Jaque a la imparcialidad judicial

La imparcialidad judicial, reconocida en el art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos y en el art. 10 de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos, constituye una garant¨ªa fundamental del Estado de derecho, que condiciona su propia existencia.

La imparcialidad, en su vertiente subjetiva, debe asegurar que la pretensi¨®n sea decidida, con sometimiento exclusivo al ordenamiento jur¨ªdico, por un tercero ajeno a las partes, as¨ª como a los intereses en litigio, de modo que la libertad de criterio, en la que se funda la independencia judicial, no est¨¦ orientada a priori por simpat¨ªas o antipat¨ªas personales o ideol¨®gicas, por convicciones e incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicaci¨®n del derecho (STC 60/2008 de 26 de mayo). La imparcialidad objetiva se proyecta sobre el objeto del proceso y asegura que el juez no haya tomado postura sobre ¨¦l, lo cual comporta que su acercamiento al litigio debe producirse sin prevenciones o prejuicios derivados de una relaci¨®n o contacto previos con su objeto (SSTC 26/2007 de 12 de febrero, fundamento jur¨ªdico 4; 36/2008 de 25 de febrero, fundamento jur¨ªdico 2; 47/2011 de 12 de abril, fundamento jur¨ªdico 9 y 60/2008 de 26 de mayo, fundamento jur¨ªdico 3).

El art. 395.1 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), para asegurar la imparcialidad pol¨ªtica, exigida por el art. 127.1 de la Constituci¨®n, proh¨ªbe a jueces y fiscales ¡°dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios p¨²blicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones p¨²blicos que no tengan car¨¢cter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial¡±.

El 13 de noviembre, horas antes del registro parlamentario de la proposici¨®n de ley org¨¢nica de amnist¨ªa, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo hizo p¨²blico un acuerdo en el cual se recuerda que nuestro Estado de derecho se basa en la divisi¨®n de poderes, se afirma que la funci¨®n jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constituci¨®n y a la salvaguarda de los derechos y libertades, especialmente al de la igualdad en la aplicaci¨®n de la ley, y se enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial, que considera incompatible con su fiscalizaci¨®n y supervisi¨®n por otros poderes del Estado.

Dicho pronunciamiento responde, sin citarlo, a la ambigua referencia, contenida en el acuerdo entre el PSOE y Junts, sobre las futuras conclusiones de unas comisiones de investigaci¨®n, no identificadas en el acuerdo, sobre un pretendido ¡°lawfare judicial¡±. Se manifiesta, por tanto, sobre un acuerdo pol¨ªtico suscrito por dos partidos pol¨ªticos, que carece, por s¨ª mismo, de cualquier eficacia jur¨ªdica. Es m¨¢s, al publicarse el acuerdo de la Sala, el PSOE ya hab¨ªa desmentido que se pretenda controlar las resoluciones judiciales desde otros poderes del Estado, lo que se confirm¨® el mismo d¨ªa, puesto que el texto de la proposici¨®n de ley org¨¢nica no contiene ninguna menci¨®n sobre comisiones de investigaci¨®n del ¡°lawfare judicial¡±.

Con mucha menos contenci¨®n y prudencia, el pasado d¨ªa 1, antes de publicarse el acuerdo pol¨ªtico sobre la amnist¨ªa, la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), que encuadra a la mayor¨ªa minoritaria de los jueces, hizo p¨²blico un comunicado en el cual entra directamente en el debate pol¨ªtico y reprocha la promoci¨®n de una iniciativa legislativa sobre la amnist¨ªa, desconocida en ese momento. Dicha denuncia comporta que los jueces afiliados a la APM, obligados a su aplicaci¨®n de ser aprobada por el poder legislativo, le niegan anticipadamente cualquier legitimidad, puesto que supone ¡°el principio del fin de nuestra democracia¡± y rompe ¡°las reglas de la Constituci¨®n¡± y vuela ¡°por los aires el Estado de derecho¡±. Consiguientemente, la APM rechaza firmemente una futura ley de amnist¨ªa, porque su objetivo es anular el poder judicial, que es ¡°el ¨²ltimo dique de contenci¨®n frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase pol¨ªtica¡±.

El d¨ªa 6, la mayor¨ªa conservadora del CGPJ, cuyo mandato caduc¨® hace cinco a?os, public¨® una declaraci¨®n institucional, no requerida legalmente, en la cual se afirma que, ¡°la aprobaci¨®n de una ley de amnist¨ªa, cualquiera que fuese su fundamentaci¨®n, y cualquiera que fuesen sus aspectos objetivos y subjetivos, entra en conflicto con principios constitucionales diversos¡±, que desarrolla a continuaci¨®n, como si fuera el Tribunal Constitucional. Niega radicalmente, por tanto, que el poder legislativo pueda legislar sobre la amnist¨ªa y denuncia unos supuestos il¨ªcitos contra la Constituci¨®n y contra el derecho europeo de una ley, cuyo texto desconoc¨ªa. Finalmente, denuncia que la promoci¨®n de esa ley confunde ¡°el ¡®inter¨¦s de Espa?a¡¯ con el inter¨¦s del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipot¨¦tica formaci¨®n de gobiernos de partidos de una ideolog¨ªa diferente¡±, lo que explica, sin necesidad de mayores razonamientos, la finalidad de la declaraci¨®n.

A continuaci¨®n, el d¨ªa 9, las asociaciones judiciales mayoritarias publican un comunicado en el cual denuncian la supuesta creaci¨®n de comisiones de investigaci¨®n sobre un pretendido ¡°lawfare judicial¡±, contenida en el acuerdo del PSOE y Junts, porque podr¨ªan vulnerar la independencia del poder judicial, as¨ª como la separaci¨®n de poderes. Subrayan despu¨¦s que el poder judicial ¡°es independiente, no act¨²a sometido a presiones pol¨ªticas y dispone de un sistema de garant¨ªas jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta¡±. Las asociaciones irrumpen de este modo en el debate pol¨ªtico y denuncian supuestas intenciones de un acuerdo pol¨ªtico suscrito por dos partidos pol¨ªticos, cuyo contenido, acertado o no, debe ser juzgado por los ciudadanos y no por los jueces representados por dichas asociaciones fuera de su actividad jurisdiccional. Por lo dem¨¢s, el texto de la proposici¨®n de ley org¨¢nica no contiene referencia alguna al ¡°lawfare judicial¡± ni tampoco a comisiones de investigaci¨®n, de manera que los supuestos riesgos derivados del acuerdo han quedado plenamente desactivados.

Finalmente, aunque la proposici¨®n de ley org¨¢nica no contiene ninguna menci¨®n a comisiones de investigaci¨®n sobre el ¡°lawfare judicial¡±, varios cargos judiciales convocaron sincronizadamente concentraciones en diversas sedes judiciales el d¨ªa 14, a las que acudieron jueces y fiscales con sus correspondientes togas. En las concentraciones apoyaron, junto a otros operadores jur¨ªdicos, las denuncias del comunicado de las asociaciones sobre el ¡°lawfare judicial¡±, sin tener en cuenta el contenido real de la proposici¨®n de ley org¨¢nica. Consiguientemente, una vez desactivados los prejuicios identificados en el comunicado asociativo por la propia proposici¨®n de ley org¨¢nica, es patente que dichas concentraciones, de las que se desmarc¨® Juezas y Jueces por la Democracia, ten¨ªan un contenido pol¨ªtico manifiesto, que no respet¨® las prohibiciones contenidas en el art. 395.1 de la LOPJ.

Las actuaciones descritas ponen en jaque la imparcialidad judicial, ya que acreditan por s¨ª mismas que una parte de los jueces, a quienes corresponder¨¢ aplicar la ley de amnist¨ªa (art. 9 de la proposici¨®n), han reprochado previamente su promoci¨®n, mediante intervenciones directas o indirectas en el debate pol¨ªtico, aunque dichos comportamientos est¨¢n prohibidos por el art. 395.1 de la LOPJ, sin que el Consejo General del Poder Judicial haya tomado medida alguna, lo cual comporta que su acercamiento jurisdiccional a dichos procesos estar¨¢ contaminado objetivamente. Esta conclusi¨®n es tan clara que un pol¨ªtico relevante, opuesto a la amnist¨ªa, ha reclamado expresamente a los jueces que han calificado el acuerdo como ¡°el principio del fin de la democracia¡±, la ¡°abolici¨®n del Estado de derecho¡± o el ¡°ataque a la divisi¨®n de poderes¡± que sean coherentes con dichos pronunciamientos y asuman su querella contra diversos responsables pol¨ªticos.

En definitiva, se ha puesto en juego la credibilidad del poder judicial en un momento clave para nuestra democracia, afectada por una grave polarizaci¨®n social y pol¨ªtica cuya superaci¨®n requiere necesariamente un poder judicial independiente y responsable, sometido ¨²nicamente al ordenamiento jur¨ªdico, cuyas resoluciones judiciales deben ser de una imparcialidad impecable e indiscutible para contribuir realmente a la pacificaci¨®n de los conflictos.