El drama de la vivienda

Sin una intervenci¨®n decidida del Gobierno en el ¨¢mbito de la vivienda, el sentimiento de haber incumplido un potente compromiso legislativo ser¨¢ inevitable, ya muy cerca del final de la legislatura. A la ausencia de pol¨ªticas capaces de garantizar el acceso a una vivienda asequible se a?aden ahora din¨¢micas de mercado sobre las que es urgente intervenir porque son las responsables de la mayor p¨¦rdida de bienestar de las clases medias y trabajadoras. La inacci¨®n pol¨ªtica no solo ha impedido crear un parque p¨²blico de alquiler accesible, sino que ha dejado perder buena parte de las viviendas de protecci¨®n oficial construidas con ayudas p¨²blicas al permitir que, pasado un tiempo, los propietarios pudieran venderlas a precio de mercado. El resultado es que la vivienda social apenas representa en Espa?a el 2% del parque residencial, una cifra muy alejada de la media europea (10%) e irrisoria si se compara con la de pa¨ªses como Francia, Alemania, el Reino Unido o Austria.

Esta situaci¨®n deja al albur de los mercados a una parte muy importante de la poblaci¨®n en un momento en que la voracidad especulativa no deja de empujar los precios al alza. A la adversa situaci¨®n de partida se han a?adido en los ¨²ltimos a?os dos elementos que han agravado la situaci¨®n. Por un lado, el fuerte incremento del n¨²mero de visitantes ha desviado hacia usos tur¨ªsticos una parte considerable de la vivienda disponible, lo que ha aumentado el desequilibrio entre oferta y demanda. La elevaci¨®n de los precios ha provocado la expulsi¨®n de los residentes habituales de las zonas m¨¢s tensionadas. Por otro, la llegada masiva de fondos de inversi¨®n extranjeros en busca de una mayor rentabilidad ha propiciado un proceso acelerado de concentraci¨®n de la propiedad, de manera que ahora unos pocos tenedores poseen miles de viviendas y controlan una buena parte del mercado.

Esta din¨¢mica explica que en Baleares se requieran 16 a?os de un salario medio para poder comprar una vivienda, o que el alquiler medio haya alcanzado en Barcelona un precio r¨¦cord de 1.077 euros al mes. Conforme se disparan los precios de venta, cada vez hay m¨¢s familias abocadas a alquileres abusivos, hasta el punto de que los inquilinos espa?oles son de los m¨¢s penalizados de Europa, seg¨²n Eurostat: el 41% de los hogares dedica m¨¢s del 40% de sus ingresos netos al pago del alquiler. En 2022 todav¨ªa se produjeron en Espa?a m¨¢s de 38.000 desahucios, a raz¨®n de 105 al d¨ªa. Los m¨¢s damnificados son los j¨®venes, que no pueden emanciparse, y las familias con menos recursos, que acaban cayendo en la trampa de la pobreza: si no tienen ingresos suficientes o no consiguen un contrato por no tener una n¨®mina estable, acaban pagando en negro un precio desproporcionado por el subarriendo de una habitaci¨®n.

Hace m¨¢s de un a?o que el Gobierno envi¨® a las Cortes el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, la primera ley estatal del sector en democracia. Deb¨ªa tramitarse por la v¨ªa de urgencia, pero permanece encallada por discrepancias entre los partidos que conforman la mayor¨ªa de la investidura. El proyecto incluye medidas de choque importantes, como una reserva obligatoria del 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, una recarga del IBI de los pisos vac¨ªos y la posibilidad de limitar la subida de los alquileres en las zonas consideradas tensionadas. Ser¨ªa imperdonable que la negociaci¨®n fracasara o condujera a un compromiso sin ambici¨®n. No se puede demorar por m¨¢s tiempo un grave problema que lastra la econom¨ªa familiar, impide el ahorro y genera en buena medida una transferencia injusta de rentas de las capas medias y bajas hacia los grandes inversores.