La angustiosa cuenta atr¨¢s para lograr una vivienda social

Justo cuando empieza a despedirse, Elsa Riquelme tuerce el gesto: ¡°Cuando todas las cosas iban tan bien, el sue?o espa?ol se fue al garete¡±. Esta chilena de 54 a?os lleg¨® a Espa?a en 2000. Su entonces marido, del que ahora est¨¢ divorciada, hab¨ªa venido antes y decidieron que era buen momento para reunir a la familia. No se equivocaron, al poco pudieron comprar un piso donde vivir con sus tres hijos. ¡°Llevaba seis meses en Espa?a y consegu¨ª una hipoteca¡­ Encima yo le daba las gracias al banco¡±, recuerda Riquelme.

En los primeros a?os del siglo, la peque?a empresa de construcci¨®n de su exmarido les daba de sobra para el pr¨¦stamo y les dieron una segunda hipoteca para otro piso. No era para ellos, sino para el hermano de Riquelme, que se hab¨ªa venido tambi¨¦n de Chile a trabajar en el negocio familiar y les ir¨ªa devolviendo mes a mes las cuotas. Pero el estallido de la burbuja estruj¨® la econom¨ªa familiar. Cerr¨® la empresa, su hermano se volvi¨® a Chile y luego lo hizo su marido, con el que la situaci¨®n se hab¨ªa deteriorado y sobre el que actualmente pesa una orden de alejamiento por violencia de g¨¦nero. Riquelme se vio sola con tres hijos estudiantes, sin trabajo y con letras mensuales de 1.800 euros. Pese a alquilar uno de los dos pisos que ten¨ªa, ambos en un barrio humilde del sur de Madrid, las cuentas no daban.

El banco acreedor inici¨® un procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria en 2013 y dos a?os despu¨¦s su piso fue subastado. Pero lo que m¨¢s le duele a Riquelme de aquella ¨¦poca es que su hijo peque?o, que ahora tiene 22 a?os, enferm¨® gravemente. ¡°Me desentend¨ª de todo y me daba igual porque el diagn¨®stico era malo. Se torn¨® dependiente de m¨ª¡±, dice la chilena, que recibe una ayuda por dependencia de grado I (moderado) de 153 euros al mes. A ello se suman otros 430 euros que cobra del Estado como v¨ªctima de violencia de g¨¦nero en b¨²squeda activa de empleo.

Con semejantes ingresos, acceder a un alquiler convencional es imposible. En 2017, la empresa que hab¨ªa comprado su piso en subasta y el banco, al que segu¨ªa debiendo 100.000 euros, le ofrecieron una soluci¨®n. A cambio de entregar el segundo piso (el de su hermano) se quedar¨ªa sin deuda y podr¨ªa vivir en su casa como inquilina. Pero su alquiler bonificado, por el que paga 150 euros al mes, acaba el pr¨®ximo junio y la empresa propietaria del inmueble le ha avisado de su intenci¨®n de recuperarlo.

Alquileres bonificados

Para Riquelme ha empezado una delicada cuenta atr¨¢s. Anticipa, la gestora inmobiliaria del fondo Blackstone con la que firm¨® el contrato, le ha ofrecido entrar en un programa de inserci¨®n sociolaboral, cuenta la afectada, lo que no le garantiza poder quedarse en su piso m¨¢s all¨¢ de junio. Fuentes de Anticipa confirman que estos procedimientos son habituales y que las situaciones de vulnerabilidad se estudian caso por caso. Para ello, a?aden, se contacta con trabajadores sociales de la Administraci¨®n.

Aunque es imposible saber cu¨¢ntas personas se encuentran en posici¨®n similar a la de Riquelme, los alquileres bonificados se dieron con cierta frecuencia tras las compras masivas de ladrillo e hipotecas t¨®xicas por fondos y otros inversores. Pero fueron una soluci¨®n temporal a la espera de una mejora del mercado o de ordenar esas carteras para poder rentabilizarlas. Solo Anticipa, que dedica un 70% de las 15.000 viviendas que controla al alquiler, admite tener alrededor de 1.300 alquileres bonificados y, por la ¨¦poca en que se firmaron, 2020 va a ser el a?o en que venzan muchos de ellos.

¡°Lo que estamos proponiendo hace tiempo es que estos alquileres que terminan y que no tienen otra alternativa se renueven, pero buscando una colaboraci¨®n p¨²blica¡±, indican desde la compa?¨ªa sin hacer alusi¨®n espec¨ªfica al caso de Riquelme. Pero tambi¨¦n admiten que esa propuesta (que el inquilino siga pagando un alquiler social y el Ayuntamiento pague directamente otra parte) no ha cuajado todav¨ªa con ning¨²n municipio y exige buscar f¨®rmulas legales adecuadas.

La espera de soluciones por parte de la administraci¨®n es un quebradero de cabeza para las empresas propietarias de vivienda, pero especialmente para los inquilinos en situaci¨®n de vulnerabilidad. Riquelme, que forma parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha buscado ayuda en los servicios de vivienda del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. ¡°Me han hecho contarles mi caso y una trabajadora social me dijo que igual me encontraban una soluci¨®n de aqu¨ª a junio¡±, relata, ¡°pero me da miedo que llegue la fecha y no tengan un soluci¨®n¡±.

Pocas alternativas

Su temor, a juicio de Natalia Palomar, abogada de la asociaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro Provivienda, no es infundado. Pese a ser v¨ªctima de violencia de g¨¦nero y tener un hijo con dependencia, si Riquelme no puede acreditar que su situaci¨®n econ¨®mica ha empeorado en los ¨²ltimos tiempos, explica la experta, no puede formar parte de la categor¨ªa de demandantes con emergencia social ante la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. ¡°Entrar¨ªa en el cupo de especial necesidad, pero esa lista avanza muy poco¡±, describe la abogada. En cuanto a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ¡°uno de los grupos que contempla s¨ª es el de v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero, pero la convocatoria para asignar las plazas te tiene que cuadrar con el momento en que pierdes tu vivienda¡±.

El problema de base, concluyen la mayor¨ªa de quienes han estudiado la problem¨¢tica de la vivienda social en Espa?a, es el escaso parque que hay para hacer frente a estas situaciones. De 2016 a 2018, la EMVS realoj¨® a 57 familias desahuciadas frente a una lista de espera de casi 400, seg¨²n datos que El Mundo obtuvo el pasado agosto en virtud de la Ley de Transparencia. En un periodo que comprende tres meses m¨¢s, hasta marzo de este a?o, la AVS hizo lo mismo con 53 familias de toda la Comunidad de Madrid. Pero no es solo un problema de la capital y su regi¨®n. Espa?a tiene un parque de alquiler p¨²blico estimado en el 2% del total, uno de los m¨¢s bajos de Europa, y la construcci¨®n de esta tipolog¨ªa de vivienda apenas ha despegado tras hundirse con la crisis. Frente a las 68.587 viviendas protegidas construidas en Espa?a en 2008, el a?o pasado la cifra fue de 5.191. Solo 344 ten¨ªan como finalidad el arrendamiento, seg¨²n datos del Ministerio de Fomento.

¡°El hecho de haber promovido mucha vivienda protegida en venta ha hecho que esa vivienda se haya descalificado y se pueda vender en el mercado privado¡±, destaca Juan Francisco Fern¨¢ndez, investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y autor de un estudio comparado sobre vivienda social en Espa?a y los Pa¨ªses Bajos. ¡°Como el parque en Espa?a es tan ¨ªnfimo y por desgracia las situaciones de emergencia en los ¨²ltimos a?os han sido muchas, no da para satisfacer esas situaciones¡±, describe.

Pero el experto cree que mientras se construyen las viviendas necesarias, algo que lleva a?os, hay otras soluciones. ¡°Se puede reflotar promociones que no se han culminado o recuperar viviendas vac¨ªas; igual eso que no es vivienda social en s¨ª, se puede rescatar con ayudas p¨²blicas a cambio de gestionarlo un tiempo como vivienda social¡±, se?ala. En Provivienda apoyan f¨®rmulas similares, pero a?aden otras como la necesidad de aplicar un criterio de ¡°proporcionalidad¡± ante estas situaciones. ¡°No es lo mismo que una familia pueda verse en la calle que una empresa no pueda disponer de una vivienda¡±, explica Palomar. Para la abogada, la ra¨ªz del problema es mucho m¨¢s profunda: ¡°La vivienda en nuestra legislaci¨®n nunca se ha considerado un derecho humano¡±.