primero de nuestra Constituci¨®n de que Espa?a es un Estado social y democr¨¢tico de derecho y proceder al restablecimiento inmediato del suministro el¨¦ctrico.