Los malversadores

No hace falta creer que este Gobierno aspira a destruir la democracia, o que su presidente lleva camino de convertirse en dictador, para sentir un inmediato rechazo hacia esta reforma del C¨®digo Penal que reduce el castigo del delito de malversaci¨®n casi a una cari?osa reprimenda. Las contorsiones de la prosa jur¨ªdica expresan al mismo tiempo confusi¨®n y descaro. Las palabras no sirven para explicar ni precisar, sino para encubrir, vanamente, lo que est¨¢ a la vista, no ya de esos iniciados que saben siempre descifrar lo que otros no vemos, sino a la de todo el mundo. La dama aleg¨®rica de la justicia se levanta la venda unos cent¨ªmetros para gui?ar el ojo a los interesados, pero lo hace con tan poca ma?a, o con tanta desverg¨¹enza, que no hay nadie tan torpe que no se entere de su maniobra. El legislador, para usar ese t¨¦rmino impersonal que gusta tanto a los juristas, urde su apa?o para favorecer a unos cuantos delincuentes con nombres y apellidos, pero ha de salvar la cara en lo posible con los habituales retorcimientos sint¨¢cticos de su oficio, y sobre todo ha de lograr el m¨¢s dif¨ªcil todav¨ªa de su equilibrismo: que esa indulgencia particular hacia unas determinadas corruptelas pol¨ªticas no se convierta en coladero general de todas las que se han cometido ya y las que se siguen cometiendo y se cometer¨¢n en el provenir.

Quiz¨¢s en el Gobierno pensaban que el asunto de la malversaci¨®n provocar¨ªa un rechazo tan localizado, y tan pasajero, como el de la sedici¨®n. Creo que muchas personas esc¨¦pticas y a la vez partidarias de la concordia podemos al menos conceder el beneficio de la duda a esas medidas apaciguadoras, y que el indulto a los secesionistas condenados fue un precedente alentador. Pero la malversaci¨®n concierne al uso del dinero p¨²blico, y eso provoca un rechazo muy hondo que va m¨¢s all¨¢ de las consideraciones y las preferencias pol¨ªticas. Cuando la vida es tan dif¨ªcil para casi todo el mundo, cuando hay tantas necesidades prioritarias que no se pueden atender, el espect¨¢culo de la malversaci¨®n es tan ofensivo como el del robo descarado, y no es menos grave el perjuicio del bien com¨²n. Es sin duda un delito muy serio destinar a una conspiraci¨®n secesionista fondos p¨²blicos que vienen de los impuestos de todos nosotros. Pero el delito cobra su dimensi¨®n completa cuando pensamos no ya en qu¨¦ se gast¨®, sino en qu¨¦ podr¨ªa haberse gastado: cu¨¢ntas camas de hospital, cu¨¢ntos puestos de atenci¨®n primaria, cu¨¢ntas plazas de profesores, cu¨¢ntos fondos destinados a la investigaci¨®n cient¨ªfica y no a la propaganda.

Hay una malversaci¨®n en el sentido estricto, que merece m¨¢s castigo y menos indulgencia, y hay otra m¨¢s general que quiz¨¢s no pueda calificarse de delito, pero que est¨¢ en la ra¨ªz de nuestra fragilidad institucional: la de esas instituciones o servicios p¨²blicos que sostienen la arquitectura de la democracia y la convivencia civil, y que al degradarse por falta de medios o de respeto colectivo o por exceso de interferencia pol¨ªtica partidista ya no son efectivas en el cumplimiento de los fines que les corresponden: la igualdad, la justicia, la mejora de la vida, la concordia, el imperio de la ley. El ambiente pol¨ªtico espa?ol es un despilfarro t¨®xico de palabrer¨ªa. El despilfarro de las palabras hace imposible un debate racional sobre los problemas reales que tenemos por delante, y a los que nos enfrentamos con un margen de maniobra muy limitado. El despilfarro de los recursos es una malversaci¨®n imperdonable porque debilita y hasta socava el funcionamiento mismo de la vida p¨²blica y de las energ¨ªas y las iniciativas particulares.

En cada ¨¢mbito de lo p¨²blico encuentra uno una atm¨®sfera parecida y el mismo tipo aproximado de persona: la atm¨®sfera es de insuficiencia, de penuria, de cosas deshilachadas y gastadas, de desbordamiento; la persona, el servidor p¨²blico, es competente y vocacional, y aunque es la vocaci¨®n lo que la sostiene contra viento y marea en su trabajo, cada vez le compensa menos por su esfuerzo, y no le alivia el desgaste. El servidor p¨²blico es un profesional casi siempre muy cualificado que recibe por norma un salario mediocre y no tiene muchas esperanzas de ascenso, y en muchos casos ni siquiera de estabilidad. Un indicio del deterioro de la Administraci¨®n en Espa?a es la multiplicaci¨®n de las interinidades encadenadas, los contratos precarios, de duraciones con frecuencia ¨ªnfimas, incluso para puestos de gran responsabilidad. La carrera de un investigador cient¨ªfico puede estar tan sujeta a la incertidumbre como la de un auxiliar administrativo o un trabajador de la limpieza. Con esos servidores p¨²blicos uno se encuentra en todas partes, en Espa?a y fuera de Espa?a, en concejal¨ªas de cultura y en sedes del Instituto Cervantes, en bibliotecas, en laboratorios, en dependencias de las instituciones europeas, en centros de salud, en institutos de periferias inmigrantes y obreras, en hospitales, en oficinas donde un trato amable alivia una espera y ayuda a resolver un contratiempo. A muchos de ellos les toca sobrellevar las quejas razonables, la insolencia o la impaciencia de los usuarios, y en ocasiones su abierta agresividad, la exasperaci¨®n de quien acuciado por la necesidad no logra ser atendido. En una Administraci¨®n ineficiente y mal dotada pueden no funcionar las garant¨ªas de la legalidad y al mismo tiempo proliferar las complicaciones superfluas de la burocracia.

Hablando con los servidores p¨²blicos se obtiene un diagn¨®stico sobrio y certero de la parcela concreta de realidad que le corresponde a cada uno, y que conocen mejor que nadie, aunque nadie con capacidad de decisi¨®n pol¨ªtica acceda a preguntarles nada, ni tampoco les presten mucha atenci¨®n en los medios. En muchos de ellos ¡ªo de ellas, deber¨ªa decir, porque en casi todas estas profesiones hay ya mayor¨ªa de mujeres¡ª se advierte cada vez m¨¢s un tono de urgencia, y de alarma, una conciencia angustiosa de que el deterioro pueda ser irreversible, de que el declive gradual se convierta en derrumbe. Un ciudadano llama a un tel¨¦fono de urgencias o de atenci¨®n al p¨²blico y solo escucha una y otra vez, durante horas o d¨ªas, el mismo mensaje grabado, o no consigue completar un tr¨¢mite imprescindible porque la ¨²nica manera de hacerlo es con una soltura digital de la que carece. Derechos cardinales como el de la educaci¨®n, la salud y la protecci¨®n de la ley quedan en suspenso cuando por imprevisi¨®n o mangoneo o frivolidad pol¨ªtica no se da prioridad absoluta al buen funcionamiento pr¨¢ctico de las instituciones que los hacen posibles, que incluye la suficiencia de medios materiales, la organizaci¨®n eficiente y austera y el respeto y el aliento hacia los profesionales que trabajan en ellas. La incuria antigua de unos y otros deja sin medios suficientes a la administraci¨®n de justicia, y el gamberrismo pol¨ªtico de la derecha espa?ola la socava m¨¢s todav¨ªa al bloquear ilegalmente el funcionamiento de sus ¨®rganos de gobierno. La mejor reforma educativa, dejando aparte declaraciones de principios y elucubraciones en jerga pedag¨®gicas, ser¨¢ la que garantice, gratuitamente, aulas luminosas con pocos alumnos bien cuidados y bien alimentados, con profesores vocacionales y adem¨¢s bien pagados, con buenas bibliotecas y zonas deportivas, con recursos suficientes para atender a emigrantes reci¨¦n llegados y ni?os con necesidades especiales. Las oleadas sucesivas de la campa?a de vacunaci¨®n contra la covid mostraron una vez m¨¢s hasta qu¨¦ punto formidable puede ser efectivo nuestro sistema de salud p¨²blica. Que ahora se encuentre al borde del colapso por falta de medios y de voluntad pol¨ªtica es quiz¨¢s el m¨¢s grave de todos nuestros delitos impunes de malversaci¨®n.