Todos a la c¨¢rcel
Las medidas de Pedro S¨¢nchez son chapuceras y se han aprobado por c¨¢lculo, pero nadie se pregunta cu¨¢les ser¨ªan las consecuencias de que cuarenta pol¨ªticos catalanes actualmente encausados vayan a prisi¨®n
?Cu¨¢les ser¨ªan las consecuencias del encarcelamiento de varias decenas de pol¨ªticos actualmente procesados por su participaci¨®n en el proc¨¦s y la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017? En el contexto de degradaci¨®n institucional de las ¨²ltimas semanas, cuando seg¨²n unos y otros han dado varios golpes de Estado los otros y los unos, esta pregunta no ha sido formulada.
Como mucho se ha hablado de si Oriol Junqueras dejar¨ªa de estar inhabilitado y podr¨ªa presentarse a unas elecciones auton¨®micas o sobre c¨®mo los vergonzosos atajos en el C¨®digo Penal podr¨ªan aclarar la laber¨ªntica situaci¨®n judicial del eurodiputado Carles Puigdemont. Pero m¨¢s all¨¢ de la situaci¨®n de los dos ¨²ltimos l¨ªderes del proc¨¦s, cuya rivalidad partidista radicaliz¨® su nefasto y est¨¦ril desenlace, hay una extensa lista de altos cargos de la Generalitat, de ahora y de entonces, que esperan sentencia. Y podr¨ªa llevarlos a la c¨¢rcel. No son uno ni dos. Podr¨ªan ser casi cuarenta. Cinco a?os despu¨¦s del estallido de una crisis larvada durante una d¨¦cada, y de la que no fue un actor menor un Tribunal Constitucional manipulado desde fuera, este escenario penal no debe descartarse a medio plazo y es ingenuo pensar que no tendr¨ªa consecuencias. Por supuesto electorales. Sobre todo pol¨ªticas. Tambi¨¦n sociales.
Si el Tribunal Supremo conden¨® por sedici¨®n a quienes impulsaron el refer¨¦ndum, en poco tiempo se juzgar¨¢ a quienes presuntamente lo hicieron posible desde distintas consejer¨ªas y distintos niveles de la administraci¨®n auton¨®mica. Los que podr¨ªan ser condenados a penas de c¨¢rcel son los acusados de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Hay de todo. Desde quien cre¨® las herramientas inform¨¢ticas para reclutar a voluntarios hasta quien impuls¨® viajes de observadores internacionales para legitimar el proceso electoral. Desde los responsables de los medios de comunicaci¨®n de la Generalitat, a los que se acusa por haber autorizado la difusi¨®n de campa?as para promover el refer¨¦ndum, hasta quien encarg¨® a empresas privadas el material para votar m¨¢s all¨¢ de las urnas. A esas causas se suman otras en las que, en algunos casos, est¨¢n implicadas las mismas personas. Por ejemplo, la que juzga la acci¨®n exterior desarrollada entre los a?os 2010 y 2017. Podr¨ªa afectar a algunos de los pol¨ªticos nacionalistas m¨¢s destacados de las dos primeras d¨¦cadas del siglo. No todos pueden ser condenados con penas de c¨¢rcel, pero la mayor¨ªa, en teor¨ªa, s¨ª deber¨¢ pagar considerables multas impuestas por el Tribunal de Cuentas para devolver el dinero malversado con el prop¨®sito de difundir por el mundo el argumentario del proc¨¦s en conferencias, cenas con periodistas, contratando lobistas...
Este nudo penal, con ramificaciones europeas, constituye el aut¨¦ntico conflicto en Catalu?a. No es el refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. No hay mayor¨ªas internas, no hay marco legal y tardar¨¢ mucho en haber confianza. Estamos donde estamos y se esperar¨ªa que Esquerra fuese leal a lo real. No es momento para volver a un proyecto derrotado e ilusorio, condicionado por los intereses de las elites independentistas, pero s¨ª es real otra expectativa latente desde la concesi¨®n de los indultos: la posibilidad de desmontar desde la pol¨ªtica la respuesta penal que se dio al proc¨¦s. Nadie a quien no ciegue el m¨¢s ofuscado partidismo defender¨¢ el car¨¢cter impoluto de las medidas aprobadas por la mayor¨ªa parlamentaria que sostiene a Pedro S¨¢nchez. S¨ª es s¨ª: son medidas chapuceras que podr¨ªan sacar de la c¨¢rcel a corruptos de tomo y lomo. Se han aprobado por c¨¢lculo, sin duda, pero tambi¨¦n pensando que las consecuencias podr¨ªan ser peores. Porque lo que se discute de fondo, adem¨¢s de los casos individuales, es la posibilidad de proseguir en la normalizaci¨®n institucional en Catalu?a despu¨¦s de su colapso. Y tambi¨¦n hay a quien le interesa que esto no suceda.
Si cuarenta pol¨ªticos van a la c¨¢rcel, las consecuencias pol¨ªticas y sociales m¨¢s plausibles podr¨ªan ser estas: instalarnos en la hist¨¦rica espiral de polarizaci¨®n en clave nacionalista, radicalizar a¨²n m¨¢s las posiciones en un a?o electoral que pinta cainita y regresar a la din¨¢mica de acci¨®n-reacci¨®n que es la condici¨®n necesaria para desestabilizar de nuevo al Estado.
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