Marat¨®n legislativo

El atronador ruido de la ¨²ltima semana a cuenta de la intromisi¨®n del Constitucional en la actividad legislativa de las Cortes contrasta de forma rotunda con la aprobaci¨®n de un compacto bloque legislativo que ratifica la solidez, hasta el momento, de los apoyos parlamentarios al Gobierno de coalici¨®n en su ¨²ltimo a?o de mandato. En total han sido 17 leyes, y 5 de las reformas fundamentales pasaron tambi¨¦n ayer el tr¨¢mite en el Senado. Entre ellas, la Ley de Presupuestos Generales, aprobada por tercer a?o consecutivo, la reforma del C¨®digo Penal que anula el delito de sedici¨®n y crea uno de des¨®rdenes p¨²blicos agravados, reduce las penas de la malversaci¨®n y tipifica un nuevo delito de enriquecimiento il¨ªcito de cargos p¨²blicos, y, por fin, la aprobaci¨®n del nuevo impuesto para grandes empresas y fortunas.

La cruz de esta marat¨®n legislativa es la atropellada tramitaci¨®n parlamentaria que han vivido algunas de estas propuestas. Ese plus de aceleraci¨®n hizo correr el riesgo de complicar peligrosamente leyes que requieren un debate p¨²blico que no propicia la hiperactividad parlamentaria. La reforma de la malversaci¨®n ha sido uno de los casos evidentes de precipitaci¨®n en un pa¨ªs que ha vivido etapas muy s¨®rdidas protagonizadas por graves casos de corrupci¨®n. Las disparidades de juicio entre los expertos son casi tan contradictorias como las lecturas que hacen PSOE y ERC de la enmienda pactada (los socialistas aseguran que no habr¨¢ impunidad para los encausados por el proc¨¦s mientras que ERC garantiza esa impunidad gracias a lo acordado). La raz¨®n pol¨ªtica de una enmienda tan delicada ¡ªevitar que cargos menores del proc¨¦s soporten mayor rigor penal que sus dirigentes indultados¡ª no ha sido explicada con claridad y las distintas interpretaciones parecen dejar abierta la puerta a una el¨¢stica interpretaci¨®n por parte de los jueces con el riesgo ¡ªcomo sucedi¨® con la ley del solo s¨ª es s¨ª¡ª de generar efectos indeseados. Varios socios han criticado el fondo ¡ªlas rebajas de penas¡ª y las formas ¡ªlas prisas¡ª. Y solo la cohesi¨®n que ha provocado entre la mayor¨ªa de la investidura la irrupci¨®n del Tribunal Constitucional en la autonom¨ªa parlamentaria explica que al final se hayan limado las diferencias hasta conseguir una mayor¨ªa suficiente.

El Congreso dio tambi¨¦n el visto bueno a la ley trans, aprobada con 188 votos y destinada a proteger y ampliar derechos a colectivos minoritarios e hist¨®ricamente maltratados. Por primera vez en Espa?a, se reconoce la autodeterminaci¨®n de g¨¦nero: ser¨¢ legal a partir de los 16 a?os, con consentimiento paterno entre 14 y 16 y con autorizaci¨®n judicial de 12 a 14. La ley ha dividido al feminismo, al Gobierno y al PSOE, como demuestra la abstenci¨®n de Carmen Calvo, exvicepresidenta y actual presidenta de la Comisi¨®n de Igualdad. Ese voto contra la disciplina de partido es el testimonio persistente de una diferencia de criterio que acab¨® siendo negociada por la coalici¨®n al renunciar el partido socialista a una enmienda que exig¨ªa autorizaci¨®n judicial para que los menores de entre 14 y 16 a?os puedan cambiar de sexo en el registro.

Es otra buena noticia que la transposici¨®n de una directiva europea para proteger las denuncias de corrupci¨®n en grandes empresas privadas y en las administraciones p¨²blicas escalase hasta los 200 votos favorables, mientras la ley de Universidades que desatasc¨® el ministro Joan Subirats en los ¨²ltimos meses sali¨® tambi¨¦n adelante con el objetivo, entre otros, de remediar la calamitosa situaci¨®n hist¨®rica de los profesores asociados y reforzar el control de calidad acad¨¦mica en el burbujeante mundo de las universidades privadas. La primera legislatura de un Gobierno de coalici¨®n en Espa?a deja en esta recta final varias evidencias: la inevitabilidad del pacto y la transacci¨®n y el error de abordar sin el imprescindible sosiego las reformas de calado que necesita el pa¨ªs.