Nuestro sistema electoral es seguro y democr¨¢tico

Durante estos d¨ªas finales de campa?a electoral han surgido sospechas de compra de votos y supuesta manipulaci¨®n electoral en varios municipios, como la ciudad aut¨®noma de Melilla, Moj¨¢car, Bigastro, Moraleja de Sayago o Villalba del Alcor. Estos episodios, perfectamente identificados y que han sido r¨¢pidamente abordados administrativa, policial y judicialmente, han servido de excusa a partidos y a ciertos tertulianos para sembrar una sombra de duda sobre la seguridad y la transparencia de nuestro sistema electoral. Se intenta acusar a determinados partidos como autores de un fraude generalizado, se se?ala a los presuntos autores de las ilegalidades como si fuesen representantes de todo el espectro pol¨ªtico y, en suma, no se busca esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades sino, simplemente, enturbiar el proceso electoral. Se trata de la t¨ªpica t¨¦cnica de exagerar un caso puntual entre millares para proyectar dudas sobre el sistema electoral en su conjunto.

?Son los mecanismos electorales espa?oles seguros y garantizan a los ciudadanos la pureza de su sufragio y la integridad de las elecciones? Nuestra respuesta es categ¨®rica: s¨ª. La democracia en nuestro pa¨ªs no ha sido seriamente cuestionada en sus 46 a?os de existencia por denuncias cre¨ªbles de fraude, manipulaci¨®n de resultados electorales o falsificaci¨®n de estos. Siempre se ha reconocido por las diversas fuerzas contendientes el resultado obtenido. Desde 1977 hasta nuestros d¨ªas se han realizado 14 elecciones generales, 13 auton¨®micas, 10 municipales y 7 europeas. Multipliquemos estos datos por los miles de mesas electorales, por las personas que han participado, por las distintas candidaturas que han concurrido y seremos conscientes de la formidable movilizaci¨®n de la sociedad en torno al hecho electoral y, conviene subrayarlo, con un volumen de problemas realmente reducido. De ah¨ª lo improcedente de establecer generalizaciones malintencionadas o desconocedoras sobre la aut¨¦ntica realidad electoral espa?ola. Una realidad reconocida por algunos de los rankings que miden la calidad de las democracias en perspectiva comparada (Democracy Index de The Economist; Electoral Democracy Index de V-Dem; o Freedom in the World de Freedom House); una realidad contrastada emp¨ªricamente por iniciativas acad¨¦micas internacionales como el Electoral Integrity Project; una realidad que se desprende, en fin, de los distintos informes realizados sobre el caso espa?ol por misiones de observaci¨®n electoral de organismos internacionales como la OSCE.

El ordenamiento y los procedimientos electorales son plenamente garantistas y, adem¨¢s, contemplan una serie de sanciones y delitos electorales. Estos delitos est¨¢n se?alados en la Loreg (Ley Org¨¢nica 5/1985, de 19 de junio, del R¨¦gimen Electoral General), donde tambi¨¦n se detallan las penas que pueden imponerse a quienes incurran en alguna ilegalidad. Hay hasta 11 conductas castigadas como delito en la ley electoral (arts. 139 a 150 Loreg).

Por ejemplo, un tema de actualidad, porque alrededor de ¨¦l se ha generado controversia durante estos d¨ªas, es el voto por correo. Pues bien, el voto por correo tiene al menos dos momentos de autentificaci¨®n por parte del elector. Es decir, las posibilidades de suplantaci¨®n o manipulaci¨®n son reducidas, a no ser que se produzca el hecho delictivo de la compra de votos, con participaci¨®n de los propios electores concernidos, o de solicitudes manipuladas. Por tanto, no es el sistema de garant¨ªas el que est¨¢ en cuesti¨®n, sino la realizaci¨®n de conductas ilegales y delictivas, que deben atajarse, por parte de las fuerzas de orden p¨²blico y de la justicia, con las m¨¢ximas celeridad y contundencia, adem¨¢s de introducirse mejoras de forma inmediata en el mecanismo del voto por correo para minimizar las posibilidades de fraude.