Trump, como un mafioso

Las peripecias judiciales de Donald Trump por sus actividades ilegales como presidente de Estados Unidos no dejan de proporcionar sorpresas. En su cuarto proceso, esta vez a cargo del Estado de Georgia, un gran jurado lo considera sospechoso de encabezar una organizaci¨®n criminal para tergiversar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, junto a 18 personas m¨¢s, entre las que se incluyen altos funcionarios de la Casa Blanca, como su jefe de gabinete Mark Meadows, abogados como Rudy Giuliani y otros cargos republicanos de bajo nivel.

La gravedad de las imputaciones y del proceso penal abierto por la Fiscal¨ªa del condado de Fulton supera cualquiera de los otros procesos contra el expresidente, y especialmente los dos instados por el fiscal especial Jack Smith, nombrado por el departamento de Justicia. Smith quiso simplificar y dar celeridad al caso del asalto al Congreso, de forma que descart¨® a otros sospechosos, y evit¨® la complejidad de una acusaci¨®n por sedici¨®n e insurrecci¨®n, concentr¨¢ndose en la conspiraci¨®n para alterar el resultado de las elecciones y en la interferencia ilegal en la acci¨®n del Estado. La fiscal georgiana, Fani Willis, ha optado, en cambio, por acudir a la severa legislaci¨®n contra el crimen organizado, pensada precisamente para la mafia, para imputar a Trump y a los otros acusados de formar una ¡°asociaci¨®n delictiva¡± para falsificar el resultado de las urnas y anular la victoria de Joe Biden. Su acta de acusaci¨®n tiene un enorme potencial expansivo desfavorable para Trump, pues extiende los hechos delictivos a seis Estados e incluso a la certificaci¨®n electoral en el Congreso.

La fiscal quiere celebrar el juicio antes de seis meses y si lo consigue coincidir¨¢, como los otros tres casos, con la campa?a de las elecciones primarias republicanas. Aunque Trump utiliza cada nueva imputaci¨®n para recaudar fondos y alimentar la teor¨ªa de una conspiraci¨®n dem¨®crata para obstaculizar su regreso a la Casa Blanca, ser¨¢n notables sus dificultades para participar en los m¨ªtines y los debates, mientras tiene que comparecer ante cuatro jueces en Nueva York, Florida, Washington y Fulton. Cabe incluso que este ¨²ltimo procesamiento conduzca a la prisi¨®n cautelar a los acusados, con lo que el expresidente encontrar¨ªa un nuevo elemento de propaganda en su detenci¨®n. La retransmisi¨®n directa del juicio por televisi¨®n, obligatoria en Georgia, podr¨ªa incidir tambi¨¦n en la campa?a de las primarias.

Si Trump alcanza de nuevo la presidencia y es condenado en Georgia por alguno de los 13 cargos criminales que se le imputan, no le servir¨¢n los poderes presidenciales federales para autoindultarse o nombrar un fiscal af¨ªn dispuesto a tapar el caso, a diferencia de lo que puede suceder con los otros 78 cargos acumulados en los otros procesos. El gobernador de Georgia no tiene poderes para amnistiar a Trump si es declarado culpable, una decisi¨®n que solo puede tomar el Congreso del Estado una vez cumplidos cinco a?os de la condena. Y nada puede decidirse tampoco en Washington sobre la Fiscal¨ªa de Georgia.

Este proceso demuestra la vitalidad del sistema estadounidense, donde el centro federal no tiene competencia alguna sobre el funcionamiento de los poderes exclusivos de los Estados. Gracias a este sistema de distribuci¨®n del poder, este proceso contra Trump aporta mayores garant¨ªas de aplicaci¨®n de la ley, de transparencia y de rendimiento de cuentas por parte de un presidente que ha superado dos procesos de destituci¨®n parlamentaria, o impeachment, y tiene una especial facilidad para convertir sus procesos penales en plataformas de propaganda electoral.