Ante los pisos tur¨ªsticos

Con la vuelta del turismo de masas ha regresado a las ciudades un problema nunca resuelto y aplazado durante la pandemia, el que genera el crecimiento sin control de los pisos de alquiler por d¨ªas. Este mercado explot¨® con la plataforma Airbnb y en apenas una d¨¦cada ya supone el 25% de la oferta de hospedaje en la UE y el 20% en Espa?a. En ese tiempo han fracasado los intentos dispersos de regularlo en el ¨¢mbito local. En Espa?a hay unas 306.000 viviendas tur¨ªsticas. Son datos de 2021 elaborados por el INE con una herramienta provisional, pues a¨²n ni siquiera hay un registro. Su regulaci¨®n est¨¢ en manos de ayuntamientos y comunidades, lo que permitir¨ªa adaptarse a las necesidades y problemas de cada lugar, pero genera confusi¨®n e inseguridad. Tiene sentido la demanda de un est¨¢ndar estatal que ha hecho al Gobierno la patronal tur¨ªstica Exceltur, en un sector que representa m¨¢s del 12% del PIB y un porcentaje similar del empleo. La ausencia de un marco general es un quebradero de cabeza para las administraciones locales y para los juzgados.

Ya no se puede alegar novedad y desconcierto. La esencia del problema es conocida. El alquiler vacacional ha abierto mercado en lugares con poca oferta, ha introducido competencia y permite a particulares participar del negocio. Pero en el lado perverso, convierte los rincones m¨¢s preciados de las ciudades en un traj¨ªn de maletas, supone una grave perturbaci¨®n para las comunidades de vecinos y resta viviendas al alquiler residencial, lo que contribuye a la expulsi¨®n acelerada de la clase media que garantiza la habitabilidad de los barrios. La regulaci¨®n de estos efectos perversos es urgente, las administraciones lo saben y la demora es injustificable. De lo que se trata es de frenar la voracidad del mercado y la desprotecci¨®n de gran parte de los vecinos.

En ese sentido, la Uni¨®n Europea hizo a principios de noviembre una propuesta que, de concretarse, se intuye como una herramienta poderosa. Se trata de asignar a cada propiedad un n¨²mero de registro o matr¨ªcula, que es obligatorio mostrar en el anuncio. Sin matr¨ªcula, la oferta ser¨¢ ilegal. Las plataformas deber¨¢n adem¨¢s comunicar de manera regular a las autoridades su oferta de camas, que ahora mismo es una estimaci¨®n, para poder identificar la actividad legal y hacer una base de datos fiable de la situaci¨®n. Algunas experiencias de grandes capitales europeas ya van en este sentido. En Berl¨ªn es obligatorio el n¨²mero de registro y las multas pueden llegar hasta los 500.000 euros. En Par¨ªs, un tribunal impuso una multa de ocho millones de euros a Airbnb. En los nuevos negocios digitales globales es importante que las multas sean disuasorias. El pasado julio, Barcelona descubri¨® 4.102 anuncios ilegales y amenaz¨® con una sanci¨®n de 60.000 euros a Airbnb, una empresa que gan¨® 34.000 millones de d¨®lares en 2021. A pesar de las dificultades y reveses judiciales, la en¨¦rgica ofensiva de ciudades como Barcelona, Valencia o Palma contra los excesos contrasta con la actitud de brazos ca¨ªdos del Ayuntamiento de Madrid, donde se calcula que hay casi 15.000 pisos tur¨ªsticos y una normativa de 2019 desactualizada.

Este no es el primer ¨¢mbito en el que la audacia de las empresas tecnol¨®gicas y la indolencia de las administraciones se combinan para dejar crecer sin control un ecosistema econ¨®mico que ahora, obviamente, se resiste a ser regulado. Las administraciones deben doblegar esa resistencia y encontrar un equilibrio aceptable por la mayor¨ªa y en defensa de lo colectivo. Las tensiones no desaparecer¨¢n, pero al menos las reglas, y las prioridades de cada Gobierno, estar¨¢n claras.