Vivir de alquiler en Espa?a: desquiciados por un techo

Durante meses, la cordura de Arnau pendi¨® de un hilo. D¨ªa tras d¨ªa deb¨ªa compartir s¨¢banas con el ex que le maltrataba. Mucho despu¨¦s de su ruptura, todav¨ªa no hab¨ªa encontrado a nadie dispuesto a alquilarle un piso en Barcelona. En las webs de b¨²squeda apenas hay migajas. Aun as¨ª, vuelan.

En la misma ciudad, Luciana paga unos demenciales 600 euros por una habitaci¨®n en un piso interior. Hacinada con otras ocho personas, vive sin contrato a merced de una casera d¨¦spota que echa a quien osa rechistar. Unas calles m¨¢s all¨¢, Alvie y su madre debaten un tema poco habitual: c¨®mo afrontar tu propio desahucio, en su caso previsto para el pr¨®ximo lunes.

A cientos de kil¨®metros, Olaya pasa 30 horas semanales en buses y vagones de metro y tren. Esta asturiana, que cursa un m¨¢ster en Madrid, a¨²n no ha conseguido habitaci¨®n en la capital tras casi dos meses. Reparte sus noches entre sof¨¢s de amigos, buses nocturnos y el hogar familiar, a m¨¢s de 400 kil¨®metros de su facultad. Visto lo visto, se dir¨ªa que los expulsados por la emergencia habitacional llegan casi a las costas cant¨¢bricas.

El pasado 10 de octubre, se celebr¨® el D¨ªa Mundial de la Salud Mental. Cabe preguntarse si entonces alguien m¨¢s all¨¢ del movimiento por la vivienda digna estar¨ªa pensando en los desquiciados Arnau, Luciana, Alvie y Olaya; todos ellos personas del entorno de este periodista ¡ªcuya salud mental tambi¨¦n ha quedado maltrecha tras la monta?a rusa de compartir techo con 29 personas y tres gatos en los ¨²ltimos nueve a?os¡ª.

Ciertamente, el bienestar ps¨ªquico de los inquilinos no era la prioridad de los diputados del PP que, all¨¢ por 2020, llevaron al Tribunal Constitucional la ley catalana que pon¨ªa tope a los precios de los alquileres (y que consigui¨® bajar su precio durante sus 18 meses de vigencia). Tampoco ayuda que, la semana pasada, el PSOE se aliara con el PP y rechazara siquiera debatir el paquete de enmiendas a los Presupuestos encaminado a limitar el precio de los alquileres en determinados casos.

Menos conocida ¡ªaunque no menos susceptible de empeorar la salud mental de los inquilinos¡ª es la nueva ley de start-ups, que previsiblemente entrar¨¢ en vigor el 1 de enero de 2023. Entre otras medidas, este texto prev¨¦ la creaci¨®n de un visado especial para atraer a los llamados n¨®madas digitales, semejante al recientemente aprobado en Portugal. Pero, qu¨¦ importa que la experiencia de nuestro compa?ero de pen¨ªnsula est¨¦ vaciando Lisboa de lisboetas.

A diferencia de Olaya ¡ªla estudiante asturiana nomadizada contra su voluntad¡ª, estos profesionales itinerantes no sudan tinta para encontrar un coqueto estudio en el que recalar con sus totebags llenas de sue?os e ilusiones: algunos pagan hasta seis mensualidades (a tocateja y por adelantado) en barrios como el Poblenou barcelon¨¦s. En comparaci¨®n con Nueva York o Londres, Barcelona les parece colorida, soleada y¡­ barata. Como en ¨¦poca de Manuel Fraga.

No digamos ya Canarias, avanzadilla del nomadismo digital y ¡ªno por casualidad¡ª de la pobreza en nuestro pa¨ªs. En un reciente spot, la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, presentaba el archipi¨¦lago como una pintoresca tierra resuelta a mejorar la salud mental de teutones y anglosajones sac¨¢ndolos de sus deprimentes rutinas. Mientras tanto, los canarios viven una distop¨ªa de alquileres prohibitivos cuyo origen, dig¨¢moslo, es pol¨ªtico.

La pregunta es: ?hay alguien dispuesto a preocuparse por la salud mental de los espa?oles no propietarios que sufrimos la creciente presi¨®n de los alquileres en las costas, islas y capitales de este pa¨ªs? La cuenta atr¨¢s para el pistoletazo electoral ha empezado, y los inquilinos se cuentan por millones. Yo no me olvidar¨¦ de Arnau, Luciana, Alvie y Olaya cuando rellene mi papeleta.