¡°Dejar a familias en esta terrible situaci¨®n es una violaci¨®n de convenios que Espa?a ha ratificado¡±
Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, critica la guerra pol¨ªtica que se vive en torno a la Ca?ada Real de Madrid tras tres meses sin luz
Olivier De Schutter es relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. De nacionalidad belga, 52 a?os, tiene su base en Bruselas y acepta responder por escrito a un cuestionario sobre la situaci¨®n que vive la Ca?ada Real Galiana, el mayor asentamiento irregular de Europa. M¨¢s de la mitad de sus 7.000 habitantes, entre ellos cerca de 2.000 menores, sufren la falta de electricidad en sus viviendas. En pleno temporal de fr¨ªo, el relator de la ONU critica no solo el abandono de la poblaci¨®n del asentamiento tras tres meses sin luz por parte de las administraciones, sino tambi¨¦n las soluciones de emergencia propuestas como albergarlos en una antigua f¨¢brica de muebles.
Pregunta. ?Qu¨¦ puede hacer un relator de la ONU ante una situaci¨®n como la que se vive en la Ca?ada Real?
Respuesta. Mi papel como relator especial es mediar entre la comunidad cient¨ªfica, la sociedad civil, las ONG y los Gobiernos. Los relatores especiales presentan a los Gobiernos una imagen de c¨®mo son sus pa¨ªses y para hacer visible el impacto de las decisiones que toman. Muchos problemas son m¨¢s f¨¢ciles de ignorar que de abordar. Mi funci¨®n es llamar la atenci¨®n de los Ejecutivos sobre las consecuencias de sus decisiones que tal vez prefieran ignorar. Una pol¨ªtica firme parte del reconocimiento de la verdad y de mirar a la cara a la realidad.
P. ?Y qu¨¦ acciones puede usted llevar a cabo?
R. Los relatores que dependemos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU podemos enviar comunicaciones a los Gobiernos. Las comunicaciones son cartas en las que, como expertos independientes, informamos sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos que hemos recibido. Esta es una herramienta oficial para denunciar las violaciones de derechos humanos en curso, o potenciales, que pueden ser objeto de un llamamiento urgente. Esto es en realidad lo que hicimos el pasado 16 de diciembre, con varios otros relatores especiales de la ONU (y que se anunci¨® el d¨ªa 22). Alertamos al Gobierno espa?ol sobre la situaci¨®n de los vecinos de la Ca?ada Real Galiana, en concreto de los 1.812 ni?os y miembros de la minor¨ªa gitana afectados por cortes de suministro el¨¦ctrico durante meses marcados por bajas temperaturas y dif¨ªciles condiciones de vida. Solicitamos al Gobierno que tome las medidas necesarias para restablecer de manera urgente el suministro el¨¦ctrico a las familias afectadas. Pero los relatores especiales no tenemos poder ni autoridad para hacer cumplir esas recomendaciones.
P. ?Han recibido ustedes alguna respuesta de las autoridades espa?olas?
R. De acuerdo con la informaci¨®n disponible, todav¨ªa no hemos recibido ninguna respuesta de las autoridades espa?olas despu¨¦s de que un grupo de relatores nos pusi¨¦ramos en contacto con ellas. Siguiendo los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, la comunicaci¨®n solo se har¨¢ p¨²blica el 16 de febrero de 2021.
P. Usted tambi¨¦n conoce el ¨¢mbito europeo ?Hay en la Uni¨®n Europea alg¨²n tipo de mecanismo que sirva para ayudar a resolver el problema? ?Hay algo que pueda hacerse a nivel ejecutivo y no solo como recomendaci¨®n?
R. La UE no ser¨ªa el ¨¢mbito adecuado para abordar la situaci¨®n en la Ca?ada Real. Sin embargo, Espa?a est¨¢ en proceso de ratificar el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de la Carta Social Europea del Consejo de Europa, algo que es una excelente noticia. En el futuro, esto permitir¨¢ a las ONG que trabajan con las comunidades de los sectores afectados de la Ca?ada Real utilizar esta nueva herramienta. Sin embargo, espero que la situaci¨®n se pueda resolver antes de tener que recurrir a este mecanismo.
¡°El mensaje discriminatorio de equiparar a todos los vecinos de La Ca?ada con los delincuentes, ya sea por parte de los medios de comunicaci¨®n o por parte de fuentes gubernamentales, debe terminar¡±.
P. La falta de soluciones a corto, medio y largo plazo genera una creciente desconfianza de los ciudadanos en las tres Administraciones (local, regional y estatal) con responsabilidades, pero de fondo tenemos que la Ca?ada sigue siendo un poblado con m¨¢s de 7.000 habitantes que viven en casas -infraviviendas o no- que carecen de permisos. ?C¨®mo dar con una soluci¨®n socialmente aceptable dentro de la ley?
R. Mi predecesor, Philip Alston, visit¨® la Ca?ada Real hace solo un a?o, en febrero de 2020, e inform¨® al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los niveles de pobreza, marginaci¨®n y segregaci¨®n de los que fue testigo. Muchos otros en Espa?a llevan tambi¨¦n mucho tiempo reclamando soluciones tangibles. Solo en diciembre pasado, el Defensor del Pueblo [Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n] solicit¨® la instalaci¨®n de generadores de electricidad en la zona, que las familias pudieran tener acceso a contratos legales y pagar sus facturas, algo que la sociedad civil y los habitantes tambi¨¦n han pedido desde hace mucho tiempo.
Sabemos que los sectores 5 y 6 de la Ca?ada Real no son necesariamente representativos de la realidad de todas las comunidades gitanas de Espa?a, pero la discriminaci¨®n que sufren los gitanos a diario es claramente inseparable de esta situaci¨®n. Desde este puesto hemos pedido que se desagreguen las estad¨ªsticas oficiales de los indicadores sociales y de empleo para que la discriminaci¨®n de los roman¨ªes pueda ser seguida y abordada adecuadamente. Pero el Gobierno afirm¨® que hacerlo contraviene las garant¨ªas constitucionales frente a la discriminaci¨®n. Esta es una interpretaci¨®n problem¨¢tica de la ley que conduce a la invisibilidad, el estigma y una mayor marginaci¨®n.
La continua representaci¨®n estereotipada de los residentes de la Ca?ada como delincuentes sigue un patr¨®n bien conocido en el viejo escenario de la discriminaci¨®n: vincular las acciones de unos pocos a todo un grupo para deslegitimar su existencia. El mensaje discriminatorio de equiparar a todos los vecinos de la Ca?ada con los delincuentes, ya sea por parte de los medios de comunicaci¨®n o por parte de fuentes gubernamentales, debe terminar.
P. La actual coyuntura hace que estemos hablando de la falta de suministro el¨¦ctrico de los ¨²ltimos tres meses y de las actuales bajas temperaturas de Madrid, pero ?c¨®mo habr¨ªa que abordar el problema?
R. Desde un punto de vista moral, dejar a miles de familias sin electricidad y en viviendas precarias durante d¨¦cadas es absolutamente inaceptable, especialmente en el coraz¨®n de la Uni¨®n Europea. Aparte de ser moralmente impactante, dejar a las familias en esta terrible situaci¨®n es adem¨¢s una violaci¨®n de varios convenios internacionales de la ONU que Espa?a ha ratificado. Los m¨¢s relevantes en este caso son los de la Convenci¨®n sobre los Derechos del Ni?o, la de las personas con discapacidad y la de discriminaci¨®n racial.
Impedir que las personas se protejan del fr¨ªo durante el invierno constituir¨ªa una violaci¨®n internacional de los derechos humanos en virtud de los Principios b¨¢sicos y Directrices de las Naciones Unidas sobre Desalojos y Desplazamientos Generados por el Desarrollo. La Convenci¨®n sobre los Derechos del Ni?o tambi¨¦n reconoce el derecho de todo ni?o a un nivel de vida adecuado para su desarrollo f¨ªsico, mental, espiritual, moral y social, y la responsabilidad del Estado al respecto.
¡°La guerra pol¨ªtica y la consiguiente falta de actuaci¨®n en este caso, que se ha hecho a¨²n m¨¢s visible a causa de la pandemia y este duro invierno para Espa?a, son por tanto inexplicables¡±.
P. ?Qu¨¦ es lo que m¨¢s le preocupa de cara a los pr¨®ximos a?os?
R. Los niveles de desigualdad y exclusi¨®n est¨¢n aumentando en las ciudades a nivel mundial. Existe una brecha cada vez mayor muy preocupante entre ricos y pobres en las zonas urbanas. Aproximadamente 2.900 millones de personas viven ahora en ciudades donde las desigualdades de ingresos son hoy en d¨ªa m¨¢s pronunciadas que hace una generaci¨®n. Con la pandemia de la covid-19, m¨¢s gente ha acabado en la calle tanto en Europa como en el resto del mundo. Tanto en Madrid como en el resto del mundo, es urgente evitar m¨¢s sufrimiento humano con las decisiones sobre derechos humanos que adoptamos sobre asuntos sociales y econ¨®micos.
P. El pasado mes de noviembre m¨¢s de medio centenar de ni?os de la Ca?ada escribieron a la ONU en Ginebra para denunciar su situaci¨®n. ?Ha habido alg¨²n tipo de respuesta?
R. En su momento tuve informaci¨®n de que esas cartas de centenares de ni?os de la Ca?ada Real hab¨ªan llegado a manos del Mecanismo de Denuncia del Comit¨¦ de los Derechos del Ni?o. Ese mecanismo tiene la facultad de poner en conocimiento del Estado en cuesti¨®n, de forma confidencial y a la mayor brevedad posible, toda comunicaci¨®n que se le presente y pedirle que otorgue por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare el problema y se indiquen las medidas correctivas que se hayan adoptado. Asimismo puede solicitar del Estado en cuesti¨®n que adopte las medidas provisionales que puedan ser necesarias en circunstancias excepcionales para evitar posibles da?os irreparables a la v¨ªctima o las v¨ªctimas de la presunta violaci¨®n.
¡°Reubicar en una f¨¢brica de muebles es irresponsable¡±
P. ?Conoce situaciones similares en pa¨ªses avanzados?
R. Muchos otros pa¨ªses desarrollados hacen la vista gorda ante la realidad de viviendas precarias concentradas en las grandes ciudades. No es exclusivo de Espa?a. Los relatores han informado de viviendas deficientes o superpobladas en ciudades que se consideran ricas como Los ?ngeles, Par¨ªs o Dub¨¢i. Lo que es ¨²nico en la Ca?ada Real es que uno pensar¨ªa que el hecho de que haya tantas Administraciones involucradas ser¨ªa bueno para los que viven all¨ª: m¨¢s participaci¨®n deber¨ªa significar m¨¢s acci¨®n, m¨¢s soluciones. La guerra pol¨ªtica y la consiguiente falta de actuaci¨®n en este caso, que se ha hecho a¨²n m¨¢s visible a causa de la pandemia y este duro invierno para Espa?a, son por tanto inexplicables. Tambi¨¦n encuentro altamente problem¨¢tica la propuesta reciente de reubicar a la poblaci¨®n en una f¨¢brica de muebles abandonada o en un polideportivo. Reubicar a familias con ni?os para que vivan en espacios comunes en medio de una tercera ola de covid-19 es, en el mejor de los casos, desconsiderado y, en el peor, irresponsable, independientemente de las pruebas de ant¨ªgeno que pudieran administrarse.
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